La supuesta financiación ilegal del PP sigue tensando el acuerdo entre Ciudadanos y la formación conservadora. Albert Rivera, portavoz de Ciudadanos, ha recriminado al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, las maniobras del Partido Popular en el Congreso para frenar la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP durante la sesión de control de este miércoles. “Señor Rajoy, ustedes no tienen palabra cuando se habla de corrupción”, ha espetado Rivera.
El presidente del Gobierno ha tratado de zafarse de las acusaciones del líder de Ciudadanos siguiendo la estrategia del PP para difuminar la investigación de la posible financiación irregular de su partido en una gran comisión sobre la financiación de los partidos políticos.
“Quiero recordar que uno de los puntos del acuerdo entre Ciudadanos y PP es la creación de una comisión de calidad democrática que incluye el estudio de la financiación de los partidos. Estoy dispuesto a hablar de este asunto con usted o con quien usted me diga. Lo podemos hablar aquí o en el Senado, porque en el acuerdo no se dice dónde se va a crear, si es solo del PP o de todos los partidos. Si es positivo o sirve para construir algo”, ha comentado Rajoy.
Esta respuesta no ha convencido a Rivera, que ha hecho el gesto de caradura mirando a Rajoy, y ha acusado al partido del Gobierno de tener dos formas de actuar: “Cuando se nos pidió apoyo para poner en marcha la comisión de los Pujol, la apoyamos. Cuando se no dijo que pusiéramos en marcha la comisión de los ERE en Andalucía, lo hicimos. Con el PSOE o Convergencia se pide rapidez en la creación de la comisión, pero si le toca al PP hay que estudiarlo. Le pido que cumpla la palabra porque con ustedes o sin ustedes se va a poner en marcha”.
El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha añadido que su grupo no tiene previsto llevar al Pleno del Congreso en las próximas dos semanas su solicitud para crear dicha comisión, que tienen registrada desde agosto. Hernando ha señalado que esperarán al desarrollo de las negociaciones entre Ciudadanos y el PP para decidir si siguen adelante.
Maniobras en la Fiscalía
Las supuestas maniobras del Gobierno de Mariano Rajoy para controlar a la Fiscalía General del Estado han centrado buena parte de la sesión de control al Ejecutivo. Mariano Rajoy se ha escudado en la comparecencia del Fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para desviar las cuestiones que le interpeló el portavoz del PSOE, Antonio Hernando sobre las movimientos del Gobierno para situar a personas afines al PP en la Fiscalía General del Estado.
Rajoy solo ha respondido directamente cuando Hernando acusó al Gobierno de forzar la salida de la anterior Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, al negarse a aceptar los cambios en la Fiscalía que propuso el Ejecutivo. “No hay ninguna razón para que el fiscal Anticorrupción tras 11 años en el cargo no sea renovado. Es absolutamente falso que se haya impuesto nombramientos a la anterior fiscal. No ha explicado la razón de que el Gobierno haya hecho mal los nombramientos”, ha señalado Rajoy.
El presidente se ha defendido apoyándose en el calendario: “Estos cargos son discrecionales, se hacen por periodo de tiempo de cinco años. Se han convocado 35 plazas, de las 25 se han renovado a 19 y se han cambiado solamente a 5. Las ha propuesto el fiscal general del Estado después de oír al Consejo Fiscal y el Gobierno los ha ratificado”.
Además, Rajoy ha negado que el fiscal Maza haya asumido “algún tipo de injerencia, presión o seguidismo”. El presidente ha llegado a escudarse en los casos de corrupción de su partido para demostrar la independencia de los fiscales: “Si hay imputados en mi fuerza política será porque la Fiscalía ha actuado”.
Mafia del canapé
Al ministro de Justicia, Rafael Catalá, también le ha tocado defenderse de las acusaciones de injerencia. La portavoz de Unidos Podemos–En Comú–En Marea, Irene Montero, le ha preguntado si “¿le consta la existencia de la llamada mafia del canapé?”. Se trata de una supuesta “red de complacencia” integrada por el poder político, el económico y parte del judicial que alcanzan acuerdo “en palcos de campos de fútbol y en comidas en restaurantes”.
Montero ha señalado a un grupo de empresas y empresarios como los integrantes de esta trama formada desde los Gobiernos de José María Aznar: “Según llega al Gobierno, Villalonga a Telefónica, Alierta a Tabacalera, Martín Villa, el de la matanza de Atocha, a Endesa, además de los vínculos de Aznar con Fainé de La Caixa y del proceso de concentración bancaria y de las constructoras, y le sonará también Francisco González en Argentaria y Blesa en Caja Madrid”.
El ministro ha rebajado las acusaciones de la diputada de la confederación de izquierdas en la “capacidad creativa” de esta formación para crear términos como “casta”. “En España hay justicia independiente, la hay porque 5.500 jueces y 2.400 fiscales hacen su trabajo con independencia”, ha expicado.
Catalá ha acusado a la diputada de Unidos Podemos de “desconfiar de cualquier persona que se dedica cada día a defender los intereses generales del Estado. Usted sólo levanta sospechas de jueces, fiscales, funcionarios que están al servicio de intereses ¿de quién? Y nos trae una lista de hechos concatenados sin ninguna prueba”.
En el mismo sentido, el ministro también ha respondido a la pregunta del parlamentario del PSOE, Felipe Sicilia, asegurando que “los fiscales no han tenido ninguna injerencia del Gobierno porque no es posible, no hay instrumentos para que se den”.