El Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ en una votación que ha partido en dos al Gobierno de coalición. El PSOE ha conseguido sacar adelante su proposición para modificar parte del esqueleto penal de la ley con el apoyo parlamentario de las derechas y el voto en contra de Unidas Podemos. Además de los socialistas, han respaldado la reforma el Partido Popular, Ciudadanos, el PNV y el PDeCAT. Aliados tradicionales del Ejecutivo como ERC, EH Bildu, Más País, Compromís o el BNG han votado en contra. La extrema derecha de Vox se ha ausentando de la votación y Junts se ha abstenido. El texto ha contado con 233 votos a favor, 59 en contra y cuatro abstenciones y le falta ahora su paso por el Senado para su aprobación definitiva.
El debate que se ha desarrollado en el Congreso ha evidenciado la enorme brecha que la ley sobre los delitos sexuales ha abierto en el Gobierno de coalición, con los portavoces de los grupos parlamentarios que los sustentan cruzándose duros reproches. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha lamentado que no haya habido un “acuerdo unitario” en el seno del Ejecutivo, mientras la portavoz de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha acusado al PSOE de “entregar a los reaccionarios los derechos de las mujeres” por pactar el cambio legal con el partido de Alberto Núñez Feijóo. “No hay humillación en abordar la igualdad desde consensos amplios y sólidos”, ha respondido la diputada y portavoz de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.
La reforma llega tras varios meses de desgaste social y político por la acumulación de rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que han llevado a cabo jueces de todas las adscripciones desde su entrada en vigor, el pasado octubre. Al menos 978 condenas se han visto reducidas y 104 delincuentes han sido excarcelados, según los últimos datos del Poder Judicial. La nueva ley no acabará con el goteo de rebajas de penas y excarcelaciones, pues las revisiones no se pueden parar. La nueva norma no se podrá aplicar retroactivamente por no ser una ley penal más favorable. Pero la iniciativa sí se plantea como una solución para evitar a futuro que delincuentes sexuales tengan castigos menos severos de los que les habría correspondido con el anterior Código Penal.
El cambio legal que ha aprobado el Congreso recoge esencialmente la propuesta que registró el PSOE en febrero sin el acuerdo del Ministerio de Igualdad e incluye algunas modificaciones pactadas con el PP. En los últimos días, los socialistas han tratado de sacudirse la incomodidad de acordar esos cambios con las derechas. Han tratado de minimizar el pacto limitándose a “cuestiones técnicas” y modificaciones “semánticas y aclaratorias”, mientras los conservadores han reiterado que se trata de cambios “de mucha trascendencia”
Cruce de reproches en la coalición
Es el mensaje en el que ha insistido durante el debate la socialista Andrea Fernández, que ha reiterado que la reforma se limita a incluir un ajuste “técnico” en las horquillas de penas y “no modifica ni una coma de la definición del consentimiento”. Pero hacer ese cambio, ha afirmado, era una “obligación” ante “una buena ley” que “no ha funcionado adecuadamente” en su aspecto penal.
Fernández ha afeado a quienes han alentado el “apocalipsis” con este cambio legal hayan sido “incapaces de explicar con precisión qué hay tan malo” en la reforma, al tiempo que ha lamentado que no haya existido un debate “con más argumentos y menos ruido”. En contraposición, ha situado al PSOE como el único partido que “se ha sentado a negociar una propuesta viable” que diera solución al “problema” de las rebajas de penas y excarcelaciones a agresores sexuales. “No hay humillación en abordar la igualdad desde consensos amplios y sólidos”, ha aseverado en un claro mensaje a sus socios.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha salido a la tribuna para defender la ley del 'solo sí es sí' y la reforma que habían pactado con ERC y EH Bildu y que no ha salido adelante. Montero ha reprochado a su socio que no haya sido capaz de sentarse a negociar una propuesta unitaria en el seno de la coalición tras una ofensiva de la derecha no solo contra la ley sino contra el Ejecutivo y concretamente contra el presidente, Pedro Sánchez.
