Puigdemont ralentiza la investidura de Sánchez y aprieta para una amnistía más amplia

No hay riesgo de ruptura. En el PSOE y en Junts descartan que sobre la mesa de los equipos negociadores haya planeado la hipótesis de que el acuerdo en el que trabajan desde hace tres meses pueda descarrilar. El escenario de una repetición electoral, por tanto, es aún remoto. Sin embargo, desde el pasado miércoles esa negociación ha atravesado sus horas más complicadas. Tras la defensa de la ley de amnistía por parte de Pedro Sánchez y de la foto del número 3 del partido con Carles Puigdemont, en el PSOE llegaron a vislumbrar una investidura inminente. Los socialistas asumen ahora que los escollos pendientes son escasos pero profundos y que Puigdemont, quien no comparte sus prisas, está decidido a marcar los tiempos hasta el final. 

Todas las fuentes coinciden en que el grueso del texto de la ley de amnistía está pactado desde hace semanas. Y que por eso Sánchez accedió a la defensa pública de la medida ante el Comité Federal de su partido y a que su secretario de organización se fotografiase junto al expresident de la Generalitat, una imagen tabú hasta ahora. Ningunos de esos dos pasos, aseguran en Ferraz, se hubieran dado de no existir las mínimas garantías de acuerdo. Varios de los negociadores cifran, de hecho, en un “95%” lo ya acordado y señalan que el choque se limita a “un solo párrafo”. Pero un párrafo crucial para ambas partes y sobre el que el número dos de Junts, Jordi Turull, dio este viernes alguna pista.

“Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido. No dejaremos tirado a ningún soldado”, dijo el secretario general de los independentistas catalanes en un mensaje remitido a la dirección de su partido, pero que tenía más destinatarios. Las palabras de Turull, en realidad, hacen referencia al meollo del desacuerdo con el PSOE en este punto de la negociación: el párrafo del articulado de la ley que describe hasta dónde abarca la amnistía y qué casuísticas quedarían excluidas de la misma. 

De ahí que el exconseller catalán, uno de los líderes independentistas indultados tras más de tres años en prisión, añadiese en ese mensaje: “No haremos una amnistía para VIP’s”, en referencia al texto pactado entre el PSOE y ERC, del que hace una velada descalificación. Turull, en ese mensaje, también descarta que la negociación se encuentre a las puertas de un acuerdo inminente. “Vienen horas y días de mucha presión”, advierte. Este mensaje para el PSOE: Junts no comparte sus prisas.

Los equipos negociadores del PSOE y Junts, con Santos Cerdán desplazado a Bruselas para conversar personalmente con los independentistas catalanes, se afanan en acordar el alcance exacto de la amnistía. Y es aquí cuando ha surgido la causa Voloh, en la que está investigado Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, a quien se le imputa un supuesto delito de revelación de secretos. 

El caso Voloh fue una operación aparatosa que en octubre de 2020 provocó decenas de registros y detenciones de varios hombres de la sala de máquinas del procés, pero que con el paso de los años ha quedado en casi nada. El juez terminó archivando la rama del caso que investigaba una supuesta trama rusa del procés. Sí siguen abiertas dos piezas relativas a un presunto pelotazo urbanístico del exconseller de ERC Xavier Vendrell y a una conversación de Alay con un mosso d’esquadra. Junts considera que la amnistía debe llegar de forma indudable a esta causa y a todos los que han colaborado en tareas de acompañamiento o protección de los amnistiados.

En ambos lados de la negociación desmienten rotundamente algunas informaciones publicadas que hacen referencia a que en las conversaciones sobre la amnistía se hayan abordado nombres concretos de políticos o colaboradores a los que aplicarla. Aseguran esas fuentes que se habla sobre casuísticas, y que las discusiones se encuentran ahora en un alto nivel de complejidad técnica en la que intervienen directamente los juristas del PSOE y de Junts. 

Los socialistas, mientras, siguen conjurados para no emitir ninguna información que pueda dar al traste con una negociación delicadísima. Esmerados en mantener la discreción, restan a estas alturas trascendencia a la fecha y recuerdan que lo importante es que haya gobierno antes del 27 de noviembre, límite legal para la disolución de las Cortes. En cambio, no descartan todavía que la investidura pueda llevarse a cabo la semana que viene, antes de que Sánchez comparezca el sábado en la cita que los socialistas europeos tienen en Málaga. 

Porque, en cuanto el texto esté acordado con Junts, algo que nadie espera que ocurra antes de principios de la semana que viene, se sucederán de manera automática los siguientes pasos. Primero, el registro de la proposición de ley en el Congreso, que podría ser incluso telemático. Y después, el anuncio de la presidenta de la Cámara Baja de la convocatoria del pleno. Aunque lo habitual es que ese anuncio se produzca con un margen de al menos 48 horas, hay precedentes de convocatorias de investidura con solo 24 horas de antelación, como el caso de Ana Pastor con Mariano Rajoy. 

En el entorno de Pedro Sánchez mantienen el optimismo sobre que las negociaciones acaben llegando a buen puerto y creen que, tras cerrar el acuerdo con ERC, ahora Junts también reclama su papel nuclear en la investidura. Han detectado de hecho los socialistas cierto malestar entre sus interlocutores del partido de Puigdemont respecto a la escenificación y a alguno de los puntos acordados con los republicanos

En plena batalla política frontal entre ambas formaciones independentistas, que en la práctica no mantienen ningún tipo de interlocución mutua, en Junts consideran que los de Oriol Junqueras se han apropiado de algunas conquistas que, en su opinión, llevan su sello. Tal es el caso de la figura del verificador entre partidos pactada con el PSOE, o de que la amnistía pueda acabar por incluir a la mayoría de procesados por su participación en los denominados CDR.

A pesar de todas las complicaciones, ni los socialistas ni los de Puigdemont creen que exista ningún motivo de discusión que resulte insalvable a estas alturas. Aunque coinciden a un lado y otro de la mesa que aún queda por sudar antes de dar por cerrado el acuerdo histórico que tienen entre manos.