El auto de la Audiencia Nacional sobre el Caso Púnica conocido este lunes deja grandes nombres llamados a declarar como investigados, como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. Pero hay otro nombre propio protagonista, el de la empresa tecnológica española Indra, que aparece vinculada a la financiación irregular del Partido Popular en Madrid desde el año 2007.
El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón define la actuación de la multinacional tecnológica, uno de los gigantes del IBEX: “Un instrumento de desvío de fondos públicos” de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), la segunda empresa pública del Gobierno regional que manejó presupuestos anuales por más de 150 millones de euros en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Indra, apunta el auto, es uno de los principales proveedores de ICM, que resultó beneficiado en las adjudicaciones del ente público con más de 15 millones de euros y “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido”.
Es ahí donde García Castellón señala a Indra como “instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP madrileño y de otras deudas del partido o de sus dirigentes”, según figura en el escrito. Según el juez, la firma tecnológica pagó al menos 1,13 millones de euros a través de facturas falsas a supuestos proveedores que en realidad trabajaban para el Partido Popular.
El último auto del sumario Púnica no solo señala a la empresa. Según el juez, esta colaboración se hizo con “la participación activa” de Javier de Andrés, consejero del grupo, Santiago Roura, director general de operaciones, y también del presidente por aquel entonces, Javier Monzón, que era responsable del consejo, con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección. Monzón es actualmente el presidente no ejecutivo del grupo Prisa.
García Castellón va más allá y señala que la “pleitesía” de Indra, para seguir las órdenes del PP madrileño, tuvo su raíz en las adjudicaciones que recibió por parte de la Comunidad de Madrid durante los años investigados. En concreto, señala los contratos para prestar los servicios de infraestructura electoral para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011.
El auto remarca que Indra “nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos”. Acusa a Monzón y a los directivos Javier de Andrés y Jesús Vicente Gil de “intervenir en la decisión de la realización de entregas de dinero efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del PP madrileño”. Apunta que Roura, Diego Mora y Cristina Bombín, ejecutaban las decisiones que se tomaban en el seno de la dirección de la compañía.
El juez apunta que a través de conversaciones telefónicas interceptadas se ha conocido que Indra abonó deudas de ICM con el empresario Alejandro de Pedro por trabajos para la mejora de la reputación de altos cargos del Gobierno autonómico. En concreto, apunta al pago realizado por el citado directivo de Indra, Santiago Roura, de un sobre de 10.000 euros a De Pedro en el interior de un vehículo en un aparcamiento de La Moraleja.
De este modo, subraya el auto, los avances en la investigación han concretado el rol de Indra en el “pago encubierto de facturas al entramado societario” utilizado por el PP madrileño para sufragar encubiertamente los gastos de las campañas electorales. “El dinero sería desviado a través de los presupuestos inflados de los contratos adjudicados a Indra desde ICM”.
El escrito de García Castellón detalla diferentes facturas “mendaces” que fueron abonadas por Indra que, entre 2008 y 2013, sumaron más de 1,13 millones de euros. “El pago de las facturas habría sido el mecanismo empleado para transvasar los fondos desde las cuentas de ICM a las cuentas de los investigados”, incide.