La Real Academia Española (RAE) mantiene congelado desde hace más un año el borrador de un informe sobre la adecuación de la Constitución al lenguaje inclusivo. El estudio fue solicitado de manera formal por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en julio de 2018 y desde septiembre del año pasado duerme en un cajón de la institución. En todo este tiempo, la academia ha evitado llevar el texto a una reunión plenaria a la espera de los resultados de las elecciones que se han sucedido desde el primer encargo, según señalan a eldiario.es fuentes de la institución.
En vicepresidencia del Gobierno aseguran a eldiario.es que tan pronto reciban el informe de la RAE lo pondrán en manos de la Comisión Constitucional del Congreso, como paso previo a la propuesta de una reforma. Esa comisión aún no ha sido constituida, por lo que el inicio de los trabajos parlamentarios no podrá producirse antes de enero, siempre y cuando se remita el informe que lleva un año congelado.
En 2018 la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, advertía de que la adecuación de la Constitución al lenguaje inclusivo se produciría con o sin la RAE. En una entrevista concedida a la Cadena SER en julio de aquel año, Calvo aseguró: “El masculino universal no engloba al femenino, hay que ir cambiando cosas. Hay una parte de esta polémica que se me escapa. He pedido por carta a la RAE que nos asesore. Si no hay asesoramiento de la RAE, evidentemente continuaré con el proceso”. Ninguna de las dos cosas ha sucedido: ni la RAE ha enviado su texto, ni el Gobierno ha iniciado la reforma.
La Real Academia no es favorable a la implantación del lenguaje inclusivo de manera general y ya se pronunció al respecto en otro informe de 2012 elaborado a iniciativa propia bajo el título “sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”. En aquel texto, elaborado por el académico Ignacio Bosque, se decía que es “insostenible suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo, de forma que serán automáticamente sexistas las manifestaciones verbales que no sigan tal directriz”. Bosque es uno de los cuatro ponentes del nuevo informe elaborado a petición de la vicepresidencia del Gobierno.
La petición del Gobierno a la RAE se produjo julio de 2018, durante la presidencia de Darío Villanueva al frente del organismo. En septiembre de 2018 la comisión delegada del pleno de la Academia ya tenía sobre la mesa la ponencia de informe en la que habían estado trabajando previamente Paz Bataner (directora del diccionario), Inés Fernández Ordóñez (lingüista), Pedro Álvarez Miranda (exdirector del diccionario) e Ignacio Bosque (ponente de la gramática y ponente del informe que la RAE elaboró sobre el sexismo lingüístico en 2012).
En diciembre del pasado año se celebraron las elecciones en la RAE que situaron a Santiago Muñoz Machado en la dirección, en sustitución de Darío Villanueva. En una entrevista concedida a eldiario.es en enero, el nuevo director del organismo se posicionaba a favor de impulsar cambios hacia un lenguaje más inclusivo pero sin “destrozar” la lengua. El impulso a ese debate ha tenido que esperar casi un año, pese a que los documentos de trabajo están listos desde septiembre de 2018. Este jueves, víspera del Día de la Constitución, el pleno de la Real Academia ha estudiado por primera vez el informe sobre la adecuación de la Constitución al lenguaje inclusivo, tal y como ha confirmado a eldiario.es un portavoz del organismo.
La “presidente” Meritxell Batet
A la espera de que las deliberaciones de los académicos empiecen a ofrecer resultados, la cuestión del lenguaje inclusivo ha vuelto a instalarse sobre la esfera política. Tras la elección de la socialista Meritxell Batet como presidenta del Congreso, los portavoces de Vox han insistido en referirse a ella como la “presidente” del Congreso.
Con su actitud, Vox avisa de que su postura será contraria a cualquier modificación constitucional para evitar genéricos masculinos como “ciudadanos”, “españoles” o “trabajadores”, contenidos en la redacción original de la Carta Magna. El simple cambio de unas letras en la Constitución tiene que ser considerado como un cambio fundamental, según fuentes del Constitucional, y obligaría a cursarlo por la vía parlamentaria, cumpliendo todos los requisitos previstos en el trámite de reforma.
Los 52 escaños obtenidos por la formación de extrema derecha permitirían a Vox exigir la celebración de un referéndum posterior a cualquier propuesta de reforma constitucional que resulte aprobada por el parlamento.
Constitución y feminismo
Más allá de los cambios puntuales sobre la actualización de un lenguaje que en 1978 no tenía la mirada puesta en la inclusión, el Gobierno también baraja aprovechar una virtual reforma para profundizar en la mejora del texto e incluir una referencia expresa a la igualdad entre hombres y mujeres. Sobre este particular Carmen Calvo declaró en octubre de 2018 que “La Constitución no dice que los hombres y las mujeres seamos iguales” y realizó una llamada a afrontar ese debate de manera ordenada y sin miedo.
En los últimos años se ha creado un grupo a favor del cambio constitucional que propone una reforma con perspectiva de género. Ese grupo favorable al cambio incluye a la magistrada del Constitucional María Luisa Balaguer y a la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez. En vicepresidencia de Gobierno aseguran que el ejecutivo “no ha impulsado formalmente” la creación de ese grupo pero se muestran favorables a los cambios que conduzcan a “un reconocimiento más explícito” de la igualdad entre hombres y mujeres.
El impulso de un debate de esta índole conlleva una complicación para afrontar el cambio y que afectaría directamente a las normas de sucesión en la Casa Real. Según fuentes del Constitucional consultadas por eldiario.es, una reforma con perspectiva de género debería incluir el artículo que prima al hijo varón en la línea de sucesión de la corona. “Si abordas eso, te cae lo de la corona”, aseguran.
El informe pedido por Vicepresidencia abrirá la reflexión sobre la actualización de la Carta Magna en materia de género. La Real Academia Española ha empezado a debatir su postura al respecto un año después de tener un informe sobre la mesa, coincidiendo con la víspera de la fiesta que celebra el aniversario de la ley fundamental que rige el ordenamiento del Estado.