El juez de Púnica investiga la séptima vía de financiación ilegal del PP de Madrid
Pagos de empresarios en B, restaurantes de la Asamblea de Madrid, una fundación conectada con Gürtel y hasta parquímetros en el municipio de Valdemoro. La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid, que se desprendió del caso Púnica, ha ido destapando una serie de vías de ingresos opacos a las que ahora se suma la publicidad de los hospitales privatizados durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional.
Detrás de estas nuevas actuaciones están los documentos encontrados en Génova 13 y en la casa de Beltrán Gutiérrez, además de las claves extraídas de la agenda del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Aguirre en el PP regional, Francisco Granados.
Decenas de registros en domicilios y oficinas y las declaraciones de medio centenar de imputados hacen sospechar a los investigadores que todos esos caminos conducen a la financiación irregular del Partido Popular en Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reactivado la investigación de esta pieza secreta con nuevos registros e interrogatorios. Tras sus decisiones está la sospecha de que los populares madrileños nutrieron su propia caja B, separada de la que tenía el partido a nivel nacional, también con dinero del presupuesto destinado al plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007.
Se trata de uno de los proyectos estrella de Aguirre que contemplaba la construcción de una red de hospitales por toda la Comunidad de Madrid para que estos fuesen gestionados por empresas de la sanidad privada, según repetía, para mejorar su eficiencia.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este martes en las oficinas de la Consejería de Sanidad para requerir información sobre las partidas destinadas a publicitar el proyecto de los hospitales privatizados. En concreto, el dinero destinado a campañas de buzoneo y vídeos, unos 23 de millones, el 1% del montante total del plan, 2.300 millones de euros. Es la séptima vía de supuesta financiación irregular del PP madrileño que están investigando distintos juzgados.
Además de recabar documentación, Velasco ha tomado declaración este miércoles a Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid y considerado como una de las piezas centrales de la presunta financiación ilegal, al empresario Arturo Fernández, cuyos contratos con la Asamblea de Madrid están bajo sospecha, y al exconsejero de Transportes de Aguirre, José Ignacio Echeverría, que ejerció también como tesorero regional.
Fundescam, la primera vía de financiación ilegal
Además del dinero del plan de los hospitales, los juzgados también investigan las subvenciones de la Comunidad de Madrid a Fundescam (Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid). Aunque esta fundación habría intentado justificar el destino de ese dinero, la Guardia Civil cree que en realidad fue a pagar gastos del PP e indaga si existe un delito continuado que evitaría la prescripción de las actuaciones.
Fundescam, el organismo dependiente del partido creado por Aguirre y que recolectaba fondos de multitud de empresarios, constituye la primera vía de la presunta financiación ilegal del PP.
El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, detalló en la confesión publicada por eldiario.es que Fundescam había pagado los actos del PP durante la campaña electoral que siguió al Tamayazo. La fundación pagaba las facturas con el dinero que habían aportado empresarios que luego se llevaban adjudicaciones de la Comunidad de Madrid.
Durante la siguiente campaña electoral, la de 2007, el partido también recurrió a la red Gürtel a través de uno de los consejeros de Aguirre, Alberto López Viejo, para el que la Fiscalía Anticorrupción pide 46 años de cárcel por estos hechos. Cuando el PP se quedaba sin fondos para financiar mítines, intervenía el que fuera viceconsejero de Presidencia para facturar los eventos al gobierno regional. Actos de partido pagados con dinero público de la Comunidad de Madrid, según relato el delator de la Gürtel.
Para destapar la tercera rama de la financiación del PP madrileño hubo que esperar al estallido del caso Púnica. Al exsecretario general del partido Francisco Granados se le intervino una libreta con anotaciones que su socio, el empresario David Marjaliza, ayudó a descifrar a cambio de una reducción de condena. Decidió colaborar con la investigación y ayudó a los agentes a descubrir que las anotaciones manuscritas eran posibles entregas de dinero negro.
Ese hallazgo propició una operación policial en la primera planta de Génova 13, donde tiene su sede el PP de Madrid, además de registros en la casa de Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente regional del partido, y del empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, quien entonces se sentaba en el consejo de administración de esa empresa.
Los investigadores de Púnica creen que López Madrid, actualmente imputado en la causa, está detrás de los pagos en metálico al PP de Madrid por valor de 1,8 millones de euros. Según las anotaciones de la libreta incautada, el partido habría recibido dos millones de euros de dinero negro a través de Granados. De los apuntes recogidos, el 90% correspondería a entregas del yerno de Villar Mir.
Granados, en prisión provisional desde 2014, pidió declarar ante Velasco a finales de 2016 con el fin de conseguir la puesta en libertad antes de las navidades. Pero no aportó nada que el juez pudiese interpretar como un atisbo de colaboración, es más, enfadó a los presentes en la vista cuando dijo que las anotaciones de su libreta no eran entregas de dinero, sino asistentes a actos. Volvió a su celda horas después y ahí sigue.
Los restaurantes de Arturo Fernández
Unos meses antes del amago de colaboración de Granados, el juez Velasco había comenzado la investigación de otra posible vía de financiación ilegal del PP de Madrid. El pasado 27 de septiembre, agentes de la Guardia Civil se presentaron en la Asamblea de Madrid para recabar los expedientes sobre los contratos que se habían firmado con las empresas de Arturo Fernández para los restaurantes de la Cámara autonómica.
En este caso, el juez Velasco puso el foco en los contratos que la Asamblea de Madrid selló con el expresidente de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de la capital, para que explotase el restaurante de la institución a través de su grupo, Cantoblanco. Fernández siempre ha presumido de que sus amistades en el PP regional sirvieron para abrirle las puertas a sus negocios con distintas instituciones.
Un mes después de esa actuación, en octubre, se levantó el secreto de sumario sobre una parte del caso Púnica. Entre los miles de folios, un informe de la Guardia Civil en el que se hablaba de una posible nueva vía de financiación del PP de Madrid: los parquímetros de Valdemoro, el feudo de Granados.
Según ese documento, 100.000 euros de la campaña electoral en 2011 del PP de Valdemoro salieron de una mordida abonada por un empresario a cambio de que el servicio de parquímetros fuera adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Seys Medioambiente S.L y Valoriza.
Las investigaciones en el marco de la trama Púnica también han apuntado a fondos desviados desde distintas administraciones para beneficiar electoralmente al PP, en la que sería la sexta vía. En este caso el protagonista es el supuesto conseguidor de la red, Alejandro de Pedro Llorca. Este empresario informático realizó, según la investigación que instruye Velasco, trabajos para distintas candidaturas municipales del PP en Madrid donde creó páginas webs en vísperas de las elecciones de 2011 para difundir la propaganda del partido.
Varios candidatos del PP han declarado que ellos no abonaron nada por esos trabajos a De Pedro, quien había llegado a los distintos ayuntamientos recomendado por la dirección regional. En aquel momento, De Pedro ya cobraba del Gobierno de Esperanza Aguirre por trabajos de reputación online para algunos de sus consejeros, que también están siendo investigados en este voluminoso sumario.
