PSOE y PP llegan lejos del acuerdo a la mediación europea para renovar el Poder Judicial tras un lustro de bloqueo

El desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial llega a Europa este miércoles, cinco años después de que la derecha abrazara la estrategia de impedir su renovación y evitar así perder su control. El PSOE y el PP se someterán a la mediación de la UE para buscar un acuerdo que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces, retomar los nombramientos y normalizar la situación. El problema es que las posiciones de ambos están muy alejadas y el tiempo es limitado porque el comisario Didier Reynders, árbitro de la contienda, abandonará su puesto en marzo.

Por eso el plazo máximo que ha dado Bruselas a esa inédita intermediación es de dos meses, que empezarán a correr este miércoles, cuando el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, se sienten con Reynders en un despacho del edificio Berlaymont. La apuesta de la Comisión Europea es arriesgada dado que ha visto ya en dos ocasiones que el acuerdo se rozaba con la punta de los dedos pero que saltaba por los aires. 

Por eso los esfuerzos de Reynders y los portavoces del ejecutivo comunitario se centran públicamente en recordar que se trata de un asunto interno y que corresponde “a los partidos españoles” lograr el entendimiento que permita renovar el CGPJ, cuyo bloqueo es la principal preocupación en los informes anuales que hace la Comisión Europea anualmente sobre la situación del Estado de derecho.

Los puntos de partida de uno y otro son bien conocidos desde hace años. El PP ha usado diferentes excusas para reventar las poquísimas opciones de acuerdo que se han puesto sobre la mesa desde 2018, primer intento real de acuerdo entre ambos partidos. Ni con Pablo Casado al frente, primero, ni después con Alberto Núñez Feijóo ha sido posible un entendimiento. La última vez que el pacto estuvo cerca fue en 2022, cuando el líder del PP sucumbió a la presión tras semanas de negociación. 

Pero más allá de los motivos esgrimidos para romper, la derecha tiene claro que su objetivo es cambiar el sistema de elección de los jueces. Hasta ahora los 20 vocales que integran el CGPJ son designados por los partidos a través del Congreso y del Senado. Eso hace que el órgano constitucional responda en su composición, más o menos, a la voluntad popular emanada de las urnas y representada en ambas cámaras legislativas.

La idea del PP es que los jueces elijan a 12 de los vocales, los que pertenecen a la carrera judicial, y dejar a las Cortes Generales la elección de los otros ocho, el cupo de juristas de reconocido prestigio. Así, la mayoría de miembros de este órgano constitucional quedaría en manos de los alrededor de 5.000 jueces que hay en España.

Los de Feijóo quieren aprovechar, además, para limitar el trasvase desde la política a la judicatura (y viceversa), y a otros órganos como la Fiscalía General o el Tribunal Constitucional. Algo que, según han relatado en múltiples ocasiones portavoces del PP, estaba ya prácticamente cerrado cuando en octubre de 2022 las negociaciones se fueron al traste por la negociación abierta entre el Gobierno y los independentistas para derogar la sedición.

En el PP creen que tienen de su lado a Reynders y sostienen que el comisario es partidario del modelo que defienden ellos. Fuentes de la dirección aseguran a elDiario.es que solo aceptarán el desbloqueo si existe un “compromiso parlamentario” de que se reformará la ley para modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo. Es decir, un texto registrado con el nuevo método. 

Los de Feijóo confían tanto en tener de su lado a Reynders que también asumen que si el comisario de Justicia les dice que renueven el Consejo, sin más, lo harán.

La Comisión Europea, salvo en un momento puntual a lo largo de todo el proceso, siempre ha sostenido que la urgencia y, por tanto, lo prioritario es renovar primero el actual CGPJ, que lleva cinco años en funciones e “inmediatamente después” iniciar los trámites para cambiar el sistema de elección para adecuarlo a los estándares europeos, dando un mayor protagonismo a los jueces en la designación de su órgano de gobierno. Eso ha dado aire durante todo este tiempo al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los socialistas, en el fondo, no quieren modificar un sistema que lleva décadas en vigor. Lo que sostienen es que la carrera judicial ya tiene un papel en el proceso de selección al proponer un listado de nombres de entre los que las Cortes eligen a la parte correspondiente a la magistratura (doce de los veinte vocales). Dar más peso a los jueces en la designación supone, de facto, ceder a la derecha, dado que la amplia mayoría de la carrera judicial es conservadora, según reconocen en el partido de Sánchez. 

En vísperas de que comenzara el enésimo intento de que la negociación fructifique, esta vez con su labor de facilitador del “diálogo estructurado”, Reynders envió un recado al asegurar que son necesarias las dos cosas: “Pedimos que se apliquen las normas europeas a la composición del Consejo General del Poder Judicial y, en España en particular, que el Consejo no sólo se renueve, sino que se reforme”.

Esas palabras dieron alas al PP y se produjeron después de que Bolaños no diera por seguro que se procedería a revisar el modelo. “Una vez que hayamos renovado el CGPJ, que es lo urgente y lo imprescindible para que la Justicia funcione, a partir de ahí, por supuesto que podemos hablar de otros asuntos”, expresó el ministro tras el anuncio de Reynders de iniciar la mediación.

La cita se producirá en plena ofensiva del PP en Europa contra la ley de amnistía, con la presencia de presidentes autonómicos en el Comité de las Regiones de la UE para criticar expresamente la norma que se debate en el Congreso. Además, Feijóo asistirá el jueves a una reunión del PP Europeo y se verá con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Layen, con quien mantiene tensiones por la buena relación de la alemana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Feijóo no ha querido apoyar expresamente a Von der Layen para un segundo mandato al frente del Ejecutivo comunitario.

Precisamente la amnistía provocó este martes una escalada en las declaraciones del PP contra el Gobierno. El portavoz parlamentario, Miguel Tellado, consideró “inhabilitado” para el cargo a Bolaños por no haber defendido a los jueces españoles de las acusaciones que tanto Junts como ERC profirieron desde la tribuna del Congreso antes de la fallida votación de la ley.

“La credibilidad del señor Bolaños como ministro ha caído por los suelos”, dijo. “A Reynders le sorprenderá que no haya defendido la honorabilidad de los jueces”, añadió. Preguntado expresamente si esa “inhabilitación” impedirá que el PP negocie o llegue a un acuerdo con él, Tellado optó por no responder.

Minutos después, Bolaños compareció ante los medios en el propio Congreso para defender a los jueces de esas acusaciones.

Tanto PP como Vox y Ciudadanos han criticado a la Comisión por su “escueta respuesta” a la ley de amnistía, pese a que esta no ha pasado siquiera el filtro del Congreso aún.

PSOE y PP llegan a la que parece ser una de las últimas oportunidades de pactar el reinicio del Poder Judicial. Si pese a la intermediación de la UE fracasan, no será muy fácil retomar unas negociaciones que son imprescindibles para desbloquear el CGPJ: o están los dos de acuerdo o no hay alternativa sin modificar las mayorías parlamentarias que exigen la ley, una opción que los socialistas, hasta el momento, no han querido valorar realmente.