No hubo cenas, pero sí llamadas e intercambio de pareceres sobre quién debía tomar las riendas del PSOE si Pedro Sánchez dimitía como presidente del Gobierno tras sus cinco días de reflexión en abril. Los socialistas se dividieron esos días entre quienes estaban en shock y quienes se apresuraron a anticipar o perpetrar posibles escenarios. Los movimientos de estos últimos fueron cortocircuitados en unos casos y desechados por estrambóticos en otros. Todo quedó en nada después de que el secretario general de los socialistas decidiera permanecer en el cargo y, acto seguido, para evitar especulaciones y conciliábulos, anunciase que se presentará a un nuevo mandato. Si nada cambia y la legislatura llega a término, hay Sánchez cuando menos hasta 2027. Lo que pase después respecto al liderazgo nacional, dependerá del resultado de las próximas generales y, sobre todo, de si el PSOE mantiene o no el gobierno. Y esta es una máxima aceptada de forma unánime entre los dirigentes y también entre las bases.
Todo lo contrario a lo que indica el bullir de cuadros y militantes en los distintos territorios, donde sí se esperan cambios en los liderazgos actuales. Seguro, en siete de las 17 Comunidades Autónomas, si bien en dos de ellas -Baleares y Canarias- dependerá de la voluntad de los actuales secretarios generales, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, respectivamente. No hay nada que haga pensar en posibles rivales si ambos quieren permanecer en el cargo. La primera, en cuya federación no hay contestación interna, es hoy presidente del Congreso de los Diputados y también partidaria de echarse a un lado en lo que tiene que ver con sus responsabilidades orgánicas para promover un relevo ordenado. El segundo, por su parte, aspira a repetir como candidato en Canarias después de su paso por el Gobierno de España. Al menos, ese es el propósito que ha transmitido a la dirección federal, como atestiguan fuentes de Ferraz.
La situación es muy diferente en Aragón, La Rioja, Andalucía, Castilla y León, Madrid y hasta en Asturias, donde la dirección federal detecta un mar de fondo que en algunos casos puede llegar a convertirse en un tsunami que, en el argot socialista y en términos orgánicos, suele ser sinónimo de lucha intestina de consecuencias impredecibles. Nada nuevo que no ocurra en los partidos cuando pierden el poder institucional o no lo han ostentado en décadas como es el caso del PSOE madrileño.
Y nunca antes como en las autonómicas de 2023, el PSOE había perdido tantos gobiernos en favor de las derechas en un solo día. El 28M de hace un años, los de Sánchez vieron reducido su poder territorial a la mínima expresión respecto a 2019, cuando tiñeron el mapa de rojo llegando a sumar hasta nueve gobiernos autonómicos. Cuatro años después, perdieron los de Valencia, Extremadura, Aragón, La Rioja, Baleares y Canarias y salieron de la coalición de gobierno en Cantabria, pero desde entonces sólo el extremeño Guillermo Fernández-Vara y el valenciano Ximo Puig abrieron el proceso orgánico para impulsar un relevo generacional en sus respectivas secretarías generales. Hoy, en ambos territorios, hay ya nuevos liderazgos. El de la ministra Diana Morant en Valencia, tras un acuerdo auspiciado por Ferraz que integró a otros dos aspirantes y el de Miguel Ángel Gallardo en Extremadura, que se impuso a Lara Garlito, con el 56,2% de los votos.
A diferencia de Vara y Puig, el aragonés Javier Lambán ha preferido mantenerse en la secretaría general hasta el próximo congreso regional ordinario, que llegará después del cónclave federal ordinario que en Ferraz prevén para la primavera de 2025. La decisión de uno de los barones más críticos con Pedro Sánchez ha provocado tensión entre las direcciones provinciales y ya se empieza a hablar de ruido de sables. En febrero, los socialistas oscenses exigieron un congreso extraordinario para relevar a Lambán del cargo mientras las direcciones del partido en Zaragoza y Teruel se alinearon con Lambán e hicieron un llamamiento para cerrar filas con el actual líder y no abrir una guerra interna. Batalla que en todo caso llegará en el momento en que se convoque el congreso, ya que nadie duda de que la más que segura candidatura de la ministra de Educación, Pilar Alegría, que contará con el beneplácito de Ferraz, “tendrá que enfrentarse a un aspirante que seguro impulsará el actual secretario general”, aseguran desde la dirección federal.
Malestar con Espadas en Andalucía y en Ferraz
Andalucía es otro de los territorios donde hay malestar con el actual secretario general, Juan Espadas, quien en 2021 fue bendecido desde Madrid para apartar a Susana Díaz del liderato y se impuso en unas primarias con un 55,05% de los apoyos de los socialistas andaluces frente al 38,7% que sumó la ex presidenta de la Junta. Hoy el descontento en la federación con su liderato es notable y también en la dirección federal, desde donde arguyen que “no ha sabido conformar equipos sólidos ni capaces de construir una alternativa” al popular Juanma Moreno. Andalucía es un territorio clave para el PSOE nacional y desde que en 2018 los socialistas salieron del gobierno regional no han hecho más que perder apoyos en las urnas. Pasó en las autonómicas de 2022, en las municipales de 2023 y en las generales de ese mismo año donde el PP se alzó con una victoria incontestable.
