El Qatargate abre un frente judicial en España contra unos ultras difusores de bulos

El 9 de diciembre de 2022 se recordará siempre en la burbuja bruselense como uno de los más convulsos. La policía irrumpió en la sede del Parlamento Europeo para registrar varios despachos y, tras horas de incertidumbre, detuvo a la entonces vicepresidenta de la institución Eva Kaili, como partícipe de una trama de sobornos procedentes de Qatar –y Marruecos– en la que también estaban involucrados otros dos eurodiputados socialistas, su entonces pareja –un asistente parlamentario– y el que había sido jefe de este, el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri, considerado el líder. El juez consideró que podía suspender su inmunidad porque había pillado in fraganti a Kaili por avisar presuntamente a su padre, al que la policía detuvo saliendo de un hotel con una maleta cargada de billetes, y la envió a prisión. 

Tan solo cinco días después de aquel escándalo sin precedentes en Bruselas, la Fiscalía Europea con sede en Luxemburgo recibía una carta certificada que contenía una denuncia sobre el presunto “modus operandi” del entramado. El texto iba a acompañado de varios documentos que, sin ningún tipo de sello ni validación, simulaban extractos de cuentas bancarias en Panamá de los implicados en el Qatargate. Se trataba de documentación falsa con supuestos movimientos que procedían del emirato hacia los bolsillos de Kaili, su padre, Panzeri o el eurodiputado Marc Tarabella. 

Quienes solicitaban a la Fiscalía europea la “urgente investigación” eran Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, dos conocidos difusores de bulos que se curaban en salud asegurando que habían recibido de forma anónima ese material que ponían a disposición de la Fiscalía Europea. Rápidamente esa fake news estaba colgado en páginas de su órbita e incluso algunos medios de comunicación se hicieron eco. 

Ahora es la Fiscalía española la que ha recibido una denuncia de la exvicepresidenta de la Eurocámara contra los ultras Royuela y Martínez Grasa. Kaili sostiene que, además de la difamación, la maniobra torpedeaba la investigación del Qatargate y considera que ha estado en prisión más tiempo que el resto de los implicados por esa denuncia falsa, que, según le consta a la defensa sigue sobre la mesa de los jueces belgas. 

“No estamos solo ante un acto difamatorio, que tendría su encaje en la acción penal directa de mi defendida –que no la descartamos–, sino ante una actuación que pretende, de una parte, generar confusión en las autoridades fiscales y judiciales induciéndoles a creer que aquello que no existe –mediante la creación de documentos y aportación de datos falsos– y, de otra, mediante este tipo de denuncias falsas engañar a terceros para conseguir financiar sus ilícitas actividades a través de este tipo de acciones presuntamente criminales”, argumenta en la denuncia el abogado de la socialista griega, Gonzalo Boye, que sigue negando que Kaili haya recibido ningún tipo de soborno o pagos al margen de su sueldo como eurodiputada.

La denuncia de Kaili, que insta a la Fiscalía a investigar si los hechos tienen “relevancia penal” o si forman parte “de un entramado criminal más complejo”, abre un frente judicial de Qatargate en España, pero no es el único que tienen Royuela y Martínez Grasa, que desde este miércoles están en prisión provisional por otra causa similar investigada en la Audiencia Nacional, que les acusa de formar una estructura dedicada a la difusión de noticias falsas con las cuales tanto ellos como otros imputados ganaban dinero. 

Dos ultras y un juez corrupto

Alberto Royuela, de más de 80 años, adquirió notoriedad como miembro de la ultraderecha barcelonesa en la década de los años 70. Subastero de profesión, compaginaba su trabajo con liderar la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y empezó a lanzar acusaciones contra un fiscal, José María Mena, después de que uno de sus hijos muriera de sobredosis. Acusaciones de liderar un entramado criminal para perpetrar impunemente asesinatos como el de su hijo. 

Sus denuncias nunca llegaron a nada y sus acusaciones fueron creciendo como una bola de nieve que terminó acarreando condenas por falsificar documentos y denunciar en falso. Surgió en esos años el conocido como 'Expediente Royuela': documentos que según el ultraderechista probaban la existencia de esa organización criminal y a los que ningún juez dio nunca ninguna credibilidad.  

Su hijo Santiago también se integró en la ultraderecha y pasó por la cárcel después de ser condenado por participar en la colocación de un explosivo casero en un concierto de Fermín Muguruza a favor de los presos de ETA en Barcelona en 2001. Con los años, los dos se lanzaron a internet para seguir difundiendo su expediente, y en ese empeño les acompañó en ocasiones el periodista Juan Martínez Grasa.

En 2020 sus caminos se cruzaron con el de Fernando Presencia. Antiguo juez expulsado de la carrera por ser condenado en dos ocasiones por prevaricar y favorecer a amigos desde su juzgado, Presencia encontró en los Royuela unos aliados perfectos para vengarse de todos los vocales, jueces, fiscales y políticos que en algún momento le habían perjudicado. 

Presencia cargaba contra todos y lo hacía usando la documentación que, según reconoció él mismo, procedía de los archivos de los Royuela. Lo comentaban casi a diario en directos de YouTube, aunque las denuncias seguían sin pasar el filtro de la admisión a trámite. Cualquier persona que les hubiera llevado la contraria en los últimos años podía pasar a formar parte de la organización que escondía millones y millones de euros en el extranjero y asesinaba impunemente a gente. 

En la lista había jueces, fiscales, políticos y periodistas, generalmente del espectro progresista. Margarita Robles, Dolores Delgado, Manuel Marchena, toda la sala segunda del Tribunal Supremo y medio Consejo General del Poder Judicial, según Presencia, los Royuela y Martínez Grasa, tienen cuentas en paraísos fiscales y ocasionalmente han participado en asesinatos. 

Las denuncias 'spam' y la gestión de la asociación ACODAP, detrás de la que se escuda Presencia para difundirlo todo, han llevado a los cuatro a estar bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Y este mismo miércoles el juez que les investiga movía ficha porque, entiende, siguen haciendo lo mismo un año después de arrancar las diligencias: Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa han sido enviados a prisión sin fianza junto con Santiago Royuela y se ha detenido a Presencia, que no apareció en la Audiencia para declarar. 

El juez que les investiga dibuja un modus operandi: formaban parte de un grupo que buscaba enriquecerse “mediante la difusión de noticias falsas”. En su auto, Gadea desnuda la falsedad de sus denuncias: supuestos depósitos bancarios secretos a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero en los que, incluso, aparecía su DNI, y que se parecían mucho a otros que supuestamente tenía Dolores Delgado en un país distinto. Los metadatos demuestran que los documentos no salieron de ningún banco sino del ordenador de Royuela. Este miércoles, ante el juez, Martínez Grasa ha reconocido qeu esa documentación procedía de las “fuentes” de Royuela. Unas fuentes que, según los investigadores, eran él mismo y su imaginación.