El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, no imputará a Francisco Granados por obstrucción a la Justicia y calumnias por intentar mezclar en esta causa la investigación por narcotráfico contra David Marjaliza. Rechaza así la petición del empresario y de la Fiscalía, que reprocha al abogado de Granados que le defienda con “continuas descalificaciones” y una actitud “obstruccionista e intimidatoria”. El magistrado también se niega a indagar en un supuesto trato de favor a Marjaliza en esa investigación por tráfico de drogar porque cree que la petición se basa en “en elucubraciones sin base alguna”.
Este nuevo enfrentamiento entre quienes llevaron las riendas de la trama Púnica nace tras el archivo hace unas semanas de una investigación contra Marjaliza iniciada en 2014. Inmediatamente después, Granados presentó un escrito en el que pedía que se retomasen esas pesquisas y se uniese esa investigación a la de Púnica.
El objetivo de Granados y su abogado, Javier Vasallo, era tratar de demostrar que Marjaliza tiene un pacto con la Fiscalía que le está reportando beneficios judiciales. Sostiene que goza de beneficios y privilegios que se han extendido a la causa por narcotráfico ahora sobreseída: “El gran premio que obtuvo, sin más, el testigo principal de la presente causa, investigado en otras, es que se dejaran en el olvido causas de salud pública, blanqueo de capitales derivados del mismo y otras circunstancias”.
Represalias contra los agentes de la UCO
Marjaliza respondió con otro escrito en el que pedía que esa maniobra fuese entendida como un delito de obstrucción a la justicia y otro de calumnias, a lo que se sumó la Fiscalía en un duro informe contra el abogado de Granados. Le acusan de tomar represalias contra los agentes de la UCO que testificaron contra él en la causa por revelación de secretos y que se saldó con la primera condena para el exsecretario general del PP de Madrid.
Las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, recuerdan que la investigación contra Marjaliza por delitos de narcotráfico se centra en unos hechos “que nada tienen que ver” con los investigados en Púnica. Además, recuerdan que el juez y la Fiscalía de ese caso lo archivaron porque no vieron relación entre Marjaliza y el resto de investigados. Por lo tanto, se trata de “una diligencia inútil, solicitada al margen del derecho de defensa”.
A partir de ahí, las fiscales cargan contra el abogado de Granados por un escrito “cargado de acusaciones” y recalcan que no tuvieron conocimiento de la investigación por narcotráfico, así que difícilmente pudieron intervenir para procurar a Marjaliza un trato favorable a cambio de sus revelaciones en Púnica.
Aseguran que el derecho de defensa que asiste a Granados no es “una carta blanca de legitimidad ni al insulto ni a la descalificación”. “El letrado del Sr. Granados ha iniciado una línea de defensa sustentada en continuas descalificaciones” señalan, y recuerdan que “ha venido presentando diversas denuncias contra todos los testigos de la pieza 1 de la causa ”revelación de secretos por un Guardia Civil“, carentes de toda verosimilitud y que solo se explican como represalia por el testimonio prestado en juicio oral”.
Así, más allá de las responsabilidades penales que se desprendan de la actuación del abogado de Granados, la Fiscalía pidió que los escritos presentados por su letrado se enviasen al Colegio de Abogados “a los efectos de valorar su responsabilidad disciplinaria”.
El juez desestima todas las peticiones
A pesar de las “muy desafortunadas e inconsistentes” alegaciones del cabecilla de la trama, al juez García Castellón ha desestimado las peticiones de la defensa de Marjaliza y la Fiscalía. Cree que sus actuaciones son enmarcables dentro del derecho de defensa, por lo que no enviará los escritos al Colegio de Abogados.
También rechaza incorporar la investigación por narcotráfico al caso Púnica porque la petición se basa “en elucubraciones sin base alguna y en nada tienen relación con los hechos que en esta causa se instruyen”. El juez afea al abogado de Granados que haya omitido que la vía para corregir posibles irregularidades en una causa son los recursos, no tratar de arrastrar la investigación a otra muy distinta.
García Castellón cierra así el último enfrentamiento entre los cabecillas de la trama Púnica, enemistados desde que Marjaliza optó por colaborar con los investigadores y destapar los aspectos clave del caso, como la agenda de Granados que recoge la supuesta caja B del PP de Madrid. La defensa de este último trata de demostrar que el empresario actúa en base a un acuerdo con la Fiscalía, pero el juez ha cortado cada intento de seguir por esa vía.
Este martes ambos coincidirán en el Congreso de los Diputados, citados en la comisión que investiga la financiación del PP. Granados, además, volverá el jueves a la Audiencia Nacional para continuar con su declaración en Púnica, un caso en el que se oscurece su futuro judicial con cada nueva revelación de su antiguo amigo.