“Cada uno tenemos nuestras preferencias para la victoria de las elecciones y esa sí es una cuestión en la que podemos decir que puede haber discrepancias porque es evidente que la parte socialista tiene un candidato y la parte de Unidas Podemos tiene otro. Yo diría que en estas cuestiones los partidos que coexisten pueden tener diferencias respecto a cuál es su favorito”. Con esa afirmación trataba la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de zafarse ante la insistencia de los periodistas sobre las diferencias que se multiplican entre los socios de la coalición en la recta final de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.
A las puertas de unos comicios en los que los socialistas pelean por las primeras posiciones con ERC y Junts, y En Comú Podem por mantener el resultado de 2017 y ser esta vez llave en un posible gobierno progresista, la pugna entre PSOE y Unidas Podemos se ha recrudecido. Los de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias comparten mesa en el Consejo de Ministros, pero hay varios escaños en liza entre ambas formaciones, según explican fuentes socialistas. Y en esa competición electoral enmarcan en el PSOE las últimas desavenencias con su socio minoritario.
Los rifirrafes se repitieron este martes a propósito de la iniciativa para eliminar las penas de cárcel de los delitos relacionados con la libertad de expresión a raíz de la orden de entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, condenado a nueve meses y un día por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado. Hasel tiene como fecha tope para entrar en prisión el 12 de febrero y los partidos del Gobierno se esfuerzan en garantizar que episodios como el del cantante no vayan a repetirse.
Tras la firma de un manifiesto de apoyo por parte de 200 artistas, Moncloa avanzó a última hora del lunes la intención del Ministerio de Justicia de reformar el Código Penal para eliminar las penas de cárcel en los delitos de expresión.
El anuncio de Moncloa llegó una hora y media después de que Unidas Podemos convocara una rueda de prensa de sus principales responsables jurídicos para este martes. A las 19.30 del lunes, según confirman a elDiario.es, desde el grupo confederal avisaron a la Vicepresidencia Primera de que iban a anunciar el registro de una proposición de ley precisamente para derogar del Código Penal los delitos de injurias a la Corona, contra los sentimientos religiosos, de injurias a las instituciones del Estado, de enaltecimiento del terrorismo.
Por eso el enfado en Unidas Podemos con el PSOE era enorme este martes. Jaume Asens y Enrique Santiago acusaron a su socio de gobierno de hacer una “declaración política” sin concretar solo para tapar su iniciativa, que ya se debatió en el Congreso en 2018, pero que no concluyó su tramitación por la convocatoria de las elecciones de 2019.
La parte socialista del Gobierno no ha aclarado si su propuesta surge a raíz de la iniciativa que les comunicó Unidas Podemos. Lo que subrayan es que es necesario acometer ese cambio legislativo para que no quepa una “interpretación restrictiva” de los derechos de expresión.
No obstante, el planteamiento del PSOE no es exactamente igual al de su socio. La propuesta de Justicia, aún por concretar, apuesta por que los “excesos verbales” cometidos “en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales” se mantengan “al margen del castigo penal” –esto supondría modificaciones en el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, el delito de odio, los delitos de injurias a la Corona y a otras instituciones y los delitos contra los sentimientos religiosos–. Unidas Podemos aboga por su desaparición en el Código Penal porque sus dirigentes consideran que el ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras jurídicas, como la apología del delito, que castiga la provocación directa para la comisión de delitos terroristas, o lo indicado en el vigente artículo 170.2 del Código Penal, que castiga a quien amenace o reclame públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones terroristas“.
Los socialistas tratan de restar importancia al enfado de Unidas Podemos así como al impulso por separado de una iniciativa de tanto calado. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, atribuyó al interés electoral de su socio minoritario en esa pugna. “Estamos en campaña y algunas formaciones quieren capitanear algunas cuestiones puesto que tenemos elecciones y las formaciones se quieren situar en posición de ventaja”, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, una reunión en la que aseguró que este asunto no había sido objeto de debate y en la que el vicepresidente segundo no había intervenido. “Somos fuerzas distintas que, además, estamos en campaña”, dijo el número dos del Grupo Socialista, Rafael Simancas, que negó que la discordancia fuera fruto de la “descoordinación” en la coalición.
Montero también circunscribió en el contexto electoral en Catalunya las palabras de Iglesias sobre la calidad de la democracia española. El vicepresidente segundo afirmó en una entrevista en el Diari Ara que “no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Catalunya, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas”. “Fuera de ese marco [electoral] no se entienden esas declaraciones”, justificó Montero que, al igual que otros socialistas, se desmarcó por completo al asegurar que España es “una democracia plena” y que los políticos que están en prisión es porque se han saltado la ley.
Pero no es la primera vez que Pablo Iglesias alude a los presos catalanes para señalar que su encarcelamiento y posterior juicio no deberían haberse producido. Unidas Podemos mantiene la misma posición ante el procés desde 2017: rechazo a la unilateralidad, desjudicialización y referéndum pactado como salida a un enconamiento que, según las encuestas, no está claro que se vaya a resolver el próximo domingo.
Las palabras de Iglesias en Salvados hace unas semanas equiparando la situación de Puigdemont con los exiliados de la dictadura ya habían causado un hondo malestar en las filas socialistas.
Sánchez ha jugado todas sus cartas para intentar que el PSC tenga posibilidades de arrebatar el Govern a los independentistas con la candidatura de Salvador Illa, cuya designación evidenció uno de los primeros desmarques en la coalición. Los de Iglesias se sumaron a la oposición al apremiar al presidente a cesar al entonces ministro de Sanidad, que encaraba la precampaña en plena tercera ola de la pandemia cuando todavía no estaba clara cual sería la fecha final de los comicios. El vicepresidente señaló a Illa como “el candidato de los poderosos”.
Unidas Podemos también ha sido una de las formaciones –junto ERC– que ha puesto en un brete a los socialistas al señalar la posibilidad de que se hagan con la Generalitat gracias al apoyo de Vox. Tanto el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, como el propio Illa han descartado estar buscando los votos de Abascal. “No queremos ningún apoyo de la ultraderecha”, afirmó el ministro de Transportes. “Lo he dicho muy claramente: no tengo nada que hablar con Vox”, reiteró el candidato del PSC.
A estas diferencias se suman otras que arrastra el Gobierno de coalición, como las referidas a la reforma de las pensiones o a la ley estatal de vivienda, cuya negociación ha quedado precisamente en suspenso hasta que termine el proceso electoral, pese a que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron el pasado mes de octubre a tenerla lista y camino del Congreso en cuatro meses. Tras el 14F, las diferencias seguirán ahí.
También ha coincidido en la campaña la pelea a propósito de las leyes de igualdad de trato y trans. Aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, han tratado de dejar al margen ese tema en los mítines, los socialistas se han reivindicado insistentemente como el partido bandera del feminismo. De hecho, Sánchez anunció el domingo que incrementaba con un acto más su presencia en Catalunya precisamente para un evento con el lema 'Mujeres por el cambio'. Sin embargo, los de Iglesias consideran que su posición en la ley trans les coloca como referente del colectivo LGTBI y apuestan por que el Consejo de Ministros le dé luz verde este mismo mes.