La primera propuesta de la legislatura para volver a crear una empresa pública de electricidad no ha logrado este martes los apoyos necesarios para iniciar su tramitación parlamentaria. La iniciativa, planteada por uno de los socios del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, ha sido rechazada en cambio por el aliado mayoritario del Ejecutivo, el PSOE, que, uniendo sus votos a los de PP, Vox, Ciudadanos o PNV ha tumbado esta tarde la alternativa del grupo confederal para tratar de frenar el incesante incremento del precio de la luz. Ha contado con 58 votos a favor, 275 en contra y cuatro abstenciones.
La proposición de ley sí ha contado con el apoyo de partidos socios del Gobierno tanto en la investidura y los Presupuestos como ERC, EH Bildu y Compromís, además del BNG. La ley se ceñía, en concreto, a la regulación de la gestión del dominio público hidráulico, una vez extinguidas las correspondientes concesiones, y contemplaba la creación de una entidad pública empresarial denominada Producción Energética Española, E.P.E.
La propuesta recogía constituir esa empresa “en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la ley” y tenía previsto producir energía eléctrica “mediante la asunción de las plantas hidroeléctricas con concesiones finalizadas y llevará a cabo la creación de nuevas instalaciones de energías renovables”. En su articulado, la proposición de ley establecía que la empresa se financiaría “mayoritariamente” con los ingresos derivados de la producción y comercialización de energía hidroeléctrica a los que podrán sumarse recursos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
“Si hay algo que no les encaja de nuestra ley, negociamos durante el trámite parlamentario y lo modificamos”, les ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a los diputados socialistas. “No tenemos ningún problema. Pero impedir que el Congreso siquiera pueda tramitar la creación de una empresa pública de energía es algo que sólo beneficia al oligopolio mafioso y a los que, frente al espejo, ya se están probando el gorro de bisonte”, zanjaba. No lo logró.
Los argumentos del PSOE
El diputado socialista que defendió la postura de su partido fue claro. “No dicen cómo o por qué razón una empresa pública va a hacer que la energía sea más barata”, les ha criticado Germán Renau a los diputados de Unidas Podemos. “Para luchar contra la pobreza energética lo que hace falta es aumentar el bono social, una fiscalidad justa y un marco normativo, no una empresa pública”, ha zanjado el parlamentario del PSOE, que ha criticado que el del grupo confederal sea “un plan a 20 años”.
Durante la defensa de su iniciativa, Echenique ha recordado que España “tiene tres grandes retos en materia energética”. “En primer lugar y el más urgente: bajar la factura de la luz que está asfixiando a las familias y a los pequeños negocios. Pero también, llevar a cabo una transición energética hacia fuentes renovables y aumentar, en ese camino, nuestra soberanía y seguridad energéticas”.
“Con el conflicto entre EEUU y Rusia, creo que todos hemos aprendido lo peligroso que resulta que nuestro suministro energético dependa de terceros países y de los conflictos geoestratégicos que puedan producirse. Pero estos retos —precios justos, transición verde y soberanía— es imposible que se acometan con más del 80% de nuestro sistema eléctrico en manos de un oligopolio mafioso. Sí, mafioso. Sé que el adjetivo es duro, pero es preciso”, añadía Echenique, “y no solo porque el señor Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, haya sido imputado por contratar a Villarejo para chantajear a sus rivales empresariales”.
El portavoz de Unidas Podemos recordaba que “el oligopolio eléctrico ha sido multado en numerosas ocasiones por la CNMC por manipular ilegalmente los precios, han vaciado embalses para forrarse vendiendo el MWh hidroeléctrico a precio de gas y dejando a comarcas enteras sin agua y han amenazado a España con apagar las nucleares cuando el Gobierno ha hecho leyes que no eran de su agrado”.
El apoyo de los socios
Con todo, a su juicio, “es imperativo contraponer una gran empresa pública de energía que proteja el interés general”. No se trata de “ningún planteamiento radical”, según Echenique, “sino que es lo normal en el mundo desarrollado”. “La media de la OCDE es que los estados participen en un 40% del accionariado de las compañías. En España, sin embargo, estamos por debajo del 5% y somos el segundo mercado eléctrico más privatizado, sólo por detrás de Portugal”.
“En España”, añadía, “la privatizada Endesa, malvendida a los italianos y puerta giratoria del ínclito Aznar, reparte 1.400 millones en dividendos al tiempo que exprime a las familias. Esto es injusto, es antieconómico y tiene que acabar. España necesita una empresa pública de energía”.
Unidas Podemos ha logrado el apoyo de ERC. Su diputado Carles Capdevila, ha considerado que “es necesario un profundo cambio en el modelo energético”, lo que a su juicio “pasa irremediablemente por reestructurar el actual modelo con control público, libre de monopolios y que fije precios”. “El alcance de esta iniciativa, aún siendo necesaria, es limitada. Hablamos del 12% de la energía”, enfatizaba Oskar Matute, de EH Bildu, que no obstante ha apoyado la toma en consideración de la ley.