PSOE y Unidas Podemos registran la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar sus funciones con el mandato caducado
PSOE y Unidas Podemos han registrado este martes la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial con la que pretenden rebajar la mayoría requerida para renovar al órgano de gobierno de los jueces, que lleva dos años en funciones ante el bloqueo del PP. La propuesta conjunta de los partidos que sustentan a la coalición supone que una parte de los veinte vocales que componen el Poder Judicial puedan salir elegidos por mayoría absoluta (176 diputados) y no necesiten el apoyo de los tres quintos (210) del Congreso y el Senado, como en la actualidad. Además, la propuesta de socialistas y grupo confederal pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando su mandato ha caducado. La intención es que el órgano de gobierno de los jueces no pueda designar plazas en audiencias provinciales o tribunales superiores como está haciendo ahora el organismo presidido por Carlos Lesmes, que lleva en funciones dos años. No obstante, no tendrá carácter retroactivo en el caso de los nombramientos que ya se han hecho. El cálculo de socialistas y grupo confederal es que la nueva fórmula quede aprobada en dos meses.
La reforma de la ley tiene una cierta complejidad porque la Constitución establece que Congreso y Senado eligen cuatro vocales, respectivamente, por mayoría de tres quintos. Esa prerrogativa se mantiene para los miembros designados de entre los juristas de reconocido prestigio con quince años de carrera profesional dado que eliminarla requeriría una reforma de la Carta Magna -por mayoría reforzada-. El cambio se produce para la elección de los doce miembros procedentes de la carrera judicial. La Constitución establece que esa designación se regule a través de una ley orgánica. Actualmente, establece también una mayoría de tres quintos de cada cámara para la elección de los seis vocales que corresponden a cada una por el turno judicial. La propuesta mantiene que cada Cámara designe a seis vocales, pero cambia el proceso. En una primera votación tendría que obtener el respaldo de tres quintos. “Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se procederá a efectuar nueva votación, cuarenta y ocho horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis Vocales del turno judicial por mayoría absoluta”, señala el texto de PSOE y Unidas Podemos.
Tres escenarios de bloqueo
Además, establece un triple mecanismo para la renovación del Poder Judicial en función de si el bloqueo se produce solo en el Congreso o también en el Senado, o si solo corresponde al turno de juristas. “Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial alguna de las Cámaras no hubiera procedido aún a la elección de ninguno de los Vocales cuya designación le corresponda, se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con los diez Vocales designados por la otra Cámara y con los Vocales del Consejo saliente que hubieran sido designados en su momento por la Cámara que haya incumplido el plazo de designación, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones”, dice la proposición, que establece una fórmula diferente en el caso de que solo se hayan renovado doce de los veinte vocales.
La portavoz socialista, Adriana Lastra, ha defendido que esa propuesta de que el CGPJ pueda renovarse, aunque sea a medias si una de las Cámaras aprueba los nombramientos pero la otra no, sigue la estela de una medida que defendió el PP en 2013. “Había previsto que el CGPJ se constituyera cuando una Cámara hubiera designado a los vocales, aunque no lo hubiera hecho la otra”, ha señalado Lastra. “Es una proposición de ley para que se cumpla la Constitución, para que no pueda haber partidos, como el PP, que permiten que se bloqueen organismos constitucionales”, ha defendido su homólogo del grupo confederal, Pablo Echenique.
“Si el día de la sesión constitutiva del nuevo Consejo General del Poder Judicial ambas Cámaras hubieran procedido a la elección de los seis Vocales correspondientes al turno judicial, pero no así a la de los cuatro Vocales que han de elegirse entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión [que requieren mayoría de tres quintos], se constituirá el Consejo General del Poder Judicial con la totalidad de los Vocales del turno judicial ya designados por ambas cámaras y los Vocales del Consejo saliente que hubieren sido designados en su momento por el turno de juristas de reconocida competencia, pudiendo desde entonces ejercer todas sus atribuciones”, señala la propuesta. El mandato de los nombramientos que se retrasen no podrán, además, alargar su mandato más allá de los cinco años de duración del mandato del CGPJ del que forman parte.
Por último, la normativa que impulsan PSOE y Unidas Podemos también contempla un bloqueo como el actual, es decir, que ni Congreso ni Senado han nombrado a los nuevos miembros del CGPJ. En ese caso, se mantendrá el Poder Judicial con su composición caducada, aunque quedarán mermadas sus atribuciones, hasta que se renueve. La principal limitación es que el CGPJ no podrá hacer nombramientos dentro de la carrera judicial, como ha hecho en estos dos últimos años pese a estar en funciones. La última fue la designación de seis magistrados en el Supremo.
