Los Pujol ahondan en la herida de la policía política para recortar la investigación en su contra
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola no se conforma con el cierre de la investigación sobre el origen irregular del pendrive que la Policía pretendió introducir en la causa contra el clan del expresident de la Generalitat. Los abogados de Pujol Ferrusola han solicitado al juez José de la Mata que reabra el caso, llame a declarar al jefe del grupo de la UDEF encargado de las pesquisas y purgue aún más las pruebas utilizadas por los investigadores para perseguir la presunta trama de corrupción.
En un contundente auto, De la Mata ponía de manifiesto las irregularidades cometidas por la Policía para impulsar la investigación contra la familia Pujol y enviaba el caso a un juzgado ordinario de Madrid, una vez que la información procedente del pendrive sospechoso fue apartada de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Los abogados Cristóbal Martell y Albert Carrillo pretenden también que De la Mata anule dos informes policiales más, aparte del que el juez ya ha rechazado por haberse elaborado con información procedente de la memoria externa, así como que queden fuera “todos los objetos procesales novedosos que estos informes y el informe 9842 -el ya apartado- incorporan, con prohibición de desplegar nueva actividad investigadora respecto de éstos”, dicen los letrados en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es.
Esto implica que, además de no poder utilizar el contenido de esos informes para acusar, los agentes no puedan tirar del hilo de datos incluidos en los mismos.
Los métodos de la Operación Cataluña afloraron en la pieza separada que abrió De la Mata para investigar el origen del misterioso pendrive. Por su despacho han pasado desde enero algunos de los principales actores de la policía política con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Al frente, Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016, quien incurrió en tales contradicciones que De la Mata le acusa de mentir en sede judicial y, por eso, remitió las actuaciones a los juzgados de Madrid por los delitos de falso testimonio y/o prevaricación y fraude procesal.
El juez acusa a Pino y a su colaborador Bonifacio Díez Sevillano de “hacer trampas” en la investigación de los Pujol. El magistrado también se dirigió al Ministerio del Interior para que actúe “a efectos disciplinarios, honoríficos u otros que correspondan”.
Ambos mandos han sido ampliamente recompensados por Interior en los últimos tiempos. Pijo se jubiló en junio, pero antes fue condecorado con una medalla que le sube el sueldo un 15% de forma vitalicia. Díez Sevillano, por su parte, está destinado en la Embajada en México con un sueldo bruto mensual superior a los 11.000 euros.
Fuentes policiales aseguran que Interior no retirará por el momento las medallas a los miembros de la policía política, ni serán cesados en sus destinos, al menos mientras las investigaciones judiciales en marcha no deriven en resoluciones firmes.
Con independencia de las portadas que llenaron los informes apócrifos de la policía política, solo una causa judicial sigue adelante contra algunos de los protagonistas de sus seguimientos, el caso Pujol de la Audiencia Nacional. Y es precisamente en el marco de ésta donde se ha puesto de manifiesto el carácter perjudicial para la lucha contra la corrupción que tuvo la actuación de ese grupo de mandos y que los abogados de los Pujol están dispuestos a aprovechar.
Declaración del jefe de grupo
Los abogados de Pujol Ferrusola quieren que declare el jefe de grupo de la UDEF porque él escribió en un informe que la información del pendrive procedía de “conexión de datos en bases de inteligencia policial”, en contra del testimonio de Díez Sevillano y del exjefe de la UDEF Manuel Vázquez acerca de una memoria informática que fue pasando de mano en mano hasta acabar en el ordenador del jefe de grupo, sin que se pueda acreditar el verdadero origen de la misma.
En la misma línea que los abogados de Pujol se expresan los del empresario Luis Delso, también imputado en la causa. Además de solicitar la eliminación de los citados informes policiales, los letrados de Delso inciden en que tampoco servirán “cualesquiera averiguaciones, requerimientos, comisiones rogatorias que, en su caso, traigan causa de dichos informes”. En el futuro, el instructor policial, escribe el abogado José Antonio Choclán, “debe identificar la fuente concreta de conocimiento en ocasión de cualquier informe ampliatorio que realice”.
Además, los abogados del expresidente de Isolux, piden expresamente que se excluya de la investigación toda la información referente a dos convenios y a los proyectos en Congo, Ghana y Gabón, que contenía el pendrive. El juez investiga una red de sobornos presuntamente organizada por la empresa constructora en esos países durante la presidencia de Delso.
