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La reforma legislativa para terminar con el tope máximo a las investigaciones penales está más cerca. El Congreso ha aprobado una proposición de Unidas Podemos para eliminar el límite de 36 meses para las causas complejas que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Solo se opusieron en la votación del pasado 25 de junio el PP y Vox. La nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que todavía debe pasar por el Senado, establece una instrucción normal de 12 meses, prorrogable de forma indefinida a propuesta del juez instructor, según anticipó la semana pasada Europa Press.
El PSOE y Unidas Podemos ha renunciado así a una derogación completa del artículo 324 de la LECrim, tal y como formularon ambos grupos en sendas proposiciones de ley (aquí y aquí) presentadas en el Congreso a principios de año y como venían planteando desde 2015. En el acuerdo del Gobierno de coalición, no obstante, las formaciones que lideran Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya planteaban otro escenario: “Sustituiremos el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eliminando el plazo máximo de instrucción por ser una limitación para la lucha contra la corrupción”.
Ese plazo máximo se elimina con esta ley que, si se aprueba definitivamente, será la primera de la legislatura.. La reforma del PP establecía una instrucción ordinaria de seis meses, prorrogable en causas complejas a 18 y, excepcionalmente, a otros 18, pero solo cuando lo pidiera la Fiscalía. Con la nueva redacción del artículo, la instrucción ordinaria durará 12 meses y el juez podrá decretar, de oficio o a petición de la partes, sucesivas e indefinidas prórrogas de seis meses. Para ello deberá escuchar a las partes, aunque no necesariamente contar con su aprobación.
Desde Unidas Podemos explican que se ha cumplido con el compromiso de derogar la reforma del PP, pero que tampoco se podía volver sin más a la situación previa a 2015. Desde la dirección del grupo parlamentario explican a eldiario.es que el texto anterior “era de 1882” y establecía una instrucción de un mes prorrogable indefinidamente. “No puedes poner en marcha un procedimiento penal sin ningún tipo de límite”, sostienen las mismas fuentes, que recuerdan que así lo establece la Constitución, el Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y la Declaración Universal de Derechos Humanos para evitar la llamada “pena de banquillo”.
Esta tesis la comparten los grupos que han apoyado la reforma. Desde ERC y Ciudadanos al PNV. La portavoz republicana, Carolina Telechea, señaló en la defensa de su voto en la Comisión de Justicia que la norma anterior “favorecía la impunidad en ”los delitos complejos, sobre todo de corrupción“, pero que las prórrogas infinitas tampoco son deseables porque hay que dotar de garantías y limites a la duración de las instrucciones.
Edmundo Bal, por su parte, planteó en el debate que la nueva norma permite “un buen equilibrio” entre el derecho de los investigados y las obligaciones del Estado.
También el PSOE defiende haber optado por un texto alternativo en vez de por la derogación del 324 que figuraba en la propuesta que registró dado la “posición que generaba más consensos entre los grupos era una modificación sustancial del 324”, según explica el portavoz en la comisión, Francisco Aranda, que enfatiza la importancia de eliminar la “dualidad” entre las causas simples y complejas así como dar una “buena solución” ya que el juez tiene doce meses para la instrucción que se puede prorrogar sin límite. “Es destacable”, enfatiza el diputado socialista sobre el hecho de que esta es la primera ley que aprueba el Congreso esta legislatura con un amplio apoyo.
Rechazo del PP y Vox. Quejas de los fiscales
El acuerdo alcanzado en el Congreso no ha contado con el apoyo del PP y de Vox. La portavoz del partido de Pablo Casado, María Jesús Moro, acusó a los partidos del Gobierno de “descafeinar” su posición inicial, que planteaba la derogación. Aún así, mostró su desacuerdo porque la nueva normativa se aplicará con carácter retroactivo a las causas abiertas, muchas de ellas dirigidas contra miembros del PP.
Vox calificó el acuerdo que permite la reforma de “alianza impía”. “Me pierdo en este consenso de PP, PSOE y Podemos”, dijo su portavoz, José María Sánchez.
Pero las quejas más fuertes han llegado desde el mundo judicial. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) emitió un comunicado el pasado viernes en el que “lamenta profundamente” la decisión adoptada por el Congreso.
Los fiscales se felicitan, no obstante, porque la nueva redacción ya no les obliga a ellos a pedir las prórrogas. “Se agradece que se atribuya a los jueces la responsabilidad de controlar los plazos de instrucción”, dice la nota, que se queja posteriormente de que , alargar estos por seis meses no resuelve los problemas“, asegura la nota, que lamenta que ”el apartado tercero de la reforma propuesta prevé la nulidad de aquellas diligencias de investigación que se hayan practicado fuera del plazo inicial de 12 meses sin acordarse la prórroga o revocada esta por el órgano superior“.