“La ofensiva contra la ley ha sido una ofensiva contra el Gobierno, también contra su presidente. Siempre fuimos conscientes de eso y eso nos llevó a trabajar en una respuesta unitaria como Gobierno (...), ceder por encima de nuestras posibilidades (..) para dar una respuesta unitaria desde el Gobierno y la mayoría feminista”, ha dicho Montero. La ministra ha criticado a su socio de Gobierno por apoyarse en la derecha para sacar una reforma que a su juicio retrocede en derechos feministas y precisamente con un partido que precisamente “ha votado en contra de todos los avances”.
El PP, por su parte, ha acusado a los socialistas de promover esta reforma movidos únicamente por la “sangría electoral” que ha supuesto la acumulación de rebajas de penas y excarcelaciones y afeado Sánchez su ausencia en el debate. “Nadie puede entender que hoy el gran ausente sea el máximo responsable de lo que está pasando: Pedro Sánchez, el culpable”, ha aseverado. El presidente del Gobierno, que tenía un viaje programado a Doñana, se ha ausentado tanto del debate como de la votación.
“Las víctimas han escuchado un falso perdón porque no estaba motivado por el arrepentimiento, sino por efecto electoral que esta sangría estaba experimentado”, ha dicho Gamarra, que acusado a los miembros del Gobierno de tomar una de las decisiones políticas “más graves crueles” que se pueden tomar desde el Ejecutivo “sin que nadie dimita ni asuma responsabilidades”.
Aplausos en la bancada del PP
Tras la votación, toda la bancada del PP se ha levantado a aplaudir la aprobación de una reforma para cuya aprobación sus votos han sido clave. Los diputados del Partido Socialista se han quedado sentados ante los gritos de celebración de la oposición. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha criticado la “escenografía teatralizada” de los diputados del partido de Alberto Núñez Feijóo y ha rechazado las críticas de su socio de Gobierno. “Nosotros lo que buscábamos era una mayoría con la que cambiar lo perjudicial de la ley y con el PP hemos pactado cuestiones técnicas. Cómo será que la propia exposición de motivos de sus enmiendas dice: cuestiones técnicas. Ha sido como corregir una fe de erratas”, ha dicho. “No se trata de estar cómodos o incómodos, se trata de corregir una ley”, ha añadido preguntado por cómo ha sentado entre los diputados socialistas el gesto del PP.
Mientras el PP aplaudía de pie, algunos diputados de Unidas Podemos y de ERC hacían gestos a los socialistas, señalándoles que deberían unirse a las celebraciones de la derecha. “El aplauso del retroceso. El silencio de la vergüenza. El PSOE y el Partido Popular pactan acabar con el consentimiento de las mujeres”, ha escrito después el perfil de Podemos en las redes sociales.
El resto de las miradas estaban puestas en el grupo parlamentario de Unidas Podemos. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que había solicitado el voto telemático porque en un principio calculaba no poder llegar a tiempo al debate del jueves, por la agenda de su viaje en Nueva York, donde el martes participó en la Asamblea de la ONU. Díaz ha podido llegar finalmente a la sesión, que ha seguido desde el inicio, y se ha levantado a aplaudir con el resto del grupo parlamentario a la ministra Montero al término de su intervención en la Cámara, aunque se ha marchado después y ni siquiera estaba presente durante la votación que se ha producido un par de horas después.
Los únicos ministros que han estado presentes este jueves en el hemiciclo durante el debate han sido, además de Montero y Díaz, la titular de Derechos Sociales, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la de Justicia, Pilar Llop. En la bancada del Gobierno no estaba el presidente del Gobierno, como le ha recordado la derecha, que no ha podido votar porque la opción telemática solo se puede pedir por determinadas causas, como baja paternal o viaje al extranjero, y con al menos tres días de antelación. El líder de la oposición le ha acusado de visitar Doñana este jueves para no votar la reforma de esta ley. “El señor Sánchez ha tenido que ausentarse del Congreso ante la vergüenza de ver roto su Gobierno”, ha dicho.
