El PSOE plantea que el derecho a la muerte digna para personas con discapacidad grave crónica o enfermedades graves incurables (eutanasia) pase a formar parte de la cartera de servicios comunes que cubre el Sistema Nacional de Salud. Así lo recoge la proposición de ley que los socialistas han registrado este jueves en el Congreso, que plantea que esas personas tengan derecho a solicitar y recibir ayuda para morir anticipadamente.
La propuesta del PSOE recoge un cambio en el Código Penal para eliminar el carácter punible de la “conducta del médico o médica que con actos necesarios y directos causara o cooperare a la muerte de una persona, cuando esta sufra una enfermedad grave e incurable o discapacidad grave crónica”. “El derecho es a solicitar ayuda para acabar con el sufrimiento. Estamos ante diagnósticos que son incurables y en los que sabes que te espera un calvario”, explica la responsable de Sanidad del PSOE, Luisa Carcedo.
Los socialistas apuestan ahora por que “una persona con una enfermedad incurable que va a tener un sufrimiento insoportable tenga derecho a decidir” sobre su propia muerte. Ese fue el compromiso que Pedro Sánchez alcanzó con Alberto Garzón después de que los socialistas rechazaran en dos ocasiones la eutanasia planteada por el grupo confederal de Unidos Podemos. En una ocasión fue en una enmienda que presentaron a la ley de muerte digna de Ciudadanos y otra con su abstención en la ley para despenalizar la eutanasia que llevó al Congreso el grupo que lidera Pablo Iglesias y cuya admisión a trámite fue rechazada.
La dirección socialista argumenta que hay que “separar” la muerte digna (personas que están en sus últimos días de vida con “cuidados y buena praxis para que el médico tiene que paliar el sufrimiento”, según ha explicado la secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo) y la eutanasia (personas a las que se anticipa la muerte). La ley que el PSOE ha llevado al Congreso plantea los supuestos a regular para que se pueda solicitar ayudar para “morir anticipadamente” en casos de “enfermedad grave e incurable” o “discapacidad grave crónica”. Además, incluye la objeción de conciencia para los médicos.
“Se articula como una prestación incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, que se prestará por lo tanto en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, pero que, al contrario de lo que sucede con el tratamiento de la muerte digna, no se incluye en el código deontológico de las profesiones sanitarias y, en consecuencia, permite la objeción de conciencia”, explica la dirección socialista.
La propuesta del PSOE plantea que quienes soliciten la ayuda para morir deben ser mayores de edad y hacerlo de forma “autónoma, libre de presiones, suficientemente informada”. El proceso se prolonga durante 32 días, según ha señalado la secretaria de Sanidad, Luisa Carcedo, para que se efectúe con “todas las garantías”.
El proceso estará revisado –con carácter previo y posterior– por una Comisión de Evaluación y Control de cada comunidad autónoma, al que podrán recurrir también aquellas personas a las que se les deniegue el derecho.