Justo antes del inicio del Consejo de Ministros de este sábado que debe aprobar el nuevo decreto anticrisis, seguía sin haber acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que están apurando la negociación del texto hasta el último minuto. Las conversaciones se prolongaron en la tarde del jueves sin dar frutos y se retomaron este viernes, a las 18.00 horas, en un nuevo encuentro entre los socios que se prolongó durante la noche y la madrugada. Las partes no descartaron incluso que finalmente el decreto se pueda cerrar este mismo sábado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este viernes participó en Bruselas en una reunión del Consejo Europeo, anunció al mediodía que el nuevo decreto que sustituirá al aprobado en abril –y que caduca la próxima semana– contemplará medidas que se prolongarán hasta final de año. Esta era solo una de las peticiones de Unidas Podemos. Pero, según ha podido conocer este diario, la parte socialista sigue reacia a aceptar otras medidas del grupo confederal, en especial el cheque de 300 euros planteado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que debería ir dirigido a ayudar a las familias más vulnerables ante la escalada de precios. Desde el grupo confederal explican, por su parte, que el debate estaría en el umbral de ingresos exigido para poder ser beneficiario de esa ayuda.
“Vamos a incorporar nuevas medidas para familias y empresas, para protegernos del alza de los precios”, se limitó a asegurar Sánchez, que aseguró que sería tras el Consejo de Ministros de este sábado cuando se conocerán los detalles concretos del decreto, informa Andrés Gil. El objetivo, añadía, será “proteger a las familias” y “apoyar a sectores afectados”. Sánchez recordó que el Gobierno ya ha puesto en marcha “una partida de 1.000 millones de euros para sectores como el del transporte” y también mencionó “rebajas selectivas en determinados impuestos” como la bajada del IVA de la energía del 10% al 5% que anunció el miércoles en el Congreso.
“Sabemos que la inflación está alta, y sabemos muy bien para quién gobierna este Gobierno. Hay otros sectores que quieren un 'statu quo' y privilegios, sabemos para quién gobernamos, para las familias, por eso queremos rebajas fiscales selectivas, ayudas específicas a sectores afectados, como el transporte y la actividad primaria. Mañana [por este sábado] daremos cuenta de estas medias”, insistió. “Después de una evaluación de tres meses, en diálogo con los sectores y las fuerzas políticas hemos entendido que había que prolongar y extender todas las medidas hasta el 31 de diciembre del presente año”, remarcó.
La reacción a la debacle en las andaluzas
La parte de Unidas Podemos del Ejecutivo creía a principios de semana que la negociación con el PSOE iba a ser más sencilla de lo que está siendo solo unas horas de la aprobación del decreto anticrisis por el Consejo de Ministros. Fuentes del grupo confederal consideraban que, ante el mal resultado de la izquierda en Andalucía, la parte socialista del Gobierno sería más proclive a hacer suyas algunas de las propuestas planteadas por Unidas Podemos, con la intención de dar un impulso social y más de izquierdas al Ejecutivo progresista.
La negociación, sin embargo, seguía a última hora del viernes “enquistada”, según reconocen fuentes del Ejecutivo. En los borradores cruzados que se habían enviado los socios hasta primera hora de esta tarde tan solo figuraban como añadidos al anterior decreto la bajada del IVA de la electricidad y el aumento del 15% de las pensiones no contributivas pactado con EH Bildu. Ninguna de las otras iniciativas planteadas desde Unidas Podemos fueron aceptadas por la parte socialista.
Desde la Vicepresidencia segunda, el departamento que dirige la coordinadora de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz, lamentan que los contactos para abordar el decreto anticrisis se hayan puesto en marcha en el último momento. También consideran que “es un momento delicado” para la economía española, por lo que recalcan que el Gobierno no se puede conformar con prorrogar las medidas del anterior decreto, a lo que se ha sumado el anuncio de Sánchez de reducir del 10% al 5% el IVA de la electricidad. “Es la hora de proteger a los ciudadanos que peor lo están pasando”, sostienen las fuentes consultadas.
Con ese fin, la propia Díaz propuso esta semana un “cheque de 300 euros para las personas más golpeadas por la crisis como se ha puesto en marcha en Francia”, además de medidas para “reducir un 50% el abono transporte” en todo el país. También planteó “un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas”, de forma que la ayuda ahora vigente no sea igual para toda la ciudadanía y se haga en función de su riqueza. Y, para pagar todo ello, Díaz planteó incrementar en “10 puntos el tipo de sociedades” a las grandes eléctricas para recaudar entre 1.500 millones y 2.000 millones de euros al año.
La presión de los socios del Gobierno
Desde el Ministerio de Hacienda se da por hecho que se aprobará la citada rebaja del IVA, informa Diego Larrouy. También se cuenta con la ampliación de las bonificaciones de 20 céntimos por litro para la gasolina y el diésel. Pero parece descartado que el plan incluya cambios en la fiscalidad de las empresas energéticas como pide el socio minoritario. Hacienda considera que el vehículo del Real Decreto no permite crear un nuevo impuesto y que es complicada la subida de Sociedades, un aspecto del que discrepa Unidas Podemos.
Esta misma semana, los socios parlamentarios del Gobierno de coalición, cuyo apoyo será necesario una vez más para poder convalidar el nuevo decreto en el Congreso, reclamaban al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, más políticas de izquierdas. Consideran que esa es la vía tras la debacle del espacio progresista en las elecciones andaluzas del domingo en las que arrasó el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que logró la mayoría absoluta. ERC, EH Bildu y Más País han pedido además a PSOE y Unidas Podemos que no tengan la “tentación” de acercarse a los postulados de Alberto Núñez Feijóo, para poder mantener el bloque progresista hasta el final de legislatura y como única garantía para poder reeditar un Gobierno de izquierdas tras las generales previstas para 2023.