El Gobierno y el PP han salido esta semana a susto por día. No ha habido jornada en que la corrupción en sus filas no haya sido noticia. De lunes a viernes, Mariano Rajoy y el partido que preside han tenido que lidiar con el escándalo de las tarjetas black centrado en la figura de Rodrigo Rato y otra docena de afiliados, la imputación de un exsecretario general como Ángel Acebes, la del anterior alcalde de Toledo por un contrato a cambio de comisiones para pagar una campaña electoral y nuevos detalles sobre las reformas en Génova 13 a base de dinero negro. La guinda la ha puesto el hallazgo de otra cuenta bancaria de Luis Bárcenas, esta vez en Bermudas.
El plan de centrarse en vender la recuperación económica ha saltado por los aires ante las continuas informaciones con la corrupción como protagonista. La reacción durante la semana ha ido del mutismo completo a los comunicados escuetos. Hasta llegar a las promesas de enmienda “porque ya se están tomando medidas”. Nada de poner la mano en el fuego por nadie.
Rajoy ha dicho que desea que la Justicia castigue a los culpables y absuelva a los inocentes. Bárcenas queda claro que es de los primeros. En el caso de Acebes, su situación le parece “injusta”.
Los casos de corrupción, “esas cosas”
El presidente no ha tenido más remedio que pronunciarse, ya que la rueda de prensa era obligada tras asistir en Bruselas al Consejo Europeo. Fueron los periodistas los que citaron en sus preguntas los casos de corrupción por sus nombres. Él se refugió en la vaguedad y los llamó “esas cosas que no pueden volver a pasar”. El mismo sistema usado recientemente para referirse a Rodrigo Rato, que se convirtió en “esa persona por la que se interesa” la prensa. Igual que hace para evitar pronunciar el nombre del responsable de las finanzas del PP que sigue en prisión.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría solventó las preguntas incómodas con una rueda de prensa exprés tras el Consejo de Ministros. Tres preguntas sobre Cataluña y poco más. Como excusa para las prisas, el supuesto temor a coincidir en el tiempo con la comparecencia de Rajoy desde Bruselas. Prevista para las dos, esta acabó produciéndose cinco horas después, por lo que la número dos del Gobierno se ahorró el trance.
Entre las medidas en marcha para atajar la corrupción, se encuentran los proyectos para reformar la ley que regula el funcionamiento de los partidos y las nuevas exigencias de conducta para los altos cargos. Ambos están ya en el Congreso y a eso se acoge Rajoy para trasladar el mensaje de que todas estas penosas noticias son cosa del pasado y su voluntad de que no se repitan. La intención del Gobierno es que PP y PSOE suscriban un pacto por la regeneración para convencer a los españoles y luchar contra la mala imagen. De fondo, el miedo a las encuestas y a las próximas elecciones.
“Rato ya no es militante”
La semana arrancó con las dudas de qué decisión tomar respecto a Rodrigo Rato y su militancia en el PP. El uso que el expresidente de Bankia hizo de su tarjeta black ha sacudido los cimientos de un partido en el que Rato lo fue todo. El expediente informativo llevaba 13 días abiertos cuando María Dolores de Cospedal abría la puerta a la suspensión temporal como una “decisión dolorosa” que no quedaba descartada. Al mismo tiempo, se lanzaba el mensaje de que había que respetar los plazos para que tomara una decisión el Comité de Derechos y Garantías, el órgano disciplinario interno. Eso incluía el derecho de Rato a ofrecer explicaciones.
Cospedal prometía durante una rueda de prensa este lunes que el PP tomaría una decisión “dentro del ámbito de la rapidez”. Mientras, algunos barones y dirigentes del PP reclamaban “contundencia” en el castigo. Los menos proclamaban su confianza en la inocencia de Rato o recordaban el brillante pasado del exvicepresidente. La presión surtió efecto. A última hora del lunes, Rato pidió por carta a Cospedal que le diera de baja del partido de forma temporal. Inmediatamente, el PP anunció que la investigación interna se congelaba para él y seguía para la docena de afiliados. El argumento fue que ya no era militante.
Acebes y el PP “sólo tiene una contabilidad”
El martes era el día del debate sobre las cuentas de 2015. Los conservadores se aseguraron a primera hora de vetar de nuevo una comisión de investigación sobre las tarjetas como propuso en el Congreso la Izquierda Plural. Desde la tribuna del Parlamento, Cristóbal Montoro se enfrentó a Pedro Sánchez a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado en un debate bronco. Rajoy entró y salió del Congreso sin decir una palabra. Para esquivar a los periodistas, llegó a entrar en el hemiciclo por el pasillo que usan los socialistas.
Mientras, el patio del Congreso era un hervidero de comentarios sobre la situación de Rato. La noticia de la imputación de Ángel Acebes por las ayudas del PP a Libertad Digital con fondos ilegales cayó como una bomba. La mayoría se refugió en que los papeles de Bárcenas no son la contabilidad real del PP y así se difundió en un comunicado de un solo párrafo. “Si hubiera otra contabilidad desde luego no es del Partido Popular”, acababa el texto.
Cospedal, en el punto de mira
El miércoles fue el día en que se conoció la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el cerco judicial se acercó a Cospedal y a su número dos, Vicente Tirado. La causa, la adjudicación del contrato de basuras de la ciudad a cambio de una comisión utilizada para pagar la campaña electoral de 2007. El juez Pablo Ruz se refirió a la “posibilidad de que personas aforadas” acaben relacionadas con sus indagaciones y él deba enviar el sumario al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La presidenta regional intentó argumentar que la imputación es “una oportunidad” para defenderse ante la Justicia y cargó de nuevo con que se crea en la palabra “de un presunto delincuente”, en referencia a los papeles del extesorero. Pero esos 200.000 euros recibidos como comisión a cambio del contrato a una empresa de Sacyr se utilizaron en su campaña. Entre otros testigos, ha sido llamado el diputado Sebastián González, coordinador electoral del PP nacional en aquella época.
La imputación del presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, por sospechas de prevaricación en la concesión de una licencia de construcción parece un caso menor comparado a los anteriores. Pero demostró que era raro el día que acababa sin otro conservador ante los tribunales. Hacía solo una semana, el pasado viernes, Rajoy había estado en esa provincia en un acto público y Amat había dado un discurso pocos minutos antes del presidente.
La reforma de Génova pagada en negro
La confirmación por parte de Hacienda de que la sede del PP fue reformada con dinero negro ha cerrado la semana en cuanto a sobresaltos por la corrupción. Ruz tiene confirmado que la reforma de la planta baja de Génova, 13 se pagó con 750.000 euros en B. Hay que sumarlos a otro millón que se usó para el resto del edificio. A la comprobación de cómo se usó el dinero hay que sumar el hallazgo de una nueva cuenta de Bárcenas en un paraíso fiscal del Caribe y que el juez Ruz ha ordenado embargar.