Aunque está en horas muy bajas, el expresident de la Generalitat ha probado durante su vida poseer habilidades políticas sin parangón: activista antifranquista, fundador de un movimiento social de amplio seguimiento, líder de masas, y poseedor de una capacidad inigualable para mantenerse en el poder –es el único presidente autonómico que se ha mantenido en el cargo durante más de 23 años–. A sus casualidades hay que sumar ahora la de gran prestidigitador. Lo demostró con parte de sus acciones en Banca Catalana, desaparecieron valores por un valor de mercado de más de 800 millones de pesetas de la época, en una misteriosa donación a una aún más oscura fundación, la Fundació Catalana.
De la Fundació Catalana se sabe nada o casi nada. Estaba vinculada a la propia Banca Catalana y no se le conoce actividad alguna más allá de la tenencia de las acciones. Ni durante la inspección practicada por el Banco de España entre 1980 y 1982, ni durante la instrucción de la querella que presentaron lo fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena contra Pujol y otros 24 ex directivos de Banca Catalana, y que se prolongó de 1984 a su archivo en 1988 aparecieron las acciones.
En aquel momento no existía ley de fundaciones ni registro de actividades. El valor nominal de las acciones donadas era de 255 millones de pesetas de la época, pero pudieron vender a precio de mercado, más del triple que, expresado en euros se acercaría a los cinco millones.
¿Fue la donación una operación cosmética para que Pujol se distanciara de Banca Catalana sin ceder sus títulos? ¿O fue una venta en el extranjero para que el expresident obtuviera liquidez? Lo cierto es que la cifra de cerca de cinco millones de euros casa con el dinero que Jordi Pujol confesó haber mantenido en el extranjero durante 34 años y que él atribuyó a una herencia. Tanto él como su padre, fallecido en 1980, figuraban en el patronato de la Fundació Catalana.
¿Sería el resultado de esa venta el dinero que Pujol admitió el 25 de julio haber tenido en el extranjero sin declarar durante 34 años? Será la magistrada Elisabet Castelló, titular del juzgado de instrucción número 31 de Barcelona y encargada de instruir la denuncia contra Pujol y su esposa presentada por el pseudosindicato Manos Limpias la encargada de determinarlo.
Según los documentos incautados por el Banco de España durante la intervención de Banca Catalana en el verano de 1982, a los que ha tenido acceso eldiario.es –y que muy pocos han visto en 32 años–, ahora hay que añadir también a su lista de habilidades la de gran prestidigitador. Mucho antes de ser presidente de la Generalitat, Pujol dio pruebas en Banca Catalana de ser capaz de convencer a propios y extraños de que era capaz de hacer desaparecer dinero y, de que, además, le dieran las gracias.
Mientras abandonaba la dirección de la entidad financiera, durante la segunda mitad de los años 70, para dar su salto definitivo a la política, Pujol donó 255 millones de pesetas de la época en acciones de Banca Catalana a una misteriosa fundación, la Fundació Catalana. En aquel momento Pujol anunció que había donado todo su paquete accionarial al tiempo que abandonaba la vicepresidencia ejecutiva del banco y que rondaba el 5% del capital de la entidad. El valor de mercado de las acciones era, en aquel momento, de al menos el triple, más de 800 millones de pesetas de la época, unos cinco millones si se expresa la cantidad en euros.
Pujol fundó Convergència Democràtica el 17 de noviembre de 1974, en Montserrat, durante una concentración de peñas del F.C. Barcelona para evitar la vigilancia franquista. El 27 de mayo de 1975, Pujol, aún como vicepresidente ejecutivo de Banca Catalana, pronunció una conferencia en Esade a la que asistió un público multitudinario y en la que el expresident anunció que había llegado la hora de “hacer política”.
Dos años más tarde, en 1977, Pujol fue elegido diputado en las Cortes constituyentes, con la mirada ya puesta en la presidencia de la Generalitat. Con ese objetivo abandonó sus cargos en Banca Catalana y entre ese momento y la redacción del Estatut de Sau de 1979, anunció que había donado su participación en Banca Catalana a una fundación.
Cuando el 20 de marzo de 1980, Pujol se alzó con la victoria en las elecciones autonómicas catalanas, los inspectores del Banco de España ya habían incoado un procedimiento contra Banca Catalana que concluiría en 1982 con la intervención de la entidad y su incorporación al Fondo de Garantía de Depósitos.
Mentiras documentadas
Mentiras documentadasLa documentación incautada por los inspectores del regulador muestran que Pujol contó sólo una mínima parte de la verdad. Según esa documentación, que aparece en esta información, Pujol, junto a varios miembros de su familia paterna y materna, mantenía en agosto de 1982 la propiedad de acciones de Banca Catalana por un valor nominal de 326.732.000 pesetas de la época, cerca de dos millones expresado en euros. Entre los miembros de ese grupo familiar figuran el propio Jordi Pujol, con acciones por valor de casi 190 millones de pesetas; su padre, Florenci Pujol Brugat, a pesar de que había fallecido en marzo de 1980, aparece como titular de 89 millones de pesetas en acciones; su tía Concha, hermana de su padre, aparece como titular de 24 millones de pesetas; otra de sus tías, Núria Soley Mas, 21 millones de pesetas; y, finalmente, su esposa, Marta Ferrusola, con cuatro millones de pesetas.
Ese documento del Banco de España demuestra que Pujol mintió cuando anunció que controlaba sólo el 5% del capital de la entidad. De hecho era el principal accionista, superado sólo por la familia de Moisés Tennenbaum, el marchante de diamantes que se asoció con Florenci Pujol para comprar la ficha bancaria de la minúscula Banca Dorca que, en manos de Jordi Pujol, se convertiría en Banca Catalana. Los Tennembaum poseían un paquete accionarial con un valor nominal de 400 millones de pesetas de la época, 2,4 millones expresado en euros. Si Pujol no hubiera aparcado las acciones de la Fundació Catalana, habría sido con creces el principal accionista de la entidad.
Sí aparece en el listado la Fundació Catalana como titular de un paquete accionarial con un valor nominal de 255 milones de pesetas. Pero en aquel momento no existía ni ley ni registro de fundaciones y, vista la tendencia de la familia a no elevar a públicos sus acuerdos de compraventa –como la mansión de Pedralbes que compró Jordi Pujol Ferrusola en 2001 por 3,6 millones de euros y que sigue a nombre del anterior propietario–. En la querella que dos años más tardes el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Barcelona, Carlos Jiménez Villarejo, y su teniente, José María Mena, se destaca que el paquete accionarial que supuestamente fue donado a la Fundació Catalana, nunca apareció.