El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles las medidas de “choque, eficaces y operativas” que ha tomado su Ejecutivo para paliar los desahucios pero ha dicho que no se deben “generalizar” ni “conviene improvisar” en este asunto para “no alterar el normal funcionamiento del mercado” cuando la economía mejore. Dicho esto, se ha mostrado dispuesto a estudiar cualquier cambio en ley si es “sensato”, “justo” y “razonable”.
Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha emplazado a Rajoy a “ponerse en la piel” de las miles familias desahuciadas, que tienen que decir a sus hijos que “unos hombres de negro” vendrán a echarles de su casa.
Tras subrayar que el Comité de Derechos Políticos y Sociales de la ONU dice que los desalojos sin alternativa constituyen una violación flagrante de los derechos humanos, ha indicado que el Código de Buenas Prácticas del Gobierno ha sido “un fracaso total” y ha recalcado que ha sido la “presión social” de las plataformas de afectados y los propios jueces los que han conseguido frenar algunos desahucios. “Han sido necesarios dos suicidios para que finalmente se apruebe ese decreto”, se ha quejado.
El diputado de Izquierda Plural ha señalado que los “límites” para impedir desahucios los ha puesto “la banca”. “Es la misma banca que amenaza con suprimir el crédito si se modifica la Ley Hipotecaria y que recibe avales públicos por miles de millones de euros de todos los ciudadanos”, ha denunciado.
Dicho esto, Lara ha pedido a Rajoy que durante la negociación parlamentaria del decreto permita “la paralización total” de los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo, la sustitución de las hipotecas por los alquileres sociales y que cree un parque público de vivienda social con los activos del banco malo.
MEDIDAS QUE NO CONVIERTEN LA EXCEPCIÓN EN REGLA GENERAL
Rajoy ha recalcado que por “primera vez” en España un Gobierno ha tomado decisiones sobre este problema “tan grave” y ha insistido en que la norma aprobada por el Consejo de Ministros pretende ayudar a las personas “especialmente vulnerables”, ya que se paralizan durante dos años los desahucios (si no se supera una renta de 1.597 euros al mes) y se crea un fondo social de viviendas.
“Son medidas de choque, eficaces, operativas y, al mismo tiempo, mantienen los principios del ordenamiento jurídico y no convierten la excepción en una regla general”, ha dicho, si bien ha admitido que el Gobierno está dispuesto a hablar con los grupos parlamentarios por si tienen “aportaciones sensatas y razonables que hacer”.
Dicho esto, Rajoy ha querido poner las “cosas en sus justos términos” afirmando que el mercado hipotecario español ha permitido el acceso de muchas personas a la vivienda en propiedad (más del 80 por ciento de los españoles). Por eso, ha subrayado que “no conviene improvisar para no alternar el normal funcionamiento de este mercado cuando la economía mejore”.
Además, ha destacado que la mayoría de las personas que compraron una casa a crédito “están pagando”, algo que, a su juicio, “no conviene olvidar”. También ha recordado que muchos de los desahucios no son de primera vivienda, al tiempo que ha indicado que el desahucio es “siempre la última opción” y que se están refinanciando muchos créditos hipotecarios.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado al coordinador de IU que ha “reflexionado mucho” sobre este tema y ha insistido en que el decreto-ley que han aprobado resuelve los casos “más urgentes y los más dramáticos”.
“El Gobierno ha querido proteger a las personas más débiles”, ha reiterado, para añadir que no se deben “generalizar” estas medidas pero que está dispuesto a estudiar “cualquier cambio en la ley en vigor que sea justo, razonable y sensato”.