El liderazgo de Espadas está mucho más que entredicho porque en Madrid se le da por “finiquitado”. Tanto es así que desde el entorno del propio Espadas cada vez que hay un cambio de ministros en el gabinete de Sánchez alguien se encarga de situarlo en las quinielas de ministrables, una opción que en La Moncloa y en Ferraz tachan de “despropósito”. Sea cual sea el futuro de Espadas, lo cierto es que la federación más numerosa del PSOE hace tiempo que dejó de ser eso que llamaba la columna vertebral de la marca. Muchos miran a la vicepresidenta María Jesús Montero como posible solución para una federación que es sistémica para los socialistas, algo que ella prefiere no escuchar.
Lobato, el enésimo intento fallido
El problema de la federación madrileña es aún mayor, ya que no ha gobernado la Comunidad desde hace casi 30 años y ha encadenado varios liderazgos fallidos de cuya responsabilidad no se pueden abstraer las diferentes direcciones federales. En un territorio acostumbrado a la derrota y en el que siempre primó el equilibrio orgánico en la elaboración de las listas electorales, tanto Zapatero como Sánchez no se resignaron a meter cuchara y ambos fracasaron. El secretario general, Juan Lobato, en el cargo desde 2021, se impuso en primarias al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, con más del 61%. E ironías de la política hoy es el mismo Ayala uno de los nombres que pululan por el universo socialista para sacar de la inanición a una federación donde históricamente sus líderes tardan más en llegar que en ser relegados y en la que jamás nadie ha logrado una mínima estabilidad orgánica. De ahí, la sucesión de debacles.
A por la histórica bicefalia asturiana
Concha Andreu se ha apuntado a la fórmula Lambán de no facilitar el relevo después de perder el gobierno regional y tampoco convocar un congreso extraordinario, si bien a diferencia del aragonés ella sí tiene intención de seguir en la secretaría general, algo que en Ferraz no tienen muy claro “a tenor del descontento que se respira en la federación”. La dirección federal prevé aquí también primarias y una dura batalla orgánica, igual que en Castilla y León, donde creen que “12 años son suficientes para el mandato de Luis Tudanca” y que “hay movimientos internos” que avanzan marejada.
Mención aparte merece Asturias, uno de los pocos gobiernos que, aunque por la mínima, logró conservar el PSOE en 2023. Los socialistas asturianos lograron 19 escaños, que sumados a los tres de IU-Más País y al único representante de Podemos, alcanzaron la mayoría absoluta. Y no se puede decir que la federación se haya levantado en armas contra su secretario general, Adrián Barbón, sino más bien contra la que tras ser defenestrada como vicesecretaria general del PSOE, hoy ostenta el mismo cargo en la federación socialista asturiana. A ella se le le atribuyen, afirma un dirigente de la FSA, “movimientos soterrados en busca de apoyos por el territorio para hacerse con el liderato asturiano y otros tantos en el diseño del post sanchismo”, pero sobre todo “una influencia negativa sobre Barbón”, que ha provocado no pocas tensiones en el territorio. Tantas que hace una semana, se convocó una asamblea extraordinaria de la que Lastra salió, según varios de los presentes, “llorando después de forzar al presidente del Principado a que anunciara su disposición a presentarse a la reelección” para acallar los rumores de sus hipotéticas aspiraciones. El cónclave se desarrolló con “una sucesión de intervenciones de cargos institucionales a mayor gloria de Lastra que estaban previamente preparadas”, siempre según la versión de algunos de los asistentes.
La contestación interna a Lastra, continúan los mismos interlocutores, se ha hecho extensiva a Barbón “por la extraña comunión entre ambos” y nadie descarta que entorno a ella se impulse una alternativa al actual secretario general en el próximo congreso que, de prosperar, recuperaría la histórica bicefalia que mantuvo la FSA entre el liderazgo orgánico y el institucional que se rompió con el anterior presidente del Principado, Javier Fernández. Hasta Ferraz ha llegado el eco del bullir de la organización asturiana que se sigue con preocupación, aunque de momento sin voluntad alguna de intervenir. Pedro Sánchez está informado tanto de la evolución como de todos los detalles, si bien ha trasladado a su núcleo duro que “no es el momento” de abrir aún esa carpeta del socialismo.
En Galicia, Euskadi, Cantabria, Catalunya, Navarra, Castilla-La Mancha y Murcia ni hay mar de fondo ni se prevén alternativas a los actuales liderazgos. En el resto de federaciones -salvo en Extremadura y Valencia que han celebrado congresos extraordinarios en este 2024- todo puede pasar porque el PSOE tiene pendiente desde mayo de 2023 un relevo generacional que coincide con su mayor momento de debilidad territorial y con el que pretende lanzarse a la reconquista del poder institucional. Y esto pese a que siete de los 17 secretarios generales apenas llevan tres años en el cargo.