El PP quería a Enrique López a cualquier precio en el Tribunal Constitucional. Este viernes, el Consejo de Ministros ha decidido colocar al polémico magistrado en un puesto para el que se viene propugnando desde hace años. López, ubicado ideológicamente en el ala más radical de la derecha, lleva años luchando por su toga en el más alto tribunal. El PP siempre le ha apoyado y este apoyo fue durante los últimos años del mandato de Zapatero el motivo fundamental del bloqueo en la renovación del organismo.
Cuando el Senado recogió las propuestas de comunidades autónomas para renovar el TC, los populares ordenaron a todos sus presidentes autonómicos que propusieran a López. Así se hizo y el PSOE paralizó la elección para evitar la llegada de una de sus “bestias negras” al Constitucional.
A López se le recuerda por su papel polémico en la portavocía del CGPJ. En determinados momentos, muy apoyado por Federico Trillo, se autoproclamó como ministrable en Justicia cuando el PP llegase al poder. Finalmente fue Gallardón el elegido, y ahora el exalcalde madrileño se libra de un futuro competidor al ubicarlo en su nuevo puesto.
Según un catedrático de Constitucional consultado por esta redacción, “López representa el triunfo de la extrema derecha”. Este profesor, que ha preferido mantener su nombre en el anonimato señala que “cuando el PSOE hace las renovaciones se nombra al primero que pasaba por allí, amigo de no se sabe quien y a veces de derechas. Cuando quien nombra es el PP, se sigue la receta de cuanta más derecha mejor”.
La renovación de cuatro puestos del TC llevada a cabo este viernes supone un cambio en el equilibrio de fuerzas del organismo, que quedará con siete magistrados alineados con la derecha y cinco en el bando progresista. Sin embargo, según fuentes jurídicas, la llegada de López le da a ese giro a la derecha un halo de intensidad que acerca al tribunal a la derecha más clásica y radical.
El Gobierno habla de “normalidad”
Preguntada por la orientación ideológica del tribunal en su nueva composición, la vicepresidenta ha defendido que el Gobierno lo que ha hecho es “cumplir la ley” y que las acusaciones de partidismo podrían aplicarse “a lo que se hizo en 2004”.
La número dos de Rajoy ha intentado evitar cualquier referencia a la cercanía de López con los postulados del PP. Sáenz de Santamaría ha hablado de “normalidad” y ha destacado su condición de “jurista de reconocido prestigio con amplia experiencia”. También ha quitado hierro al peligro de que López sea recusado en varios de los asuntos que tendrá que dirimir. La última petición de apartamiento del magistrado se produjo a petición de IU y otras organizaciones en el caso de los papeles de Bárcenas, aunque la Audiencia Nacional lo rechazó. La renovación se ha hecho esta vez dentro del plazo establecido, de forma coordinada con el CGPJ para aprobarse el mismo día. La vicepresidenta se ha felicitado de que el Ejecutivo y el órgano de los jueces hayan decidido los nombramientos “dentro de la libertad, a quien nos ha parecido oportuno”.
Juanto a López, el Ejecutivo ha nombrado a Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
Nombramientos del CGPJ
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado al hasta ahora presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol Ríos (progresista), y al magistrado emérito del alto tribunal y expresidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Santiago Martínez-Vares, para ocupar las dos plazas del Tribunal Constitucional cuya elección corresponde al órgano de Gobierno de los jueces.
Xiol ha contado con el apoyo de los vocales de tendencia progresista, alcanzando 18 votos durante la reunión, que comenzó a las 10 de la mañana de este viernes. Por su parte Martínez-Vares ha recibido al igual que el anterior 18 votos del ala conservadora del Consejo
Reforma del aborto antes de que el TC decida
En su nueva composición, el tribunal tendrán que pronunciarse sobre muchos y muy importantes asuntos que afectan al proceso soberanista catalán, la reforma laboral, la situación de Otegui y los recortes y privatizaciones en Sanidad. En el caso del euro por receta, su aplicación ha quedado suspendida en Cataluña y en Madrid hasta que se tome una decisión final. Cuando llegue la decisión sobre la ley del aborto que recurrió el PP cuando estaba en la oposición, ya estará aprobada la reforma de Alberto Ruiz Gallardón.
La vicepresidenta ha afirmado que cada institución “tiene sus plazos” y que el Gobierno trabaja “en el sentido que hemos venido señalando” sobre el aborto. Como viene siendo habitual en los últimos meses, nadie se moja a la hora de hablar claramente sobre su reforma. Sáenz de Santamaría se ha centrado en la autorización paterna exigida a las menores y el respeto a la doctrina del tribunal sobre el derecho a la vida y ha esquivado el supuesto de malformación fetal, un aspecto sobre el que no hay acuerdo dentro del Gobierno.