El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia para que impute al presidente regional Pedro Antonio Sánchez. Le acusa de los delitos de fraude, revelación de información reservada y cohecho por pactar con el conseguidor de la trama Púnica pagar por su limpieza de imagen desviando fondos para la formación.
A mediados de febrero, Velasco abrió una pieza separada del caso Púnica por la actuación de la trama en Murcia en la que se dirigió contra 22 personas, entre ellas Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro. Ambos son aforados, por lo que deben ser el Tribunal Superior de Justicia de Murcia y el Tribunal Supremo, respectivamente, los que formalicen su imputación.
En el texto de 32 páginas que ha enviado al tribunal, Velasco detalla que Sánchez concertó con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica, la realización de trabajos en redes sociales para “limpiar” su imagen de cara a las elecciones autonómicas, después de verse salpicado por el 'caso Auditorio'. Quería “limpiar la inconveniente imagen que podría dar ante el partido y la sociedad” para ganar las elecciones, como así ocurrió, señala el magistrado.
El juez cree que Sánchez intentó contratar con la Púnica “lastimando los intereses de la Administración Pública, que no debe correr con semejantes gastos particulares”, porque intentó cargar los gastos de esa campaña a la Consejería de Educación, que dirigía por entonces. “No lo sufragó con su dinero particular, ni lo hizo personal al servicio de su cargo público de su Gabinete de Prensa, pues no está entre sus labores acondicionar la imagen privada de la persona, y él era consciente”, señala Velasco.
El escrito recoge los detalles del contrato que acordaron Sánchez y De Pedro, y añade que se llegó a concertar el inició de la actividad en redes sociales, la contratación de un periodista y hasta la cantidad mensual a pagar por esos trabajos, que ascendería a 4.600 euros al mes.
El juez discrepa de la Fiscalía Anticorrupción
Velasco discrepa de la Fiscalía Anticorrupción, que se opuso a la investigación contra el presidente murciano alegando que el contrato no se llegó a materializar y por tanto no hubo perjuicio a las arcas públicas. El juez cree que por esa razón no se le acusa de malversación, pero sí puede ser acusado de fraude porque basta con el “mero acuerdo” para amañar un contrato, aunque no se concrete.
La misma argumentación vale para el delito de revelación de información reservada. El juez, de hecho, cita una sentencia escrita por el actual fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuando era magistrado del Tribunal Supremo: basta con “la inicial comunicación de lo que se pretendía” a una empresa con la que se pretende amañar un contrato público.
En el escrito, Velasco detalla que hubo cuatro reuniones “cuasi clandestinas”, algunas fuera de la sede de la Consejería, en las que se cerraron todos los detalles del contrato. La firma del documento solo se frustró por el estallido del caso y la detención del propio De Pedro a finales de octubre de 2014.
El juez detalla todas las comunicaciones entre los implicados en el amaño del contrato así como los informes previos elaborados por las empresas del conseguidor de la trama. En uno de ellos, recoge el magistrado, se recomendaba comenzar con los trabajos para mejorar la imagen de Sánchez porque “el 70% de las informaciones que aparecían en Internet sobre él eran negativas por los procesos judiciales en los que se había visto envuelto en su etapa de alcalde en Puerto Lumbreras”.