“El debate no es si Europa va rápido o despacio, sino hacia dónde va”. Es la reflexión del ex ministro de Finanzas griego Yannis Varoufakis: “Y yo creo que el problema es que Europa no va en el camino correcto. En todo caso, lo que hay que asumir es que los problemas no los puede resolver solos el PSOE o el PD; Emmanuel Macron o Angela Merkel. Los problemas son europeos y requieren soluciones paneuropeas”.
¿España podrá financiar los ERTE con dinero europeo? ¿Y la transición ecológica? ¿Y la recuperación tras la crisis del coronavirus, que está previsto suponga una recesión del 9,4% en España este año 2020?
El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, insiste: “Lo que se decidirá en las próximas semanas tendrá un impacto en la vida de las personas en las próximas décadas. Ahora tenemos la oportunidad de diseñar una nueva Europa, que sea más igualitaria, más ecológica y preparada para el futuro. Para cumplir estas ambiciones, necesitamos los medios adecuados. Toda Europa está afectada por la crisis actual. Es el momento de construir un futuro sostenible”.
¿Qué está en juego, entonces? Por un lado, lo cuantitativo: el total de la ayuda de los socios europeos a los países más golpeados por la crisis, como España o Italia. Pero, también, cualitativa: la asunción de que hay ciertos problemas que, en un mundo interdependiente, sólo se pueden intentar afrontar de manera colectiva, y si esa respuesta profundiza en una Europa más integrada o en un modelo opuesto, en una Europa de Estados y gobiernos.
La Unión Europea es un colectivo en que tiene ante sí estos desafíos: un virus que ha creado una crisis sanitaria y una crisis económica sin precedentes. ¿Y qué ha estado haciendo la Unión Europea en estos meses? En primer lugar, el Banco Central Europeo ha lanzado dos operaciones de compra de deuda: una primera, a mediados de marzo, de 120.000 millones; y otra después, un programa especial llamado PEPP, de 750.000 millones, que se ha visto ampliado el jueves pasado: en cantidad, hasta los 1,35 billones, y en tiempo, hasta junio de 2021.
Con este dinero, el BCE está logrando evitar que se desboquen las primas de riesgo, como había sucedido en la crisis financiera de 2008: la española cerró la semana pasada por debajo de 100 puntos en relación con el bono alemán, cuando en la anterior crisis llegó a los 500 puntos.
¿Y qué más? Pues el Eurogrupo ha aprobado tres medidas para una reacción inicial, que debían estar en marcha a partir del 1 de junio. Son medidas relacionadas con préstamos: 200.000 millones en garantías para las empresas, a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI); 240.000 millones a través del MEDE sanitario, el fondo de rescates, para los gastos directos o indirectos de la crisis y que sólo ha pedido, de momento, Chipre –a España le corresponderían unos 25.000 millones, que no quiere pedir por el estigma que implica–; y otros 100.000 millones para financiar los ERTEs, que España tiene interés en pedir –aspira a unos 15.000 millones, casi los 18.000 millones que espera destinar a los ERTE–, pero el instrumento aún no está disponible.
Junto a eso, la UE está ahora discutiendo su presupuesto a largo plazo –MFF 2021-2027– del que cuelga el fondo de reconstrucción, y que incluye partidas clásicas para los intereses españoles, como la Política Agraria Común o los fondos de cohesión. El presupuesto entra en vigor el 1 de enero próximo, pero se está intentando que una parte del fondo de reconstrucción pueda estar disponible a partir de septiembre ampliando el presupuesto vigente.
Ese fondo, en líneas generales, está compuesto de 500.000 millones en subvenciones y 250.000 en préstamos, está respaldado por el presupuesto de la UE y se financia con deuda emitida por la Comisión Europea en los mercados, repagada con recursos propios. Es decir, impuestos de nueva creación de ámbito europeo, como la tasa digital, un impuesto a multinacionales o el de carbono en frontera.
Es la primera vez que la UE emitiría semejante deuda conjunta; y sería la primera vez que se dotaría de fondos propios al margen de las aportaciones del Estado.
Pero hay asuntos pendientes: primero, tienen que aprobarlo los líderes de la UE por unanimidad, y los autodenominados frugales –Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia– tienen dos pegas fundamentales: que haya más préstamos que subvenciones y que el dinero se entregue con fuertes condiciones vinculadas a reformas económicas de corte fiscal –deuda y déficit–.
