Mariano Rajoy se va de vacaciones dejando para septiembre una importante asignatura pendiente: decidir quién dirigirá la Oficina del Cargo Popular, un nuevo órgano que el PP presentó hace dos meses a bombo y platillo para prevenir y mejorar la lucha contra la corrupción dentro del propio partido.
El líder del PP puso en un principio al frente de este órgano de vigilancia interna al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, cuyo nombramiento, como es preceptivo, tiene que ser refrendado por el Comité Ejecutivo Nacional. Pero el eterno número dos de Gallardón renunció a los diez días a dicho cargo “por motivos personales”.
La decisión de crear la Oficina del Cargo Popular fue tomada formalmente en el último Congreso Nacional del PP celebrado el pasado mes de febrero, como respuesta a los numerosos casos de corrupción que azotaban al partido conservador.
La operación policial y judicial del caso Lezo desatada en el Canal de Isabel II, que llevó a la detención e ingreso en prisión del expresidente madrileño, Ignacio González, disparó todas las alarmas y aceleró los tiempos de la presentación del nuevo órgano. La dirección del PP quería demostrar con ello que no iba a quedarse con los brazos cruzados y que estaba dispuesta a poner a sus cargos públicos y electos muy alto el listón de las exigencias.
Hasta que Cobo no tenga sustituto, la Oficina no podrá funcionar. Así se fija en los estatutos de la formación conservadora, según los cuales en sus reuniones deben participar entre tres y cinco miembros. En la actualidad solo dos personas están designadas para esas tareas: los exdiputados del PP, Beatriz Rodríguez Salmones, y Andrés Ayala, vinculado a un polémico contrato de AENA.
Según los estatutos del PP, las personas que integren este nuevo órgano no pueden tener ningún cargo público ni orgánico en el partido, motivo por el cual los elegidos fueron dos exdiputados y Cobo.
Tras la renuncia de Cobo, la Oficina se quedó de forma provisional en manos de Rodríguez Salmones. La exdiputada, en conversación con el diario.es, ha reconocido que todavía no están trabajando como deberían ni tampoco pueden tomar decisiones al no cumplirse ese requisito de tener un mínimo de tres miembros.
Entre los cometidos de este órgano de vigilancia figura velar por el cumplimiento del régimen de incompatibilidades; supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos necesarios para acceder a un cargo público u orgánico en representación del PP; aprobar un formulario homologado del resumen de la declaración de IRPF y de patrimonio, y la gestión de los registros de actividades y de bienes de los cargos del partido.
Los miembros de este órgano podrán solicitar en cualquier momento la comparecencia en su seno de cualquier cargo sobre el que tengan dudas pero no podrá sancionar. Su misión se reduce a “dar cuentas al Comité de Derechos y Garantías -que es el órgano del PP encargado de instruir y resolver los procedimientos disciplinarios- de cualquier anomalía e irregularidad que pudiera detectar en el desarrollo de su funcionamiento”.
Una primera reunión para crear un reglamento
Aunque la Oficina no está operativa todavía, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, se reunió a principios de junio con ambos exdiputados y “con el equipo encargado de dar soporte a las labores de la Oficina”, según recogió la web del PP en esa fecha.
En dicha reunión se iniciaron los trabajos de redacción del reglamento que regulará su funcionamiento. En un comunicado, el PP explicó que ese reglamento deberá regular tanto el funcionamiento de la oficina nacional, como el de las autonómicas, provinciales e insulares. Pero tras aquella primera cita tan solo se manifestó “el compromiso” para que la Oficina comenzara a trabajar “con la mayor celeridad posible”.
En Génova desconocen cuando se designará al sustituto de Cobo, cuyo nombramiento es asunto del líder conservador pero debe ser ratificado por el Comité Ejecutivo Nacional. Este órgano del PP no tiene previsto reunirse hasta septiembre.
Los portavoces consultados del partido reconocen que no saben siquiera si en esa primera reunión se solventará este asunto o si se dejará para más adelante. Todo depende de Rajoy y del tiempo que se tome en pensar quién es la persona adecuada para dirigir este órgano que tendrá por delante un ingente trabajo.