15 de septiembre de 2021. Cinco policías nacionales son detenidos por Asuntos Internos acusados de colaborar con una organización dedicada al tráfico de marihuana. El arresto de los agentes será una gota en el océano de arrestos que acumula el año –en 2020 se practicaron 3.840 detenciones por cultivo y tráfico de plantas de cannabis– pero más allá de las cifras, el hecho de que sean agentes de la autoridad y que constituyeran todo el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Mérida da cuenta del estatus que ha alcanzado y el poder de corrupción alcanzado por esta modalidad del crimen organizado.
El ritmo de crecimiento de las incautaciones de marihuana por las Fuerzas de Seguridad del Estado ha crecido un 150% desde 2015 y la aprehensión de plantas, un 305% en el mismo periodo, con un especial repunte en los últimos tres años. El tráfico de marihuana ya es la “tercera actividad criminal” en España por detrás del tráfico de hachís y el de cocaína, según señala un informe reservado del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) al que ha tenido acceso elDiario.es.
“El alto rendimiento económico de la producción y tráfico ilícito, la inferioridad penal del delito en relación con otras drogas, una cierta aceptación social por parte de algunos sectores como supuesta ‘droga blanda o con presuntas propiedades terapéuticas’, el creciente uso de las TIC [grow shop y clubes] para el comercio ilegal y la actual crisis económica, que puede hacer que personas vulnerables puedan ser empleadas por las organizaciones criminales para el cultivo y tráfico de esta droga, son factores que afectan a este fenómeno”, afirma el citado informe, destinado a realizar una “valoración de la amenaza” en España.
El trabajo del CITCO ha sido utilizado por el Ministerio del Interior para elaborar un plan de choque contra la criminalidad que conlleva el cultivo y tráfico de marihuana. “La amenaza contra la salud pública crece de forma constante y preocupante”, dijo el ministro Fernando Grande-Marlaska en su presentación a los medios el pasado 14 de diciembre. El titular de Interior y el propio plan presentado evitan algunas afirmaciones polémicas del informe como las referencias a un insuficiente castigo penal del tráfico de marihuana o al cuestionamiento del uso terapéutico de la sustancia. En cualquier caso, la respuesta del Gobierno al fenómeno es hasta ahora exclusivamente policial. El pasado octubre, el PSOE tumbó en el Congreso la primera ley que proponían las formaciones de izquierda e independentistas para despenalizar todos los usos de la marihuana. A los socialistas se sumaron PP, Ciudadanos y Vox en su voto contrario a la aprobación del texto. Marlaska dijo en la rueda de prensa que el plan de Interior “no tiene relación alguna con el debate abierto en sede parlamentaria”. Su objetivo es “la criminalidad asociada a la producción y tráfico de marihuana”.
El auge del cultivo y tráfico de marihuana en España tiene motivos dentro y fuera de nuestras fronteras. El hachís y la marihuana son la sustancia psicotrópica más consumida en la Unión Europea y España tiene unas características óptimas para haberse convertido en un país exportador. En primer lugar, “unas condiciones climáticas y de suelo adecuadas”, así como “grandes zonas despobladas” donde practicar el cultivo outdoor (en exterior), recoge el informe del CITCO.
Los expertos policiales añaden que España es un país con “acceso fácil y de forma legal” a la compra de equipos de cultivo y semillas, incluso para la adquisición de “sofisticados equipos de crecimiento que no solo se encuentran en los growshop o tiendas especializadas”, también “tiendas de jardinería o ferreterías”. Quien pretenda adquirir conocimientos para ello, añaden, tiene a su disposición consejos en Internet, las citadas tiendas especializadas o los clubes de cannabis.
A este contexto para el cultivo se une una suerte de cultura de la marihuana favorecida, siempre según los policías, por el menor castigo penal que tiene el tráfico de los derivados del cannabis respecto de otras sustancias psicotrópicas. Esta afirmación es puesta en cuestión desde el ámbito jurídico. El Código Penal no menciona sustancias estupefacientes; lo que hace es elevar la pena en su artículo 368 si el producto causa “grave daño a la salud”.
“Mayor potencia psicotrópica y efectos secundarios”
El propio informe del CITCO da la alarma respecto a una práctica al respecto que ha sido detectada en las incautaciones de los últimos años: “Una mayor concentración de THC en las plantas cultivadas de manera ilícita debido al empleo de técnicas de mejora genética”. El THC (Tetrahidrocannabinol) es el componente que provoca el “colocón” y los expertos de salud mental vienen alertando de los daños que están provocando estas alteraciones genéticas en las plantas. Las atenciones en urgencias también han crecido por intoxicaciones. La marihuana, advierte el informe, se está mezclando con cannabinoides sintéticos que implican “mayor potencia psicotrópica y con efectos secundarios a medio y largo plazo aún no identificados”.
Esa “potencia psicotrópica” es necesaria para acreditar su incidencia en la gravedad del delito ante los tribunales. La incautación de una plantación puede quedarse en un grado de tentativa de tráfico no consumado si las plantas de marihuana no han desarrollado aún los cogollos que luego se fuman. Tampoco hay por el momento jurisprudencia sobre los cultivos en sí.