Esta es la pelea que se está dando en la UE. De acuerdo con las cifras actuales de la propuesta de la Comisión Europea, España podría aspirar a unos 77.000 millones en trasferencias y 63.000 en créditos. Teniendo en cuenta que cada punto del PIB anual son unos 12.000 millones de euros, España se juega algunos puntos del PIB en esa trascendental partida.
Mientras todo eso se cuece en la UE, el debate nacional, la opinión publica y publicada camina por la senda de la crispación, los ataques al Gobierno, alentado todo por los durísimos debates parlamentarios que han tenido lugar para aprobar las prórrogas del Estado de Alarma.
“No creo que esos debates que se están desarrollando en Europa no se estén desarrollando en España”, explica la eurodiputada socialista Lina Gálvez a eldiario.es, “sino que tenemos una situación de crispación política azuzada en los medios, que se refleja en la población, y que impide abordar esos debates. Con una sociedad tan crispada, hay poco margen para el diálogo necesario para afrontar los temas de calado internacional, que además son de mucha importancia, y los temas de futuro, que además van a gran velocidad”.
Gálvez entiende que “no hay agenda de país, de bien común, y que falta ese sentido de Estado. Lo que hay más bien es un patriotismo barato y frentista. La derecha europea es distinta, no se comporta de manera distinta que la española. Mira lo que está ocurriendo en Portugal. Y la verdad es que da mucha pena”.
El vicepresidente del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, defendía en la Eurocámara que el plan de la Comisión Europea “no puede servir para blanquear las políticas de los malos gobiernos. Si regamos el populismo, esta es una planta que crecerá y arraigará. Europa, además de este plan Marshall económico necesita un plan Marshall democrático que defienda el estado de derecho y nuestros valores con tanta fuerza como defendemos nuestra moneda única”.
El vicepresidente del grupo liberal en la Eurocámara, Renew Europe, y portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano, afirma en conversación con eldiario.es: “El debate se está simplificando excesivamente en varios temas muy importantes. En primer lugar, el de las reformas y la condicionalidad. Hay que evitar la condicionalidad macro, pero hay que dejar claro que no queremos usar el dinero mal y aceptar como país que es bueno que hagamos ciertas reformas que nos hagan mejorar la economía”.
“Además”, explica Garicano, “hay debates entrelazados: el de cuánto dinero habrá, si es transferencias o préstamos, y cómo se paga este préstamo. Y no incluimos recursos propios ahora, el riesgo es que el siguiente presupuesto de la UE tenga muchos recortes en cohesión para acometer ese repago de la deuda. A España le interesa que las dos cosas se resuelvan a la vez: no sólo centrar el debate en transferencias o préstamos, sino también el de los recursos propios. Es un tema en el que Europa tiene una ventaja comparativa, tanto en la tasa digital para evitar una amenaza de EEUU como el impuesto a las empresas”.
La cabeza de lista de Unidas Podemos y portavoz de Podemos en la Eurocámara, María Eugenia Rodríguez Palop, afirma a eldiario.es: “Me parece importante el asunto de los paraísos fiscales. Holanda intentará en la negociación que se le respeten sus privilegios fiscales a cambio de ceder. ¿Cómo se va a avanzar entonces a una fiscalidad europea? Esa cuestión está muy confusa, ha habido muy poco debate con las tasas en Europa. Se habla de recursos propios, pero no de la competencia desleal de Irlanda, Luxemburgo, etc. Tampoco se ha planteado que el dinero esté vinculado a las reglas del Estado de derecho... Como va vinculado a la reconversión industrial, Polonia y Hungría se llevan el dinero, a pesar de la deriva autoritaria de Hungría y Visegrado [grupo que incluye a Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia]”.
“Hay un eje norte-sur que tiene que ver con la austeridad, el mercado único y eurozona; y hay otro eje este-oeste que tiene que ver con el autoritarismo”, dice Palop: “Parece una cuestión de homofobia y misoginia, y estamos hablando de autoritarismo, me parece importante”.
Garicano también destaca el asunto de la gobernanza económica europea: “A España le interesaría que el Parlamento Europeo participa en la gobernanza para dotarla de valor democrático, que el semestre europeo y las reformas tengan legitimidad democrática”.
