La fractura política que evidenciará este martes el primer trámite parlamentario de la reforma de la ley del 'solo sí es sí' será la escenificación en el Congreso del choque que se produjo hace justo un mes ante el texto presentado por el PSOE, que no comparte su socio de coalición, Unidas Podemos. Tras semanas de infructuosa negociación entre los ministerios de Justicia e Igualdad y en plena oleada de rebajas de condenas a agresores sexuales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó a su partido no esperar más y acometer la proposición de ley al margen de sus socios para taponar cuanto antes “los efectos indeseados” de la aplicación de la norma. Y nada ha cambiado desde entonces. Nada salvo el tono, cada vez más duro, del enfrentamiento entre los partidos del Gobierno. Y todo en vísperas del 8M.
Lo previsto es que el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley ponga de manifiesto la ruptura de la unidad de acción tanto en la coalición como en la mayoría de la investidura. En la dirección del PSOE ya hace tiempo que asumieron que la reforma saldrá adelante, principalmente, gracias a los votos del PP, algo a lo que intentan quitar hierro poniendo el foco en la necesidad de parar las rebajas de condenas y no tanto en los apoyos cosechados. “Lo importante es que salga adelante y no tanto con quién”, defendió este lunes la secretaria socialista de Igualdad, Andrea Fernández.
Esa es la postura asumida por el PSOE desde que descarrilaran las negociaciones entre los departamentos de Pilar Llop e Irene Montero. Tanto es así que, según todas las fuentes consultadas, la negociación como tal entre las dos alas del Ejecutivo no se ha vuelto a retomar en las últimas semanas. “Nos pueden mandar 17 documentos diferentes, pero si lo que cambian es una coma o una letra y no se mueven del núcleo de la reforma, ¿para qué nos vamos a reunir?”, razonan en la dirección de la calle Ferraz sobre la falta de contactos con Igualdad y con Podemos.
El diagnóstico entre los socialistas es que su propuesta de reforma responde a un sentir generalizado en la sociedad que pide soluciones a las rebajas de penas derivadas de la aplicación de la ley. Y también que, desde un punto de vista político, cualquier enfrentamiento abierto entre socios de la coalición penaliza entre el electorado progresista. La consigna en Ferraz y en Moncloa es, de hecho, “no entrar al trapo” del cruce de declaraciones, aunque este lunes hubo quien puso voz en público al profundo malestar generado por el tono de las críticas de Podemos.
“La señora [ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione] Belarra y cualquier persona debería ser más humilde en reconocer los méritos de los demás”, dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles, preguntada por las acusaciones de sus compañeras de Gobierno, antes de añadir: “Ahora va a parecer que hasta que no han llegado algunas personas el feminismo no ha existido. Pues no, hay muchas mujeres muy comprometidas, yo entre ellas, desde hace muchísimos años, que a lo mejor la señora Belarra ni muchas otras habían nacido”.
Esquivando el cuerpo a cuerpo, la portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, se limitó a pedir “no perderse en ciertos comentarios”. “Son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan”, remarcó. Sí pidió Alegría a Podemos expresamente que “replantee” su postura de cara a la votación de este martes, que se producirá previsiblemente a última hora de la tarde. “Le pediría a Podemos que recapaciten”, dijo, en rueda de prensa, sin querer ahondar más en las críticas de sus socios.
“La foto de la vergüenza”
Aunque Podemos mantiene oficialmente la mano tendida y ha hecho numerosos llamamientos al PSOE para que vuelva a la negociación, en las últimas horas elevó la presión sobre su socio de Gobierno. El viernes, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, anunció que el grupo parlamentario votaría 'no' a la toma en consideración de la propuesta socialista. Hasta ese momento, desde su grupo no habían querido adelantar escenarios para centrar el foco en la necesidad de una instancia de diálogo que no se ha vuelto a producir desde que el PSOE registrase de forma unilateral su proposición de reforma.
El sábado, un día después, Podemos organizó un acto con la plana mayor del partido para calentar motores para el 8M y el tema se coló en los discursos que pronunciaron Ione Belarra e Irene Montero. “El Gobierno tiene que dejar de seguir los cascabeles que le pone la derecha”, dijo la secretaria general de Podemos. Montero reclamó un acuerdo antes del martes y pidió “no dar la oportunidad a PP y a Vox de sumar sus votos al PSOE para retroceder en derechos” y volver al “Código Penal de La Manada”.
El fin de semana, Belarra aprovechó el acto de presentación del libro de Pablo Echenique para lanzar otro mensaje a su socio. “Puedes decir que eres el partido más feminista, pero si el martes vas a votar la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ para volver al Código Penal de la Manada con PP y Vox, te están dando gato por liebre”, sostuvo.
Si Podemos albergaba alguna esperanza de que el PSOE cediera y se sentara a negociar tras el anuncio del viernes, este lunes el tono de los portavoces del partido en rueda de prensa dejaba claro que las posiciones siguen en el mismo punto que en las últimas semanas, es decir, totalmente alejadas. “Volver atrás es una traición al movimiento feminista. Queremos hacer una última llamada al PSOE para que recapacite”, dijo la portavoz Alejandra Jacinto, que reclamó al socio de Gobierno evitar la “foto de la vergüenza” que supondría, a su juicio, que los socialistas junten sus votos a los de PP y Vox para avanzar en la reforma.
