Otra semana sin fecha para la investidura de Pedro Sánchez. Y ya van tres. La ansiedad provocada por la falta de información sobre las negociaciones con los grupos parlamentarios para investir al líder socialista ha llegado a las filas del PSOE mientras la Moncloa trata de frenar la zozobra al tiempo que ultima los detalles con Sumar para anunciar esta misma semana –probablemente a principios de la misma– el acuerdo de coalición con la formación que lidera Yolanda Díaz, quien reclamará seguro una escenificación del pacto con el presidente en funciones.
“Lo primero es sacar el acuerdo. Nunca se dijo que fuera a ser ni fácil ni rápido”, explican. Lo cierto es que sencillo no parecía, pero que Sánchez buscaba un pacto temprano sí se trasladó en público y en privado entre los negociadores designados por el presidente en funciones. Primero, porque urgía que España tuviera un gobierno en plenas facultades. Y, después, porque había que poner en evidencia el dilatado tiempo que Feijóo dedicó durante todo septiembre a unas negociaciones que se sabían fallidas de antemano antes de su investidura 'fake'.
El caso es que a España le convenía, según palabras de distintos socialistas, que la investidura de Sánchez fuera antes del 31 de octubre tanto para la estabilidad del país como para no deslucir el solemne acto que el Congreso de los Diputados celebrará con motivo de la mayoría de edad y el juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias. Este último argumento sirve sin embargo ahora para justificar lo contrario. Y todo apunta que será en la segunda quincena de noviembre, a punto de expirar el plazo constitucional, cuando Sánchez se someta al plácet del Parlamento. “Si la investidura fuera antes del 31, media España y toda la prensa del país estarían pendientes de la formación de gobierno y la mayoría de edad de Leonor quedaría desdibujada en el marco institucional”, sostienen ahora los socialistas.
Entre el 31 de octubre y los primeros días de noviembre los partidos afrontarán diferentes consultas internas para que sus militancias avalen el acuerdo que resulte de las negociaciones que aún mantienen socialistas e independentistas y en las que el capítulo de la amnistía parece ya superado. Ambos tratan ahora de construir sus respectivos relatos para que el pacto sea digerible ante sus bases sociales y orgánicas, además de encontrar una fórmula con la que desbloquear la exigencia de Junts de designar un relator/verificador de los acuerdos que se alcancen. “Hay mucho trabajo detrás porque esto va de que quienes estaban fuera de la política y de los cauces constitucionales vuelvan a ella”, explican desde el PSOE.
Un documento político con todos los grupos
A la espera de este detalle no menor y después de haber descartado la redacción de un acuerdo político con todos los grupos que apoyarán la investidura de Sánchez “por la complejidad que entrañaba”, en el PSOE hay dirigentes territoriales que perciben “un ambiente de mayor preocupación” entre los cuadros “en la medida en que parece que no se avanza” y que la derecha de Feijóo “ha decretado un mitin permanente en base a un mismo argumentario”, que es el que desplegaron todos sus líderes territoriales el pasado jueves en el Senado en la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Con todo, los socialistas, más allá de las voces ya conocidas del viejo PSOE, no tienen duda de que la investidura saldrá adelante, a tenor de lo que les trasladan el presidente del Gobierno en funciones y sus negociadores, que es prácticamente nada en lo que respecta a los contenidos, pero sí todo en cuanto a la seguridad y el optimismo que aún respiran. Y a pesar de ello son muchos los que lamentan que, “a la espera de conocer los detalles, la infantería sólo podamos defendernos con los grandes principios de que cualquier acuerdo estará en el marco de la Constitución, pero también en consonancia con las políticas de reencuentro y convivencia con Catalunya desplegadas por el Gobierno en los últimos cinco años”.
Nadie piensa en una repetición electoral
Los bombardeos israelíes sobre Gaza después del brutal ataque de Hamás el pasado 7 de octubre han servido para que Sánchez se eleve estos días de nuevo al marco internacional y se dedique casi en exclusiva a la agenda de Oriente Medio de tal forma que las negociaciones con los independentistas pasaran a un segundo plano en esta semana que acaba. Pero nada hay que haga pensar que el Gobierno trabaja ya en la posibilidad de una repetición electoral, a pesar de informaciones que han apuntado lo contrario y de que nadie oculta que el diálogo con Puigdemont es un campo de minas que puede estallar en el momento más inesperado.
