No habrá castigo cruzado. PSOE y Unidas Podemos sumarán fuerzas para tratar de evitar las reprobaciones presentadas por la oposición contra los ministros de Interior e Igualdad, Fernando Grande-Marlaska e Irene Montero. Ambas alas de la coalición se conjuran para frenar la embestida de las derechas en el Congreso. Ese es el bien mayor que proteger. Y por eso Unidas Podemos saldrá al rescate de uno de los ministros más discutidos por el grupo confederal. En la formación morada implica un trance sobre todo por el motivo: la controvertida gestión de Interior en la tragedia de Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes y está por determinar la actuación de la gendarmería marroquí y de algunos de sus agentes en suelo español.
“Unidas Podemos no reprueba ministros”, zanjan en el grupo confederal a la misma pregunta sobre el castigo al titular de Interior. Y todo, pese a que el socio minoritario de la coalición lleva reclamando, junto al resto de aliados parlamentarios, una investigación parlamentaria sobre lo ocurrido en esa masacre en la que murieron decenas de personas. Pero el PSOE tumbó la creación de una comisión con el apoyo de PP y Vox. Lo que no pudo evitar es que Marlaska tuviera que dar explicaciones –primero a puerta cerrada y después ante el Pleno del Congreso–, además de que la Comisión de Interior se desplazara a Melilla para inspeccionar lo sucedido y que los diputados visionaran las grabaciones que Interior ha tratado de sepultar en la opacidad.
Tras la comparecencia de Marlaska, y ante su nueva negativa de las evidencias que prueban que hubo al menos un muerto en suelo español, los aliados de la coalición siguen presionando para que se constituya una comisión de investigación en el Congreso. El grupo confederal ya fue muy crítico con las devoluciones en caliente que se realizaron meses atrás en Ceuta y por la que ha sido imputada la ex delegada del Gobierno en la ciudad autónoma. Unidas Podemos –incluidas la vicepresidenta Yolanda Díaz, las ministras Ione Belarra e Irene Montero y los portavoces parlamentarios– sostiene que “hay que investigar a fondo lo que pasó y que hay que tomar medidas para que nunca jamás vuelva a pasar” algo similar en la frontera. El PNV, que siempre ha sido el socio preferente de los socialistas, ha apuntado que es necesario crear esa comisión de investigación “sí o sí”. En una entrevista en Euskadi Irratia, el portavoz, Aitor Esteban, aseguró que el ministro está “tambaleándose”.
EH Bildu aún no tiene una posición fijada respecto a la reprobación, que no se votará hasta al menos dentro de dos semanas, pero sostiene que la “prioridad” es que se investigue y que “una vez extraídas las conclusiones se deriven, en su caso, las responsabilidades oportunas y se tomen las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir”, señala la coalición que acoge a la izquierda abertzale.
No obstante, el PP ha dejado claro que no apoyará esa petición. Y por eso algunos grupos señalan a los conservadores por pretender desgastar al Gobierno con este asunto reprobando al ministro, pero no querer esclarecer lo ocurrido con en la masacre.
Mientras Montero tiene todas las papeletas para librarse de la reprobación por la defensa que han hecho de ella otros grupos, como ERC, Marlaska está en la cuerda floja en función de lo que hagan otros grupos y, en todo caso, la previsión es que se salvara por la mínima. A los votos del PP y de Vox se sumarán los 13 diputados republicanos catalanes, según fuentes del grupo que pilota Gabriel Rufián. EH Bildu y PNV aún no han mostrado sus cartas, pero son muy críticos con el ministro.
Marlaska es uno de los ministros a los que algunas voces dan por amortizado y que ya tuvo todas las papeletas para salir del Gobierno en la última remodelación que hizo Sánchez, pero finalmente permaneció. No obstante, el presidente le ha brindado todo su apoyo a raíz de la masacre en Melilla, aunque Moncloa le dejó solo durante la comparecencia de este miércoles en el Congreso en la que se llevó la reprimenda unánime de todos los grupos. “Está todo el grupo apoyando al ministro Marlaska y con el grupo, todo el Consejo de Ministros”, dijo el portavoz socialista, Patxi López.
En Moncloa esperan a la investigación de la Fiscalía, que está ultimando sus diligencias sin ningún acusado, y aprovechan para reiterar el llamamiento a la UE para que de una vez por todas se sustancie un “gran pacto de asilo” que permita actuar en los países de origen y tránsito de los movimientos migratorios.
Defensa crítica de Irene Montero
Los socialistas, a su vez, saldrán al rescate de Irene Montero, otra de las piezas que la derecha quiere cobrarse en el Congreso. “Es una ministra del Gobierno de España, que sustentan el PSOE y Unidas Podemos, del que ella forma parte. Eso no tendría sentido por mucho que se haya pasado de frenada”, expresan en la cúpula socialista sobre la posibilidad de censurar la actuación de Montero en una votación parlamentaria.
Los socialistas no ocultan su malestar con la titular de Igualdad cuando acusó en el Congreso al PP de fomentar “la cultura de la violación”. La afirmación que se pronunció contra todo el partido y se basaba en dos campañas impulsadas por Gobiernos populares en Madrid y Galicia provocó una sonora protesta de la bancada conservadora, dejó perpleja a la socialista y motivó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, apercibiera por primera vez a un miembro del Gobierno. “No fomenta ningún tipo de cultura contra las mujeres”, respondió inmediatamente la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien recordó que el PP forma parte del Pacto contra la Violencia de Género. “Precisamente ella que ha sufrido esa agresividad verbal no debería jugar con esto”, expresó el portavoz, Patxi López.
Tampoco encontró en esta ocasión Irene Montero el respaldo unánime a sus palabras por parte de algunos sectores de su propio grupo parlamentario ni del espacio político de Unidas Podemos, donde hay quien cree que la estrategia del partido de Ione Belarra pasa ahora por fortalecer el perfil político de la ministra de Igualdad gracias a sus enfrentamientos con la derecha de cara a la batalla política que se está librando con Yolanda Díaz. En el entorno de la vicepresidenta se limitaron a condenar la actitud de la derecha y la ultraderecha en el Congreso recordando, eso sí, que Díaz también fue insultada en varias sesiones de control y que ella nunca “entró en provocaciones”.
Las fuerzas progresistas sí respaldaron sin fisuras a Montero cuando, la semana pasada, la diputada de Vox Carla Toscano profirió contra ella insultos machistas desde la tribuna del Congreso. Aquel ataque sí provocó un cierre de filas del PSOE con la titular de Igualdad apenas unos días después de haberse desmarcado de ella por el señalamiento a los jueces en la interpretación de la ley del ‘solo sí es sí’ que ha conllevado rebajas en las condenas de violadores y pedófilos. A esas fricciones en las últimas semanas hay que añadir las desavenencias respecto a la ley trans, que se suman a los choques entre los socios del Gobierno respecto a las políticas de igualdad, que han sido una constante toda la legislatura en la que ha sido el propio Sánchez el que en muchas ocasiones ha sido el encargado de bajar el tono.