Aunque los socialistas renunciaron a presentar una enmienda de totalidad pidiendo la devolución del proyecto, como sí han hecho otros diez partidos de la oposición, la pasada semana ya avisó de que no se sumara al consenso si no se corrigen los aspectos relativos a la Agencia de Evaluación de la Transparencia y a las medidas de 'buen gobierno'.
Así, la socialista Meritxell Batet exigió reforzar la independencia de esa agencia de evaluación y garantizar que su responsable sea elegido por el Parlamento y no directamente por el Gobierno al que tiene que examinar. También criticó que el proyecto permita al Ministerio de Hacienda sancionar e incluso destituir a alcaldes y cargos municipales por mala gestión, pues el PSOE entiende que eso vulnera los principios constitucionales de autonomía local.
Este jueves, aprovechando el debate sobre la ejecución del presupuestos del Congreso de 2012, el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, ha hecho hincapié en otros aspectos del proyecto, como la exigencia de que la publicación de las cuentas se aplique a todas las instituciones que se financian con recursos públicos, y no sólo la Casa del Rey, los partidos y los agentes sociales (sindicatos y organizaciones empresariales), sino también a la Iglesia católica.
Además, el PSOE quiere que los miembros del Gobierno presenten declaraciones de bienes y de patrimonio al inicio y al final de la legislatura y que se publiquen las retribuciones íntegras de todos los cargos públicos.
“Queremos que en esa ley de transparencia haya avances sustanciales y valientes --ha remarcado--. Y si todos esos avances no están recogidos en la ley, el PSOE no estará en el pacto”.