Aunque las negociaciones son inexistentes, en Podemos hablan de esa última llamada con la esperanza de que ocurra algo parecido a lo que sucedió durante la tramitación de la ley trans. El PSOE mantuvo entonces una serie de enmiendas vivas al texto de Igualdad que finalmente dejó caer ante el riesgo de una ruptura del Gobierno en la votación. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha llamado en las últimas horas al acuerdo: “No me rindo nunca. Quedan horas suficientes para llegar a un acuerdo. Eso es lo que me gustaría y deseo que pase mañana”. Durante la negociación, Díaz no ha mostrado protagonismo y ha defendido en todo momento el trabajo de Montero. Fuentes de su entorno garantizan que todo el espacio votará unido mañana.
No está clara, sin embargo, la posición que exhibirán este martes los aliados habituales del Gobierno, que han pedido de forma unánime un acuerdo que saliese del Consejo de Ministros antes de llegar al Parlamento. Ante la tesitura de que se vote la propuesta unilateral del PSOE, el escenario más probable, el PNV ha anunciado ya que apoyará la toma en consideración mientras ERC, EH Bildu, Compromís o Más País no quieren revelar el sentido de su voto. Los republicanos consideran que sería “marciano” un escenario en el que se reforme una ley del Ministerio de Igualdad sin contar con ellos y los independentistas vascos piden buscar el acuerdo hasta el último momento, pero sostienen que la propuesta del PSOE saca el consentimiento del centro de la ley, como denuncia Unidas Podemos.
Justicia hace un llamamiento al acuerdo
La ministra de Justicia, Pilar Llop, pidió este lunes dejar de lado “cualquier interés político” e hizo un último llamamiento al entendimiento entre los socios. “Es mucho lo que nos une. No podemos estar divididos en cuestiones tan importantes como estas”, advirtió. No obstante, la titular de Justicia insistió en que la propuesta del PSOE es la única vía para “blindar los derechos y la libertad de las mujeres y de las víctimas de violencias sexuales” ante unas revisiones de condenas que les han generado “desasosiego” y “daño”.
Ante los medios, la ministra criticó que Podemos afirme que su iniciativa plantea volver al “Código Penal de la manada”. Es una expresión que, a su juicio, impide la “recuperación” de la víctima de esa violación grupal ocurrida en 2016. “Si dejamos de hablar de una vez de estos casos concretos ayudaremos a las víctimas”, afirmó. En el departamento que dirige Llop no ocultan su malestar con la posición de las dirigentes de Igualdad, a quienes afean no haber presentado ningún texto alternativo desde que hace más de mes los socialistas registraron su propuesta de manera unilateral.
A petición del Grupo Socialista en el Congreso, la titular de Justicia se ha implicado directamente en la defensa de ese texto con reuniones con diferentes grupos parlamentarios en las últimas semanas. Tampoco el ala socialista ha hecho propuestas diferentes a la iniciativa presentada, que prevé introducir de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo. Es un planteamiento que rechaza Igualdad. Montero considera que ese cambio desvirtúa el espíritu de una norma que buscaba cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales porque hará pivotar los procedimientos sobre la existencia de esos elementos y no sobre el consentimiento.
La fórmula técnica elegida por el PSOE ha asomado las diferentes interpretaciones que los socios hacen sobre el consentimiento en un debate que lleva semanas tensando la relación entre ambos. Este concepto es el eje de la norma que fue propuesta de manera conjunta por ambos ministerios, aunque es un elemento que vertebra los delitos contra la libertad sexual desde los noventa. La titular de Justicia defiende que ese precepto “no se toca” en la reforma que ha partido de su departamento. La ministra de Igualdad, sin embargo, cree que la contrarreforma del PSOE “cruza la línea del consentimiento”.
El vaticinio del 8M
La víspera del 8M dejará varias estampas difíciles para la ministra de Igualdad, Irene Montero. Si por la tarde el Congreso aprobará con toda probabilidad la reforma de la ley del 'solo sí es sí' impulsada por el PSOE, por la mañana el Consejo de Ministros inicia la tramitación de la ley de representación paritaria de mujeres y hombres en órganos de decisión sin que el Ministerio de Irene Montero tenga participación alguna en el proyecto. Será el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el encargado de desarrollarla y de presentarla en el Consejo de Ministros. El mismo Consejo en el que el Gobierno aprobará su declaración institucional para el 8M, sin que Irene Montero salga, salvo sorpresa, a defenderla en la rueda de prensa posterior.
El Ministerio de Igualdad asegura que ha intentado el acuerdo hasta el final y que lleva semanas cediendo para intentar el encuentro con sus socios de Gobierno: “Si el PSOE quiere hay acuerdo”, insistían hasta el último momento. El departamento de Irene Montero ha hecho seis propuestas que, aseguran, incluían la subida de penas que había pedido el presidente Pedro Sánchez, pero sin tocar la redacción sobre la intimidación y la violencia.
Para Igualdad, la violencia y la intimidación podían pasar a ser un agravante más, pero en ningún caso formar un subtipo penal porque entienden que eso vuelve a generar dos tipos y grados de agresión sexual, como sucedía en el anterior Código Penal.