El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro cuál es la intención de su partido en la maniobra de última hora para movilizar al Tribunal Constitucional a cuenta de la reforma que este jueves se tramita en el Congreso para desbloquear al propio organismo: impedir el trabajo parlamentario de los diputados. Así lo ha declarado en una entrevista en Telecinco esta misma mañana, donde ha asegurado que el recurso registrado ayer y que hoy mismo se resolverá tiene un objetivo claro: “Al Constitucional le pedimos que la Constitución impida una votación en el Congreso”.
La respuesta de Feijóo en El Programa de Ana Rosa no ha dejado muchas dudas. “¿Exactamente qué es lo que piden al Constitucional?”, ha abierto fuego la presentadora en la primera pregunta de la entrevista. “Al Tribunal Constitucional le pedimos que la Constitución impida una votación en el Congreso, hurtándole el derecho a los propios diputados de discutir lo que se va a votar”, ha respondido el líder de la derecha.
Feijóo ha defendido la maniobra, que no entra al fondo de las enmiendas presentadas para modificar la fórmula de designación de magistrados del Constitucional, sino que intenta impedir la propia tramitación por una cuestión de forma. “El vehículo legal no es el apropiado y además tocan, nada más y nada menos, que al Tribunal Constitucional, que es la máxima garantía del estado de derecho”, ha sostenido.
El líder del PP no ha mencionado el bloqueo al que somete al Poder Judicial, y ahora por extensión al Constitucional, el partido que él dirige. El Consejo General del Poder Judicial está bloqueado desde hace ya cuatro años, mientras el tribunal de garantías está pendiente de la renovación de un tercio de sus miembros: dos le corresponden al Gobierno y otros dos al propio CGPJ. De consumarse, el PP perdería el control del Constitucional que ostenta desde hace casi una década.
Desde los grupos que integran el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han cargado por su parte contra la decisión del Tribunal Constitucional de convocar un Pleno urgente para decidir si paralizan el trámite de la reforma del Código Penal que este mismo jueves se vota en el Congreso de los Diputados, en atención al recurso de amparo presentado ayer por el Partido Popular.
El portavoz de los socialistas, Patxi López, ha denunciado este jueves en los pasillos del Congreso que la situación pone de manifiesto el carácter radicalmente antidemocrático de la derecha y algunos jueces del país, toda vez que el Constitucional que ha tomado esta decisión tiene el mandato caducado por el bloqueo que el principal partido de la oposición ejerce sobre ese órgano.
El grupo parlamentario socialista se ha dirigido por escrito al Constitucional para que se les permita personarse en la tramitación del recurso y solicitan que se abra un trámite de alegaciones después de rechazar la petición cautelarísima del Partido Popular.
“Una injerencia del Tribunal Constitucional de esta naturaleza colocaría al intérprete supremo de la Constitución en una posición que no le corresponde, adelantando, mediante una medida cautelar, una resolución de fondo respecto de un eventual vicio procedimental, que, de darse, podría constatarse posteriormente”, advierten los socialistas en el texto.
López ha considerado que la decisión “no tiene precedentes” y ha esperado que el tribunal dé marcha atrás a lo largo de esta mañana. “Desde hace tiempo la deriva de la derecha y algunos jueces es preocupante, pero esta maniobra es un salto cualitativo que lo que viene a determinar es su carácter radicalmente antidemocrático”, ha advertido.
En la misma línea se ha posicionado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem, Jaume Asens, que ha considerado que esta decisión es la “amenaza más grave a la democracia” desde el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El grupo confederal ha registrado también un escrito ante el tribunal de garantías para que se le permita intervenir en el pleno de los magistrados.
El Pleno urgente que convocó ayer el presidente del Constitucional, Pedro González-Trevijano, tiene previsto analizar el recurso presentado ayer, en el que el PP pedía la suspensión del acuerdo de la Comisión de Justicia de la cámara baja de admitir a trámite varias enmiendas con las que el ejecutivo pretende modificar el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial y que se pueda sortear el bloqueo que, desde hace meses, imponen varios vocales conservadores para nombrar a dos nuevos magistrados del Constitucional.
Una maniobra que también ha defendido el portavoz de Ciudadanos y candidato a liderar el partido tras la asamblea prevista para el mes de enero, Edmundo Bal. Abogado del Estado, Bal ha reconocido que la decisión del presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, de convocar un pleno urgente para esta misma mañana es “inusitada”, aunque ha reconocido que apoyarán cualquier decisión encaminada a detener “la tropelía” que a su juicio ha cometido el Gobierno con esta modificación.
“Que el resultado de una medida cautelar de protección de un derecho fundamental pueda ser la suspensión de la tramitación de una ley del Poder Legislativo me parece inusitado dentro de nuestro ordenamiento jurídico”, ha asegurado Bal en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. A continuación ha añadido que a su partido le parece bien “cualquier medida” encaminad a detener la “tropelía” que a su juicio está cometiendo el Gobierno.
“Amordazar la voluntad popular”
El Gobierno de coalición ha condenado que el principal partido de la oposición quiera “amordazar la voluntad popular” con la maniobra que pretende que el Constitucional paralice la tramitación de la reforma. “Es una situación que preocupa”, ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, en declaraciones a la prensa desde La Palma. “Es absolutamente grave que se trate de amordazar a la voluntad popular, que se expresa en las urnas y que reside en el Congreso de los Diputados”.
Rodríguez ha denunciado que “cuando el PP no ocupa las instituciones, las bloquea”. Así, se ha referido, por ejemplo, a la ruptura de negociaciones por parte de los de Feijóo para la renovación del Poder Judicial. La ministra portavoz ha asegurado que el principal partido de la oposición está poniendo “en duda” la democracia con este movimiento. “Nunca antes se había dado algo de estas características en la democracia española, que desde un grupo político se quiera cercenar la labor de un poder del estado, el legislativo, que no representa ni mas ni menos que al pueblo español”, ha remachado.
“Se está produciendo un ataque a las instituciones y un atropello institucional por parte del principal partido de la oposición”, ha zanjado.