Tres jueces han rechazado en quince ocasiones la suspensión de la licencia urbanística municipal que autoriza la obra que hay que hacer en la basílica del Valle de los Caídos –básicamente quitar una lápida de granito– para exhumar a Francisco Franco. Se trata de tres magistrados de lo contencioso-administrativo que se han pronunciado de forma opuesta a José Yusty Bastarreche, el titular del Juzgado número 3 de Madrid, muy significado contra la memoria histórica, que ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por un particular con la intención de paralizar el procedimiento iniciado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Las decenas de demandas que particulares están presentando –con argumentos calcados y basados en un informe encargado por la Fundación Francisco Franco– contra la licencia de obra que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial emitió para permitir la exhumación del dictador han llegado a cuatro juzgados distintos. La suerte de esas demandas, que están representadas únicamente por dos procuradores, ha sido diferente en función de quién las haya instruido, aunque el posicionamiento mayoritario ha sido el de rechazar la suspensión de la licencia solicitada como medida cautelar en el procedimiento de impugnación.
Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso eldiario.es, los responsables de los juzgados 13, 30 y 33 de lo contencioso-administrativo de Madrid han rechazado esa medida cautelar con distintos argumentos en más de una docena de autos a raíz de los recursos interpuestos por los demandantes. “La actuación urbanística no implica lesión al fallecido o a sus familiares”, argumenta en uno de esos autos el magistrado Daniel Sancho Jaráiz, que rechaza las medidas cautelares y considera que debe ser una sentencia la que establezca si se ha vulnerado la legalidad urbanística.
“No ha quedado justificado de qué modo o de qué manera sería irreparable -desde el punto de vista urbanístico- la decisión de ejecutar la retirada de la lápida”, esgrime el magistrado en otra de las resoluciones a las que ha tenido acceso eldiario.es.
En el caso del titular del juzgado número 30, Marcos Ramos Valles, argumenta que no está acreditadas “las circunstancias de especial urgencia” para imponer la medida cautelar de suspensión de la licencia ya que, según explica, no hay ninguna razón que apunte a la ejecución inmediata del acuerdo del Consejo de Ministros para la exhumación del dictador.
Frente al posicionamiento que esos tres magistrados han mantenido en varios autos a raíz de las demandas que han llegado a sus juzgados, Yusty Bastarreche aceptó las medidas cautelares solicitadas por un particular. El juez aduce que el levantamiento de la losa de granito encarna riesgos para la vida humana. Ese argumento lo esgrime a raíz del informe que presentan los demandantes y que fue encargado por la Fundación Francisco Franco durante el procedimiento.
El texto, que alega amenaza de derrumbe del monumento, contradice la versión técnica de la persona que enterró al dictador en 1975, Gabino Abanadés, que aseguró que la exhumación sería “un proceso sencillo en el que se moverá la lápida, se romperá la tabica que tapa el ataúd, se recogerá el cuerpo y se trasladará a otro féretro”.
Uno de los encargados de realizar el estudio pericial en el que se basan las demandas es Enrique Porto Rey, director general de Urbanismo con Esperanza Aguirre. Dimitió de ese puesto en 2006 por un supuesto pelotazo urbanístico en la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.
A pesar del escollo que supone la aceptación por parte del juez Yusty Bastarreche, en el Gobierno están convencidos de que sacarán los restos del dictador del Valle de los Caídos, aunque abren la puerta a que el embrollo judicial “pueda retrasar” la ejecución de la exhumación.
No obstante, el Ejecutivo sostiene que en ningún caso las denuncias lograrán anular de forma definitiva la licencia de obra. La ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa apunta a que las demandas tendrán que resolverse en un único juzgado: “Serán acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación”. Por las normas de reparto, el que tendría que quedarse con los casos es el número 13, porque es el que se pronunció en primer lugar sobre una de las demandas recibidas.
Ese juzgado ya se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la suspensión de la licencia como medida cautelar. La Abogacía del Estado ya ha solicitado que el procedimiento abierto por Yusty Bastarreche recaiga en el otro juzgado.