Mariano Rajoy y Pedro Sánchez ya tienen cerrado el acuerdo para la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución con el que pretenden frenar las aspiraciones independentistas del Govern de Carles Puigdemont. La pretensión del Gobierno y el PSOE es que la intervención sea “la mínima posible” con el fin de convocar unas elecciones en Catalunya con fecha prevista para enero, según fuentes conocedoras de los términos del pacto.
El acuerdo se ha ido perfilando en las últimas semanas entre el Gobierno –el propio Rajoy en contacto con Sánchez en el nivel más alto, además de reuniones técnicas en las que han participado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y por parte del PSOE, la exministra Carmen Calvo y José Enrique Serrano– y ya está culminado en lo referido al “objeto, las medidas y los plazos”. Socialistas y conservadores insisten en que el objetivo del uso extraordinario –es la primera vez que se echa mano del 155– de este precepto constitucional es “recuperar la normalidad, la legalidad y el autogobierno” en Catalunya.
El Consejo de Ministros dará el visto bueno al paquete de medidas este sábado ante la insatisfactoria respuesta de Puigdemont al requerimiento en el que el Gobierno le exigía claridad respecto a la declaración de independencia y la vuelta a la legalidad en Catalunya. El Ejecutivo y el PSOE consideran que no se ha producido una marcha atrás en el desafío independentista y consideran que Puigdemont ha ido un paso más allá al “amenazar” con declarar la independencia si siguen adelante con el 155.
El Senado ratificará las medidas del 155 en un Pleno que se celebrará previsiblemente la próxima semana o el lunes de la siguiente. La Mesa de la Cámara Alta se reunirá el sábado tras el Consejo de Ministros extraordinario para conocer las medidas y ordenar los trabajos de debate y votación.
Intervención “quirúrgica” para ir a elecciones
Tanto el Gobierno como el PSOE insisten en que la intervención que califican de “quirúrgica” de las competencias de la Generalitat será “la mínima posible para garantizar el proceso electoral” que han fijado para enero. El Gobierno quería alargar más ese plazo para enfriar un escenario político muy caldeado desde el 1 de octubre. El PSOE también consideraba que era necesario un margen mayor que los 54 días que fija la ley en situaciones normales para la celebración de comicios desde su convocatoria, aunque sus dirigentes no querían que se impusiera la imagen de que desde Madrid se alargaba innecesariamente el control sobre el Govern.
En este caso han considerado que diciembre era precipitado y han decidido fijarlas en enero. “Estamos como quien dice en noviembre”, justificaba el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, preguntado por si se celebrarían antes de que acabara el año. Tanto Ciudadanos como el PSC habían abogado por que los comicios se celebrasen lo antes posible.
Cuando dirigentes socialistas y miembros del Gobierno apuntan a que la intervención será “quirúrgica” se refieren a que no afectará al funcionamiento de los servicios públicos de la Generalitat de Catalunya. De esta manera, se tocarán determinadas competencias en algunos departamentos del Govern catalán y con diferentes intensidades para recuperar la “normalidad democrática” a través de unas elecciones.
Fuentes de Moncloa apuntaron que entre las competencias que asumiría el Gobierno central van desde la convocatoria de elecciones autonómicas, que corresponde al president Puigdemont, a aumentar el control financiero de la Generalitat y poner bajo la tutela del Ministerio de Hacienda la recaudación de los impuestos autonómicos, asumir ciertas competencias del departamento de Educación con el fin de garantizar la apertura de colegios electorales en las elecciones autonómicas y poner bajo el control del Ministerio del Interior a los Mossos d'Esquadra para garantizar el orden público.
Fuentes socialistas aseguran que su participación el desarrollo del 155 ante el desafío de Puigdemont ha limado las intenciones iniciales del Gobierno. “El planteamiento de Rajoy era más duro”, aseguran esas fuentes, que explican que la pretensión es que la intervención fuera más larga. En Moncloa habrían decidido ceder en ese terreno ante la necesidad de mostrar internacionalmente que tanto el partido que está en el Ejecutivo como la principal fuerza de la oposición van de la mano para afrontar esta crisis.
Margen para que Puigdemont dé marcha atrás
Por eso el PSOE rechazó la posibilidad de articular una forma de Gobierno alternativo para Catalunya –o bien formado por tecnócratas o bien por personalidades con un perfil más político– y abogó por que fuera el Ejecutivo de Rajoy el que asumiera la gestión de las competencias intervenidas. No obstante, fuentes próximas a Sánchez aseguran que la fórmula para ejecutar en la práctica el 155 es una decisión del Gobierno y que no van a valorar cómo lo hagan (a través de un ministro para Catalunya o de la asunción de las atribuciones catalanas por parte de varios ministerios).
Gobierno y PSOE señalan, no obstante, en que Puigdemont aún tiene margen para dar marcha atrás. Los socialistas insisten en que el procedimiento del 155 le abre “ventanas” para el diálogo. El proceso incluye la presentación de alegaciones por parte del presidente de la Generalitat. Pero PP y PSOE empujan, sobre todo, para que convoque elecciones en Catalunya antes del pleno del Senado en el que se activará definitivamente el 155.
Hasta entonces, subrayan, tiene la posibilidad de disolver el Parlament el próximo martes y llamar a los ciudadanos a las urnas el 3 de diciembre. “La facultad para convocar elecciones autonómicas la tiene el señor Puigdemont, hasta que deje de tenerla”, puntualizó el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maillo.
También están convencidos de que Puigdemont recibe presiones internas y externas para buscar una vía de escape. Consideran que la falta de apoyo y reconocimiento internacional juega en contra de los independentistas. Rajoy participa este jueves en la reunión del Consejo Europeo y Sánchez se ha entrevistado con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que le ha trasladado el apoyo de la UE en la respuesta a los independentistas. El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que “será un consejo marcado por un mensaje de unidad en torno a los riesgos que afrontan los Estados miembros y de unidad en torno a España”.
De hecho, Juncker rechazó la mediación que plantea Puigdemont y aseguró que si Catalunya se independiza luego lo podrían pedir otras regiones europeas: “No quiero una Unión Europea que dentro de 15 años esté formada por 90 países, sería imposible”. La primera ministra de Reino Unido –país que aceptó la celebración de un referéndum por la independencia de Escocia– aseguró que “no reconocería” la independencia de Catalunya al entender que el 1-O no tenía base legal. Los dirigentes europeos, además del presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, comparten esa tesis, lo que da tranquilidad a Rajoy después de que organismos internacionales cuestionaran la actuación policial en Catalunya el pasado 1 de octubre.