La jueza que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha pospuesto la declaración del investigado que debía haber tenido lugar esta mañana después de que PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular, solicitaran el aplazamiento para que se practiquen más diligencias a la vista de los indicios de que el empresario podría haber cometido más delitos, aparte de los dos de fraude fiscal y uno de falsificación de documentos por los que figura en estos momentos como imputado.
La acusación popular considera que hay indicios de que se puede aplicar el tipo agravado de los delitos contra la Hacienda pública en el caso de González Amador por la existencia de una organización y la utilización de “toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas jurídicas o físicas interpuestas, algunas de ellas radicadas en el extranjero, para cometer los delitos”, han informado fuentes jurídicas a elDiario.es.
El escrito presentado por PSOE y Más Madrid señala también la posible existencia de otros cinco posibles delitos: dos de administración desleal, uno de falsedad contable, otro de corrupción en los negocios y otro delito contable. El citado escrito recoge que se pueden hallar en estos hechos “elementos que permiten indiciariamente sospechar que realmente los hechos, en relación al objeto de las falsedades documentales y la defraudación tributaria, afectan a más elementos contables que los señalados inicialmente, que afectarían a la cuantía defraudada y a los responsables de los hechos”.
González Amador estaba citado de nuevo este lunes ante el juzgado que lo investiga a las 10:00 horas por un fraude fiscal de más de 350.000 euros tras enriquecerse en la pandemia vendiendo mascarillas. El escrito del PSOE y Más Madrid ha sido registrado a las 9:00 horas. La declaración se pospuso de las 10 a las 12 y la jueza María Inmaculada Iglesias Sánchez ha adoptado la decisión a continuación.
Las mismas fuentes explican que no ha sido hasta el pasado 12 de junio que las acusaciones han podido acceder a la documentación obrante en la causa, y que recoge los supuestos nuevos indicios contra González Amador, en especial el informe de la Agencia Tributaria que derivó en la denuncia de la Fiscalía. Y que esto les ha impedido estudiar con detalle el caso, sostienen.
Ahora, lo previsto es que la magistrada dé un plazo a los investigados y el resto de partes para que puedan pronunciarse sobre si procede o no investigar los delitos que las acusaciones populares atribuyen al empresario. Después, la magistrada tomará una decisión al respecto. Todo apunta a que las nuevas citaciones de los investigados no se producirán hasta después de agosto, que es un mes inhábil para todas las actuaciones judiciales excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.
El abogado Ricardo Corzo, que representa a los tres andaluces —un panadero, un camarero y un pequeño empresario— que supuestamente ayudaron a González Amador a realizar el presunto fraude ya ha deslizado que se opondrá a la ampliación de la denuncia que proponen las acusaciones populares. En declaraciones a los medios desde la Plaza de Castilla de Madrid, Corzo ha dicho que sus clientes son “damnificados” por un escrito del que no conocen su contenido porque eso ha motivado la suspensión de la declaración después de realizar el viaje desde Sevilla.
Por su parte, el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca ha justificado que la “complejidad” del caso justifica el escrito presentado. “No damos por sentado nada, pero sí creemos que se debe seguir investigando. Tiene sentido que la declaración se aplacen para que las defensas puedan prepararse”, ha aseverado.
Segunda citación suspendida
La de este lunes era la segunda vez que el comisionista debía acudir a la sede judicial después de que la primera comparecencia, el pasado 20 de mayo, fuera suspendida después de que el empresario mantuviera ante la jueza que quería pactar una condena por fraude fiscal que le evitase la cárcel. Ese día permaneció tres horas escondido en las instalaciones y se puso una peluca para intentar despistar a los periodistas. Esta investigación discurre en paralelo a otra causa en la que se presenta como víctima de revelación de secretos por parte de la misma Fiscalía que le denunció.
Como desveló elDiario.es, la pareja de Isabel Díaz Ayuso ganó casi dos millones de euros en una intermediación en la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. Es una cantidad mucho más alta de lo que su empresa Maxwell Cremona había facturado desde su creación. Pero, según ha reconocido él mismo, González Amador puso en marcha un sistema para que su factura por el Impuesto de Sociedades no se multiplicara de forma proporcional utilizando, para ello, una trama de facturas falsas y empresas pantalla.
Lo hizo por varias vías. La mayor parte del fraude se perpetró a través de dos facturas que sumaban más de millón y medio entre las dos y que no se correspondían con trabajos reales, uno en México y otro en Costa de Marfil. El resto a través de facturas que llegaban desde un entramado de empresas sin trabajadores radicado en la localidad sevillana de Arahal. El resultado: en su declaración de 2020 pagó 155.000 euros de menos y en la de 2021 se ahorró otros 195.951 euros.
El caso llegó a manos de un juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid después de una investigación exhaustiva de la Agencia Tributaria, que derivó en una denuncia de la Fiscalía por dos delitos fiscales en concurso con otro más de falsedad documental. Ahora, la magistrada tendrá que decidir si el escrito presentado por el PSOE y Más Madrid tiene base suficiente como para ampliar la investigación sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En los últimos meses, este periódico también ha revelado que después de ese pelotazo, González Amador se compró el piso en el que vive con la presidenta y que los dos disfrutan además de una segunda vivienda situada justo encima de ese piso que es propiedad de unos empresarios vinculados al comisionista. El administrador de la sociedad que posee esta segunda residencia está relacionado con el presidente de Quirón Prevención, filial del principal adjudicatario de contratos de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria. Ambos inmuebles están valorados en 2,8 millones de euros a precio de mercado. En este tiempo, ni González Amador ni la presidenta han explicado a cambio de qué disfrutan de ese ático de lujo.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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