El ministro de Justicia, Rafael Catalá, asistió hace dos semanas a la celebración del 50º cumpleaños del empresario Manuel Torreblanca, condenado en 2015 por siete delitos contra la Hacienda Pública, según confirmaron a eldiario.es fuentes del Ministerio de Justicia. La celebración consistió en una comida en un restaurante de la estación de esquí de Baqueira, en el Valle d’Aran, según adelantó Economía Digital, y a la misma asistieron destacados miembros de la élite empresarial catalana.
El empresario es un viejo conocido de la justicia. Un acuerdo entre la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Generalitat y la defensa de Torreblanca propició que fuera condenado en junio de 2015 a una pena de dos años de cárcel por siete delitos fiscales y evitara así la cárcel. Tanto Torreblanca como Francisco Javier Amat, gestor de la fortuna de la familia de su esposa, los Godia, tuvieron que abonar multas de 2,4 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 2,2 millones.
La sentencia consideró probado que Manuel Torreblanca defraudó 1,6 millones al tributar como impuesto de sociedades rentas por rendimientos del trabajo, obtenidas como consejero y administrador de varias empresas, entre 2007 y 2011, un caso similar al de Iñaki Urdangarin con la sociedad Aizoon que compartía al 50% con la infanta Cristina. Asimismo, defraudó en el IVA a través de la compañía BCN Godia SL 348.393,23 euros en el ejercicio 2008 e intentó otro fraude similar en 2011 con la sociedad Barcel Euro SL al tratar de atribuir gastos personales a la sociedad.
Manuel Torreblanca y Liliana Godia forman uno de los matrimonios más conocidos de la burguesía catalana. Ella es hija del empresario, coleccionista y piloto de Fórmula 1 de los años 50 Francisco Godia, quien fue hombre fuerte del grupo químico que hoy lleva el nombre de Ercros. Liliana Godia heredó una gran fortuna que ha invertido en arte y en bolsa. A través del holding BCE, Godia está presente en Fersa y Abertis, entre otras.
La Unión Progresista de Fiscales reaccionó a la noticia de la asistencia de Catalá al cumpleaños del condenado por fraude fiscal desde su cuenta de Twitter. “Otros dimitían por ir de caza con el juez”, se puede leer en referencia a la renuncia del ministro socialista Mariano Fernández Bermejo tras asistir a una cacería con el juez Baltasar Garzón y varios mandos policiales horas después de que se desatara la operación contra la trama Gürtel, el mayor caso de corrupción en torno al Partido Popular.
En declaraciones a eldiario.es, el presidente de la UPF, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que los cargos públicos“tienen la obligación de ser ejemplares y fomentar la credibilidad de las instituciones de las que son responsables”. “No es suficiente cumplir la ley, ni hacer solo lo que no está prohibido, hay que ir más allá. El ministro de Justicia debería plantearse anteponer el interés público de su cargo, la imagen que proporciona a los ciudadanos, a cualquier acto privado que pueda interpretarse como una frivolidad o un gesto que minimice la gravedad de una condena penal”, añade el presidente de los fiscales progresistas.
Los delitos fiscales, añade el presidente de la UPF, “solamente pueden ser cometidos por un sector muy determinado de la población (por debajo de 120.000 euros el fraude a Hacienda no es delito) y son un termómetro del funcionamiento del principio de igualdad de todos ante la ley”. “Su persecución y castigo, como todo delito -añade-, tiene sentido si con ello se adquiere la conciencia social de que defraudar a Hacienda es defraudar a todos”. “¿Ayuda el ministro o perjudica con su conducta a ello?”, termina preguntándose García Ortiz.
La crema de la burguesía catalana
La celebración del 50º aniversario de Torreblanca también contó con la asistencia del presidente de Planeta, José Crehueras; el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, o los empresarios Javier Faus y Enrique Lacalle, según Economía Digital.
Rafael Catalá también formó parte de la comitiva que viajó a costa del Atlético de Madrid a la última final de la Champions League, en la ciudad italiana de Milán. Aficionado del club colchonero, Catalá no tuvo problema en fotografiarse con el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, imputado junto a Ignacio González por cohecho y blanqueo de capitales en el caso que investiga la procedencia del ático de lujo que el político tiene en la localidad de Estepona (Málaga).