Los querellantes por las torturas durante el franquismo acusan a Ruz de incumplir el tratado internacional de extradición
Los querellantes de las torturas llevadas a cabo por altos cargos durante al franquismo acusan al juez Pablo Ruz de haber incumplido el tratado internacional de extradición al no haber tomado medidas cautelares contra los presuntos torturadores. La jueza argentina María Servini de Cubría solicitó la detención internacional y, según los abogados de la acusación, esta orden debería haber implicado, de acuerdo con la legislación, que “se detuviera a los imputados y en un plazo no superior a veinticuatro horas fueran puestos a disposición del juez instructor de la Audiencia Nacional que se encontraba de guardia, a efectos de que por parte de éste se decidiera si acordaba su prisión provisional o adoptaba cualquiera otra de las medidas cautelares previstas en las mismas”.
El juez Pablo Ruz citará a los dos antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por Argentina por crímenes del franquismo que siguen vivos y han sido localizados en España, una vez la juez argentina María Servini formalice la petición de extradición. También notificará a Servini de Cubría que los otros dos franquistas ya han fallecido.
Los querellantes entienden que la justicia española debería haber decretado la prisión provisional o medidas cautelares para los reclamados por la “la gravedad de los crímenes cometidos, las altas penas –de ocho a veinticinco años de prisión- previstas en la ley argentina y el probable riesgo de fuga”.
La acusación muestra una “profunda extrañeza” ante la “evidente transgresión de la legislación aplicable” en la actuación de Ruz, aunque confía en que “cuando se curse la solicitud de extradición por parte del juzgado argentino, los imputados se encuentren a disposición de la justicia y que la Audiencia Nacional adopte cualquiera de las dos decisiones que en derecho corresponden: el enjuiciamiento de los imputados en España o su extradición a Argentina”, señala en un comunicado.
Además, critica la “nula colaboración” de la Fiscalía española con la justicia argentina en esta causa. De hecho, el Ministerio Público retuvo durante 48 horas la orden de detención para evitar que el juez Fernando Andreu se hiciera cargo del caso. Los letrados de la acusación también señalan las “presiones” ejercidas por el Gobierno español “para evitar el progreso” de la querella contra los torturadores.
