“Usted también compareció como testigo ante el juez Gómez de Liaño que la Guardia Civil que entonces dirigía usted entorpeció la investigación policial por el caso de Lasa y Zabala. Y no fue condenada, tampoco se le imputó ni se le investigó. Y a nadie se le ocurrió decir nada”. Así se ha defendido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para eludir responsabilidades políticas por su declaración en el juicio del caso Gürtel.
Pero los casos poco tienen que ver.
El asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fue el primero de los GAL. Miembros de ETA, en 1983 se encontraban en Francia, cuando fueron secuestrados en Bayona por miembros de los GAL, y posteriormente retenidos en el cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo (San Sebastián).
Por orden del general Galindo, fueron torturados y, con el conocimiento del gobernador civil Julen Elgorriaga y del teniente coronel Ángel Vaquero, fueron asesinados y desaparecidos.
Los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo los llevaron a Busot (Alicante), cavaron una fosa, y el primero les disparó tres tiros en la cabeza. Después los enterraron cubiertos con cal viva. En 1985 fueron hallados sus restos, pero permanecieron sin identificar hasta 1995.
En 1995, Margarita Robles llevaba un año al frente de la secretaría de Estado de Seguridad –entre 1993 y 1994 ocupó la secretaría de Estado de Justicia–, dependiente del ministro Juan Alberto Belloch. A diferencia de Mariano Rajoy, que ha desempeñado diferentes cargos de responsabilidad en el PP hasta llegar a la presidencia durante los años investigados por la justicia, Robles tuvo responsabilidades en el Gobierno de González 10 años después del asesinato de Lasa y Zabala.
La otra diferencia fundamental entre las dos comparecencias ante la justicia, las de Rajoy y Robles, es el papel que cada uno ha desempeñado en las investigaciones. Mientras Rajoy ha llegado a decir que “no es una trama del PP, sino una trama contra el PP”, Robles desempeñó un papel activo en el impulso de la investigación del asesinato de los GAL, que acabó con condenas para cargos políticos y policiales socialistas.
La Audiencia Nacional, ante la que declaró Robles como testigo en febrero de 2000, condenó Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil destinado en Intxaurrondo; Ángel Vaquero, teniente coronel del mismo cuartel; Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa; Enrique Dorado y Felipe Bayo, agentes del instituto armado. En total, se les asignaron 365 años de cárcel.
Y, en efecto, Robles declaró en el juicio por el asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala que la “posible autoría de los hechos” provenía del “entorno Intxaurrondo”. Pero negó que la Guardia Civil obstaculizara la investigación, en contra de lo que ha dicho Rajoy este miércoles.
A la hoy portavoz socialista también se le atribuye el haber ordenado en aquellos tiempos que los fondos reservados es aplicaran sólo para “fines legales”.
Otra diferencia entre las dos comparecencias: Robles, que ya hacía cuatro años que había abandonado responsabilidades de gobierno y ejercía como magistrada, no disfrutó de los privilegios de Rajoy en su declaración ante los tribunales.