Así fue la reunión en la que el clan Pujol decidió confesar
¿Por qué ahora? Ese es el gran misterio que planea sobre la confesión del expresident de la Generalitat del pasado 25 de julio en la que admitía haber tenido dinero sin declarar el extranjero durante los últimos 34 años. La policía y la justicia llevaban dos años investigando a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola. La Fiscalía llevaba el mismo tiempo recabando datos sobre el posible blanqueo de 2.000 millones de euros por su hijo pequeño Oleguer. ¿Qué fue lo que empujó a Pujol a confesar? La reunión que el expresident convocó en la casa que su hijo Josep posee en Latour de Carol, ofrece buena parte de las claves a esas preguntas. El cónclave, al que asistieron sus siete hijos y sus respectivos cónyuges, se celebró el 12 de julio, según fuentes próximas al clan Pujol-Ferrusola. El expresident ya había reclutado a tres prestigiosos abogados y a un asesor fiscal para el equipo de defensa ante los tribunales y ante Hacienda.
El expresident y su esposa, Marta Ferrusola, se recluyeron en la finca de su hijo Josep en la Cerdanya francesa desde el 7 de julio. Ese día, el diario El Mundo publicó que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos, Pere, Marta, Mireia y Oleguer, habían realizado 11 ingresos por un valor total de 3,4 millones de euros en la Banca Privada d’Andorra (BPA) durante el mes de diciembre de 2010.
Hasta ese momento, según las citadas fuentes, los Pujol estaban convencidos de que la investigación judicial sobre el hijo mayor del expresident cojeaba porque la mayor parte de los datos recabados por los responsables de la investigación sobre el hijo mayor del clan, Jordi, procedían de las denuncias de su exnovia, Victoria Álvarez. Una investigación que los Pujol-Ferrusola observaban con optimismo porque Álvarez, además de novia del primogénito del clan, había ejercido de comisionista -según el clan-, especialmente en México, y porque el titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, había rechazado en primera instancia las alegaciones de Álvarez. Sólo abrió diligencias por orden de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional que respondía a un recurso de la Fiscalía.
Los Pujol Ferrusola atribuían muchos de los informes de la UDEF a especulaciones a partir de la denuncia de Victoria Álvarez filtradas por personas próximas al jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Jorge Moragas, a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.
No podían estar más equivocados. El hasta entonces abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Javier Melero, informó a los Pujol, casi al mismo tiempo que aparecía la información sobre las cuentas andorranas, de que Ruz iba a citar en calidad de imputado a Jordi Pujol Ferrusola. Y no descartaba que también fuera imputada su exesposa, Mercè Gironès, porque es cotitular de muchas de las cuentas investigadas por Ruz. Por eso también fue convocada a la multitudinaria reunión en Latour de Carol. El juez consideraba probado que Jordi Pujol Ferrusola movió hasta 32 millones de euros por 18 paraísos fiscales diferentes y los investigadores cifraban la fortuna en el extranjero del hijo mayor del expresident en 55 millones de euros.
Pero esa no fue la razón principal de la reunión. El auto de Ruz en el que citaba a Jordi Pujol Ferrusola y a su exesposa, Mercè Gironès, no fue dictado hasta el 29 de julio, cuatro días después de que Pujol se inmolara públicamente. La verdadera razón fue la precisión de la información sobre la cuenta en la BPA, que les llevó a la convicción inicial de que estaban siendo investigados por el CNI. Por eso, el expresident se refugió en Latour de Carol y, desde allí, empezó a preparar su plan de contingencia. Hasta ese momento, tres de los hijos del matrimonio Pujol-Ferrusola afrontaban problemas judiciales: Jordi, en la Audiencia Nacional por sus actividades empresariales en España, pero sobre todo en el extranjero, incluidos 18 paraísos fiscales; Oleguer, investigado por la Fiscalía por un supuesto blanqueo de 2.000 millones de euros; y Oriol, el único dedicado a la política, imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso de las ITV. Pero la aparición de la cuenta en la BPA amenazaba con sentar en el banquillo a la familia al completo.