Aún así, en el ámbito del Gobierno interpretan que el debate impulsado por el PP esta semana en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado ha servido, además de para constatar “la instrumentalización política que la derecha hace de las instituciones, como acicate para el independentismo, que ha podido comprobar cuál sería la alternativa en España a un Gobierno de progreso y por la convivencia”.
Las intervenciones de los presidentes autonómicos del PP, que siguieron a pie juntillas el argumentario que les repartieron desde la sede de Génova unas horas antes de la sesión, fueron una demostración, asegura un dirigente socialista, “de hasta dónde está dispuesto a llegar Feijóo en su ofensiva, no ya contra Sánchez, sino en su afán por enfrentar a unos territorios con otros y en su frustración por no haber llegado a la Presidencia del Gobierno”.
En paralelo a la ofensiva del PP contra la amnistía, la crisis de Oriente Medio ha introducido un exceso de ruido entre los socios de la coalición de gobierno en funciones por la insistencia de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en desmarcarse de la templada posición oficial del Gobierno para no abrir una crisis diplomática con Israel, a pesar del flagrante incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario con sus bombardeos indiscriminados sobre la franja de Gaza.
En el PSOE entienden que los dirigentes de Podemos han encontrado en la agenda un asunto que “les permite enhebrar un discurso propio al margen de Sumar y recuperar el protagonismo perdido en los últimos tiempos”, pero que nada hará descarrilar las negociaciones por reeditar la coalición. Es más, fuentes conocedoras de la negociación aseguran que a lo largo del fin de semana se tratarán de ultimar los detalles con la formación de Yolanda Díaz para hacer público el acuerdo a principios de esta misma semana.
Al menos esa es la intención de los socialistas, que buscan una posición compartida a la propuesta de la izquierda alternativa de la reducción de la jornada laboral en una hora al día, que ya funciona en algunos ámbitos de la administración pública y se pretende extender a todos los trabajadores de la empresa privada.
Reducción de jornada laboral vs. competitividad
El objetivo inicial del equipo negociador de la vicepresidenta segunda era promover por ley una jornada laboral máxima de 37,5 horas en 2024, con el objetivo de bajar hasta las 32 horas semanales a lo largo de la legislatura, aunque ahora descartan dar cifras hasta que no esté cerrada una negociación que en Sumar aseguraron estos días que estaba “encallada”. En el entorno de Díaz trasladan que las conversaciones están avanzadas en una serie de puntos, pero consideran prioritario este asunto para poder poner su firma sobre el acuerdo final. El viernes por la noche ambas partes se cruzaron documentos mutuos y el PSOE seguía defendiendo que la reducción del horario laboral debería ir ligada a la productividad. “No se trata de bajar miles de horas de trabajo en un año, sino de que el sector empresarial no pierda competitividad”, arguyen desde la parte negociadora del socialismo.
Más complicado será acercar posiciones a la exigencia de los de Díaz de convertir en indefinido el impuesto temporal sobre la banca que el Gobierno de Sánchez aprobó para los ejercicios 2022 y 2023 con el propósito de recaudar 15.000 millones de euros de un sector al que los ciudadanos rescataron con 60.000 millones de sus impuestos durante la crisis económica de la primera década del siglo. El dilema del PSOE no es tanto convertir en indefinido el gravamen a la banca, sino justificar por qué un impuesto a los desorbitados beneficios del sector y no a los de la energéticas o las tecnológicas.
Sumar también reclama que se incluya en el acuerdo una subida del salario mínimo hasta el 60% del salario medio real, actualizado en función de la inflación, así como una reforma del Estatuto de los Trabajadores que haga por ejemplo más difícil el despido en sectores en colectivos con dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. Sobre la mesa de negociación ha estado la posibilidad de crear un SMI territorializado ante la hipótesis de que una subida global pueda afectar al empleo en comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía, donde podría dispararse la economía sumergida. La fórmula no obstante ha sido descartada porque tampoco es del agrado de los sindicatos.
Lo que es un hecho es que Yolanda Díaz pretende seguir izando la bandera de las políticas sociales y de redistribución fiscal durante los próximos cuatro años y, en el PSOE, donde entienden que “es fácil hacer demagogia con estos asuntos”, están por la labor de que ocupe mejor ese espacio antes de que interfiera en otros asuntos de Estado, donde la competencia seguirá siendo en exclusiva de la parte socialista del gobierno.
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