Las críticas de ERC y EH Bildu
La actuación de los socialistas también ha sido objeto de reproche de algunos de sus aliados tradicionales, como ERC y EH Bildu. La republicana Pilar Vallugera ha acusado al PSOE de “volver atrás” en el cambio de “paradigma” que planteó esta ley al centrar la discusión en la existencia de consentimiento y evitar que las víctimas tuvieran que demostrar una resistencia heroica para probar la violencia y que el delito se calificara como agresión. “No sé si han sido conscientes, pero lo serán. Esto ha sido un final a una historia que debía ser mucho más feliz”, ha dicho la diputada.
“Señorías del PSOE, hoy se han equivocado enormemente”, ha aseverado, por su parte, la portavoz de EH Bildu, Isabel Pozueta. La diputada ha defendido el papel de su formación como mediador entre las posiciones de los ministerios de Justicia e Igualdad “para proteger el consentimiento como eje central de la libertad sexual” y ha afeado al PSOE su “rotunda negativa” a llegar a cualquier acuerdo al tiempo que llegaba a un pacto con el PP, un partido que “no ha sido capaz de votar a favor de ninguna de las medidas sociales” aprobadas esta legislatura. “Les debería dar que pensar por qué ahora sí aprueba esta”, ha afirmado Pozueta. El diputado del BNG, Néstor Rego, también ha cuestionado al PSOE por ir “de la mano de la derecha ultra del PP” para consumar “una actuación que supone un gran retroceso en los derechos de las mujeres”.
A favor de la reforma se han posicionado otros grupos como el PNV, cuyo portavoz, Mikel Legarda, ha defendido que el nuevo esquema penal supone “la reparación a la sensación de impunidad y la conmoción y alarma social creada” por las rebajas de condenas y excarcelaciones de agresores sexuale. La norma también ha contado con el respaldo del PDeCAT. Su portavoz, Genís Boadellas, ha afirmado que el cambio legal “introduce una corrección técnica muy necesaria”. También Ciudadanos considera que la reforma “es el camino acertado”, en palabras de su portavoz, Sara Giménez.
Las claves de la reforma
La iniciativa aprobada no toca la definición del consentimiento y mantiene la unificación de los delitos de abuso y agresión, pero introduce de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo. Unidas Podemos presentó una propuesta alternativa que sitúa la violencia como una circunstancia agravante más (como la actuación en grupo o el parentesco). Sus dirigentes creen que situar esos elementos en el núcleo del delito supone de nuevo centrar la discusión en la existencia o no de violencia —y no en el consentimiento—. Y volver, en consecuencia, al “esquema judicial” que se pretendía superar con este cambio legal.
El centro de la discrepancia entre los socios de la coalición apenas ha variado desde que empezaron las negociaciones cuando el presidente dio la orden de buscar una salida pactada al “problema” de las rebajas de penas a delincuentes sexuales. Irene Montero, reticente en un primer momento a tocar su proyecto estrella, acabó accediendo a tocar la parte penal de la ley a pesar de que está convencida de que que el problema no está en la ley, sino en la aplicación “incorrecta” de “una minoría de jueces”.
Ambas partes asumieron que elevar las penas era la única vía para evitar condenas más bajas a futuro. Pero entonces emergió el principal escollo: cómo elevar las penas. Esto es, la fórmula técnica a utilizar. Tras analizar diferentes escenarios, Llop y sus asesoras llegaron a la conclusión de que la única opción posible para justificar una subida de las penas era introducir un subtipo para las agresiones con violencia, intimidación o sobre una víctima privada de sentido.
Es un planteamiento que rechaza Unidas Podemos. Los dirigentes del grupo confederal y del Ministerio de Igualdad consideran que ese cambio desvirtúa el espíritu de una norma que buscaba cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales porque hará pivotar los procedimientos sobre la existencia de esos elementos y no sobre el consentimiento.