Para poder demostrar cuánta droga se estaba produciendo son los propios agentes los que tienen que cortar y secar una muestra representativa de las plantas, según explica el informe reservado. Lo hacen “al aire o bien en secadoras a una determinada temperatura (para que el producto no pierda sus condiciones psicotrópicas), y una vez realizada esta operación, se pesan en seco y se hace una extrapolación de la cantidad de marihuana que podría extraerse de toda la plantación”. “Con este dato, se fija la sanción penal”, remata el informe policial.
Todo ello provoca un problema de alojamiento de las grandes cantidades de marihuana incautada. Solo en 2020 se decomisaron 1.700.462 plantas, aproximadamente el triple que en Países Bajos, que lideró históricamente la producción de marihuana en Europa. Es por ello que el CITCO propone agilizar los mecanismos de destrucción de las mismas, salvando las que sean necesarias para acreditar el ilícito penal, así como de los materiales requisados para su cultivo.
Colaboración con las eléctricas
La enorme cantidad de luz artificial que requieren los cultivos indoor (interiores) hace que los policías propongan igualmente colaborar con las empresas eléctricas para detectar plantaciones. La exportación de los cultivos al extranjero, oculta en camiones, pero también a través de empresa de paquetería, motiva que soliciten más control en carreteras y a las propias firmas de envíos.
Los expertos policiales están preocupados porque el crecimiento del negocio y sus ganancias está provocando enfrentamientos entre grupos. El informe afirma que “el incremento del nivel de violencia asociado a los robos de marihuana entre organizaciones y clanes en los cultivos indoor continúa en aumento”.
La mayoría de las 3.840 detenciones vinculadas a presuntos grupos dedicados al cultivo y tráfico de marihuana fueron de españoles, pero en los últimos cinco años se ha producido un crecimiento exponencial de ciudadanos chinos entre los investigados, a los que siguen británicos, serbios y marroquíes. Los policías también han detectado una fuerte presencia de albaneses desde 2019.
“En muchas ocasiones, las redes dedicadas a este tráfico compran las cosechas enteras a pequeños productores y las venden en Europa, principalmente a países como Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, Estonia o Lituania. Además, combinan esta actividad con otros tráficos como el hachís, cocaína o drogas sintéticas, a las que acceden mediante el tráfico de marihuana”, recoge el informe.
El cultivo y tráfico de marihuana, alertan los expertos, provoca un ecosistema propio de delitos relacionados. En las explotaciones dedicadas al cultivo, señalan, las organizaciones criminales “emplean a personas en condiciones de explotación, de modo que existen claras conexiones con la trata de seres humanos con la finalidad de cometer delitos y/o con fines de explotación laboral”.
El informe del CITCO propone potenciar las investigaciones cruzadas con estos otros delitos así como profundizar, al igual que se hace con el tráfico de cocaína, en la investigación patrimonial de los grupos organizados para poder incautar sus bienes. La proliferación de plantaciones indoor es tal que los agentes se atreven a hablar de “dinamización de un mercado inmobiliario paralelo dedicado a esta actividad”, al que hay que añadir la ocupación de viviendas para tal uso.
Además de la cuestionable afirmación sobre la falta de dureza con la que se castiga el tráfico de marihuana, el informe del CITCO contiene otras afirmaciones polémicas que fueron obviadas por el ministro en su presentación o al menos rebajadas, también por el director del organismo, el general de la Guardia Civil Manuel Navarrete. Entre ellas, que la lucha contra el tráfico de marihuana se ve afectada por la “dificultad en el cumplimiento efectivo de las penas de prisión” o que los jueces apliquen el atenuante de “drogadicción”.
Un catedrático de Derecho Penal consultado por este periódico, que prefiere no ser identificado, se sorprende en ambos casos de que un informe policial “de inteligencia” aluda a decisiones que son tomadas por los tribunales o los jueces de vigilancia penitenciaria de acuerdo a la ley vigente.
En este sentido, el catedrático recuerda que en 2010 se rebajaron las condenas para delitos de tráfico de drogas a pequeña escala porque las cárceles estaban “saturadas de camellos de esquina”. Asimismo señala que las diferentes agravantes con las que se puede castigar el tráfico de marihuana arrojan la posibilidad de penas muy elevadas. En el caso de la organización criminal, ámbito al que se refiere el informe del CITCO, pueden ascender hasta los 15 años de cárcel.
Uno de los puntos incluidos en el plan de Interior a propuesta del CITCO es aumentar el control sobre las asociaciones cannábicas y 'grow shops' “dedicadas al tráfico de marihuana” sin cifras que aclaren qué incidencia tienen en la criminalidad alrededor de la citada sustancia. El Tribunal Supremo advirtió en 2015 de que estos clubes no pueden ser un lugar de cultivo para reparto de la marihuana previamente cosechada “aunque a los adquirientes se les imponga el requisito de haberse incorporado previamente a una lista, a un club o a una asociación o grupo similar”.