El juez del caso Púnica atribuye al presidente de Murcia tres delitos de corrupción
El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, está desde este lunes más cerca de ser un imputado más en la causa por corrupción de la Operación Púnica. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una pieza por la actuación de la trama en esa región en la que se dirige contra 22 personas, entre ellas Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro. Ambos son aforados, por lo que deben ser el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Tribunal Supremo, respectivamente, los que formalicen su imputación.
En un auto dictado este lunes, el juez atribuye a Pedro Antonio Sánchez los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada por supuestamente concertarse con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.
En el caso de la senadora Barreiro, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.
Respecto de los dos anteriores, el juez señala que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región de Murcia (cuyo enjuiciamiento correspondería al TSJM) debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, “su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada”.
El juez Eloy Velasco acordó en septiembre de 2015 la formación de doce piezas separadas, posteriormente ampliadas a 14, para una mayor agilidad en la tramitación y enjuiciamiento de estos hechos. Ahora, con este auto acuerda conformar la tercera de esas piezas (la primera fue el chivatazo de la investigación y la segunda la de León) con toda la documentación referente a esos hechos y delimita las personas contra las que se dirige esta pieza.
En este caso, además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria, Turismo y Empresa de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.
El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno de los investigados, también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos, Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.
La Fiscalía se opone a la imputación
Anticorrupción no comparte el criterio del juez y ha presentado un escrito contra la elevación de una exposición razonada al TSJM para investigar al presidente de Murcia. La tesis del Ministerio Fiscal es que no hubo perjuicio para las arcas públicas porque no se llegó contratar con la trama para mejorar su reputación.
La Fiscalía considera además que los contratos de publicidad y los de reputación institucional están separados por una línea divisoria “ciertamente tenue”, algo a tener en cuenta en un caso que se ocupa de “la presunta prestación de servicios de publicidad personal encubierta”. Asegura que hay una “dificultad” en “deslindar” los dos tipos de contratos.
La Fiscalía sí que apoya al juez Velasco en el caso de la senadora Pilar Barreiro. Comparte la elevación de su investigación al TSJM por delitos de falsedad, prevaricación y malversación.