Las atribuciones del CGPJ quedarán limitadas a ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del Estado; participar, en los términos legalmente previstos, en la selección de Jueces y Magistrados; resolver lo que proceda en materia de formación y perfeccionamiento, provisión de destinos, ascensos reglados, situaciones administrativas y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados; ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales; cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de órganos judiciales; garantizar el funcionamiento y actualizar los programas formativos de la Escuela Judicial; ejercer la potestad reglamentaria en materias como la publicidad de las actuaciones judiciales, constitución de órganos judiciales fuera de su sede, o fijación de audiencias públicas, etc.; organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional interna e internacional, entre otras. El presidente del CGPJ no podrá, además, cesar al secretario general o vicesecretario general del organismo.
La tramitación elegida es más rápida que un cambio impulsado desde el Gobierno
Pedro Sánchez ha decidido llevar a cabo esta reforma a través de los grupos parlamentarios y no mediante una iniciativa del Gobierno. “La elección de los miembros del CGPJ es una competencia del Congreso y el Senado. Entendimos que teníamos que ser los grupos parlamentarios los que presentáramos esta proposición de ley sobre todo teniendo en cuenta que hace unas semanas 187 pidieron la renovación”, ha dicho Lastra, que ha negado que la fórmula escogida pretenda sortear la petición de informes a organismos como el Consejo de Estado o el propio CGPJ.
La decisión del presidente se produjo después de que Pablo Casado haya cerrado la puerta a renovar el CGPJ tras dos negociaciones que saltaron por los aires en el último momento y tras el último encontronazo con Lesmes a propósito de la decisión del Ejecutivo de no refrendar la presencia del rey en la entrega de los despachos a la nueva promoción de la carrera judicial. Ese día Lesmes filtró una llamada de Felipe VI en la que supuestamente lamentaba no haber podido acudir al acto. Casa Real enmarcó la llamada en la “cortesía”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acusó al presidente del Poder Judicial de tratar de enfrentar a la monarquía y el Gobierno.
PP, Ciudadanos y Vox amenazan ya con recursos
El presidente del PP, Pablo Casado, ha rechazado de plano la reforma para reducir la mayoría para renovar el Poder Judicial y limitar su funciones con el mandato caducado registrada este martes por PSOE y Unidas Podemos. A través de un mensaje en Twitter, Casado ha asegurado que con su propuesta “Sánchez pretende liquidar la separación de poderes en pleno ataque a la independencia judicial de su vicepresidente investigado”, en alusión a Pablo Iglesias, informa Iñigo Aduriz.
El PP, que bloquea la renovación del Poder Judicial desde hace dos años, acudirá a los tribunales en el caso de que la reforma sea aprobada en el Congreso. “No lo permitiremos: si perpetran este atropello a la legalidad, recurriremos al Tribunal Constitucional y a las Instituciones y Tribunales Europeos”, ha advertido el líder popular. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha ido un paso más allá al acusar a Pedro Sánchez de tratar de “imponer una dictadura”.
Por su parte, Vox también ha anunciado que recurrirá esa modificación legal ante el Tribunal Constitucional y el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha denunciado que se trata de una “tropelía del PSOE”, y ha asegurado que su grupo secundará un recurso de inconstitucionalidad -no tiene el número suficiente de diputados (35) para hacerlo-, informa Carmen Moraga.
El Gobierno ve una “sinrazón” la posición de Casado
Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha expresado su convencimiento de que la reforma contará con las garantías jurídicas necesarias para ser avaladas por los tribunales y ha pedido al principal líder de la oposición que “arrime el hombro” y abandone las “extravagancias”. “Me parece una sinrazón que diga que se niega a cumplir con el mandato constitucional y cuando determinados grupos políticos buscan una fórmula, están trabajando una situación de consenso, anuncie sin conocerlo un recurso ante el Tribunal Constitucional”, ha reprochado Montero.
“Señor Casado, si lo que pretende es que se cumpla la Constitución, no ponga recursos porque algunos intentan desbloquear, desbloquee usted”, le ha interpelado la portavoz, que ha considerado que es “muy fácil” salir de esta situación sentándose “a pactar las cuestiones que se tienen que renovar y no bloquear con su veto lo que tendría que haber ocurrido hace dos años”. No obstante, ha enfatizado que el jefe de la oposición está en una suerte de “insumisión o rebelión constitucional” al negarse a renovar el CGPJ “mientras este Gobierno siga siendo este Gobierno”.
Además, Montero ha acusado al PP de intentar “patrimonializar” las instituciones del Estado, como la monarquía o el Poder Judicial y se ha referido a la entrevista de Isabel Díaz Ayuso en El Mundo en la que aseguraba que “la Justicia, Madrid y el Rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás”. “Flaco favor les hace”, ha lamentado.
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