Entre el 7 y el 12 de julio, Pujol contactó con uno de los penalistas más prestigiosos de Barcelona, Cristóbal Martell, para que coordinara un equipo encargado de defender a la familia al completo, con la excepción de Oriol, que seguiría defendido por Melero. Oriol es el único que ostentaba cargos de alta dirección en Convergència Democràtica de Catalunya al estallar el caso por el que está imputado en el TSJC.
A Martell le iban a asistir el abogado Albert Carrillo, un letrado de la confianza de Jordi Pujol Ferrusola, y, en lugar de su fiscalista habitual, el especialista en tributos Joan Anton Sánchez Carreté, encargado de los impuestos del expresident desde los primeros años 80. Apartar a Melero de la defensa de Jordi Pujol Ferrusola y no de la de Oriol era una manera, según el expresident, de desvincular el caso Pujol de Convergència Democràtica.
Eso fue lo primero que anunció Pujol a su familia aquel sábado. Martell y Sánchez Carreté recomendaron encarecidamente a sus nuevos clientes que regularizaran el dinero que tenían en la BPA. Todos aceptaron y Sánchez Carreté se ocupó de los trámites el mismo lunes 14 de julio.
Pujol también conminó a su hijo Oriol a renunciar a todos sus cargos en el partido y en el Parlament. De hecho, él mismo había renunciado temporalmente tanto a la secretaría general de Convergència como a la presidencia del grupo parlamentario, con la esperanza de recuperar ambos puestos en cuanto fuera exonerado y, tal vez, suceder a Artur Mas como candidato a la presidencia de la Generalitat. Pero Mas prevé convocar la consulta soberanista el 9 de noviembre y, si se declara ilegal, puede verse obligado a convocar unas elecciones plebiscitarias. Oriol Pujol sigue imputado y las encuestas auguran una caída a plomo de CiU en esas eventuales elecciones.
Confesión y querella andorrana
Confesión y querella andorrana
El tercer anuncio dejó a todos los asistentes sin habla. El expresident había decidido que, una vez cumplidos algunos trámites como las declaraciones complementarias presentadas por Marta Ferrusola y sus hijos Marta, Pere, Mireia y Oleguer; la entrega de la venia para la defensa de Jordi Pujol Ferrusola por Melero a Martell; y, sobre todo, recabar el máximo de información posible sobre el origen de la información sobre la cuenta en la BPA, haría una confesión pública de que tenía dinero en el extranjero desde 1980.
El nuevo equipo de defensa no tardó en hallar la fuente de la policía en la información sobre la cuenta de la BPA, una vez los cinco implicados les confesaron el rastro del dinero. Había sido transferido desde Suiza a una cuenta en la entidad Andorrana Andbank. Desde ahí, los cinco tuvieron que desplazarse a Andorra a sacar el dinero de Andbank para ingresarlo en la cuenta de la BPA de la familia. La cuenta llegó a tener un saldo de cerca de siete millones, pero en julio era de entre cuatro y cinco. La regularización ha costado dos millones a la familia.
Lo defensores de la familia Pujol descartan ahora la intervención del CNI en el asunto. Todo apunta a un miembro despechado de los servicios jurídicos de BPA que habría puesto la documentación en manos de la UDEF. Esa es la razón de que el clan del expresident haya anunciado la presentación de una querella contra Andbank y BPA por vulnerar el secreto bancario. Porque, según el Gobierno andorrano, la información no ha pasado por la vía judicial y sería fruta del árbol prohibido. La imagen del expresident no se recuperará, pero sus abogados intentarán anular la prueba para evitarle el trago judicial.
Una vez regularizado el dinero y descubierta la supuesta fuente de la información sobre las cuentas andorranas, Pujol siguió adelante con su plan y, el 25 de julio, envió un comunicado con su confesión a todos los medios de comunicación y acabó así con su estatus de referente político de la Transición. Y asestó así un golpe posiblemente mortal al proceso soberanista puesto en marcha por su sucesor en CDC y en la Generalitat, Artur Mas.
