PSOE y Unidas Podemos han suscrito un protocolo para el cumplimiento y el seguimiento de la coalición de Gobierno en el Congreso. Para ello se constituirán en un plazo máximo de 30 días una comisión integrada por diez miembros que se encargará de la coordinación así como de la comunicación de las mismas y otra comisión para el seguimiento parlamentario del acuerdo. En todas aquellas medidas que lleguen al Parlamento y que afecten al plan del Ejecutivo tendrán que consensuar la posición de voto y, en el caso de que tengan repercusión en la esfera política, tendrán al menos que informarse de la posición e intentar que no sean “contradictorias entre sí”.
Representantes socialistas y del grupo confederal han sellado ese protocolo de coordinación este miércoles en el Congreso con el que pretenden que conviva el acuerdo para el Ejecutivo de coalición. “El Gobierno progresista se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad”, comienza el texto del acuerdo en el que se comprometen a actuar con “diálogo, consenso, negociación y buena fe” para que llegue a buen puerto.
A esos principios se suma la creación de una Mesa Permanente de seguimiento y funcionamiento del acuerdo que estará integrado por diez miembros: seis socialistas (dos de presidencia, dos de la vicepresidencia de Carmen Calvo, uno de la Secretaría de Estado de Comunicación y uno del Grupo Socialista) y cuatro de Unidas Podemos (dos de la vicepresidencia de Pablo Iglesias; uno de su departamento de comunicación y otro del grupo confederal).
Se reunirá con la periodicidad que ellos establezcan y entre sus funciones estarán las de hacer un seguimiento del acuerdo, poner en común la agenda para coordinar la actuación de los socios, coordinar el seguimiento parlamentario y la posición de los socios, coordinar la comunicación y solventar las discrepancias. También se crea una comisión de estricto ámbito parlamentario, integrada por cinco socialistas y cinco miembros del grupo confederal.
“Los miembros del gobierno de coalición se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario”, reza el texto del acuerdo.
PSOE y Unidas Podemos se comprometen a dar apoyo parlamentario a las medidas que proponga el Gobierno y crean, asimismo, una comisión de seguimiento en el Congreso que estará integrada por cinco socialistas y cinco miembros del grupo confederal: “Los grupos parlamentarios suscribientes actuarán con unidad de criterio y se sentido de voto en lo que afecte a acuerdos explícitos alcanzados en el programa de gobierno”. Así, cuando uno de los dos grupos quiera presentar en el Congreso alguna iniciativa que esté recogida en el plan de la coalición debería comunicárselo a la otra parte “con antelación suficiente al otro socio”. “Se requerirá del acuerdo de ambas partes para su presentación”, dice el documento.
Los ministros evitarán opinar sobre temas ajenos
Cuando sea otro grupo el que presente iniciativas que afecten al acuerdo programático, “se requerirá del acuerdo de ambos socios para fijar la posición conjunta de voto”. En el caso de que sean medidas que no formen parte del acuerdo, “pero tengan alta repercusión en la esfera política o en ámbitos sectoriales de la política estatal”, “los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí”. También incluye compromisos respecto a la comunicación de las medidas de control parlamentario.
También se establece en el documento de cinco páginas una estrategia de comunicación conjunta. Será esa comisión la que establezca las “líneas generales” de la agenda de comunicación. “Los ministerios deberán comunicar con antelación suficiente a la Secretaría de Estado de Comunicación (...) los principales anuncios y compromisos que se vayan a realizar”. También se trasladará esa intención a los gabinetes de comunicación de los partidos.
“Los ministros respetarán su ámbito competencial propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros”, dice esa normativa de funcionamiento interno de la coalición.
Prevé cambios en el Consejo de Ministros
El documento suscrito por Adriana Lastra y Rafael Simancas, del lado socialista, e Irene Montero, Ione Belarra y Jaume Asens, por parte del grupo confederal, establece que las “discrepancias” en el seno del Ejecutivo se plantearán en la Mesa Permanente y que aquellas “diferencias” que no estén relacionadas con el plan de acción gubernamental se abordarán en la comisión de seguimiento en el Parlamento.
El acuerdo también prevé la situación de una hipotética “reestructuración” en el Gobierno a lo largo de la legislatura: “Se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y por Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno en los términos acordados al inicio de la coalición”. El el caso de que los cambios sean “sustanciales” se revisará las “cuestiones esenciales”.
A pesar de que ambas partes se emplazan a la búsqueda de “consenso”, reconoce que puede haber casos “excepcionales” en que los instrumentos previstos sean insuficientes para solventar las discrepancias. En esos casos, en la comisión de seguimiento parlamentario abordarán su “alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación, todo ello con el fin de mantener la estabilidad del gobierno y no erosionar la confianza de la coalición”.