En este sentido, la Comisión Europea activó la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para dar barra libre al gasto, el déficit y la deuda de los Estados, que alcanzará cifras de récord al final de 2020. Pero, ¿qué pasará después cuando se pida reactivar el pacto y volver a una tasa de déficit del 3% cuando haya países, como España, en el 10%? “El Pacto de Estabilidad y Crecimiento lo doy por muerto”, dice Garicano: “No podemos, después de la deuda que vamos a tener todos, volver a Maastricht. En una unión compartimos tarjeta de crédito y hay que poner normas sobre cómo se usa la tarjeta común. Pero el Pacto de Estabilidad se ha demostrado que ya no tiene sentido. Hay una oportunidad enorme para construir un nuevo pacto de estabilidad y crecimiento”.
Rodríguez Palop abunda en esta tesis: “No se está planteando de manera clara en el debate español algo que es importante: la suspensión definitiva del pacto de estabilidad. Estamos dando una salida alternativa a la de 2008, hemos suspendido ese pacto, pero ese pacto, antes o después, va a volver a estar operativo. ¿Por qué no se discute la suspensión definitiva de ese pacto, que es un instrumento que se usó en un momento para un momento en el que ya no es útil, sino contraproducente?”.
“La condicionalidad es una de las cuestiones abiertamente discutidas, y se habla de la Europa verde y digital”, afirma Palop, “pero debería debatirse las reformas que nos van a exigir, asumiendo que se va a poner en marcha el pacto de estabilidad. Qué tipo de reformas van a ser, porque también hay una agenda oculta. ¿En qué se va a traducir las reformas cuando lleguen? ¿En qué se va a traducir la Europa verde y digital?”
En cuanto al plan de reconstrucción, Gálvez defiende que “tiene mucho de la propuesta de gobierno de Sánchez, que fueron bien recibidas que ha ido ganando forma. También se ha puesto en marcha un grupo de reconstrucción en el Congreso, y que ha puesto en marcha una consulta abierta en la que puede participar cualquiera, y eso a su vez debate y eso crea que ese tema realmente esté en la sociedad. A mí me consta, eso sí, de manera sectorial, que se está muy pendiente de este plan y de otros planes como el plan de transición justa europeo”.
El debate que Gálvez cree que está permeando menos es el de la transición digital: “Se tiene que abordar con una transversalidad casi invasora, pero creo que este decalaje no es una cuestión específica de España, sino que la sociedad todavía no es consciente del cambio tan profundo y tan decisivo que las nuevas tecnologías o su desarrollo nos está trayendo. Está menos en la agenda, como también le pasa a los recursos propios de la Unión Europea, las tasas digitales, de transacciones financieras o la del carbono en frontera”.
En cuanto a otros asuntos que no están presentes en la agenda española, Rodríguez Palop apunta, por ejemplo, “a que hay países de la UE que aún no han suscrito el Convenio de Estambul sobre violencia contra las mujeres; o que hay países que están trabajando en la transparencia salarial, y la Comisión Europea está dubitativa, para avanzar en la supresión de las brechas salariales”.
“Y luego está la agricultura”, recuerda Palop, “con recortes en la propuesta de presupuestos de la Comisión Europea, mientras se ha multiplicado el fondo para una transición justa de los 7.500 millones a los 40.000 millones, de los cuales 1.800 irían a España gracias al fondo de recuperación del coronavirus. Pues bien, estamos planteando que se oriente ese fondo de transición justa también a la agricultura. El modelo no puede ser solo contra las industrias contaminantes, también tiene que fomentar un modelo productivo más sostenible, como la agricultura. El modelo está excluyendo al sector agroganadero, a la par que está apostando por sectores extractivistas”.
“No hay una auténtica apuesta por el modelo ecológico”, concluye Palop, “mientras se está aprobando un acuerdo comercial con Vietnam que abre la puerta a productos que pueden acabar con sectores agrarios europeos”.
González Pons defendía en la Eurocámara que el fondo “se repartirá de forma justa y equitativa y que llegará a los ciudadanos, que los miles de millones de euros que anunciamos serán reales, los ciudadanos ya no nos creen cuando pronunciamos la palabra billones, demasiadas veces no ha significado nada para ellos”.
“La economía no va de números, la economía va de confianza, estamos hablando de seres humanos, de la vida de todos nuestros conciudadanos, no de los políticos que los gobiernan”, concluyó González Pons.