La reforma laboral y las pensiones pondrán a prueba la compleja cohabitación entre Sánchez e Iglesias en el arranque de 2021

La gestión del COVID-19, la permanente tensión entre los socios, el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos, la magnitud de la crisis socioeconómica… Todo suma. Pero la segunda ola de la pandemia parece haber acentuado el desgaste del Gobierno de coalición, al menos en lo que respecta a las expectativas electorales dibujadas esta semana por el CIS. El PSOE baja ligeramente y Unidas Podemos retrocede aún más mientras PP, Vox y Ciudadanos mejoran sus pronósticos. Con todo, los socialistas se mantienen por encima del resultado de 2019 –lo que no consiguen los de Pablo Iglesias, que retroceden dos puntos respecto a noviembre de hace un año–, registran una tasa muy alta de indecisos que podrían recuperar de aquí a las próximas elecciones y mantienen una ventaja sobre el PP de diez puntos. Sánchez, eso sí, se aleja cada vez más del aprobado mientras la valoración de los tres líderes de las derechas se mueve al alza. 

Sea coyuntura o sea tendencia, en La Moncloa han tomado nota de los datos y no son ajenos al deterioro del Ejecutivo, que tiene poco que ver con el tiempo de gobierno y mucho con la pandemia, pero sobre todo, apuntan, “con los hábitos de Unidas Podemos”. Más claro: Sánchez ha impuesto un giro de guion y dado instrucciones para dejar de contemporizar con los usos y costumbres de sus socios para poner fin a tanta discrepancia pública entre ministros, ya sea por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la reforma del Poder Judicial, los desahucios o los cortes de suministros para familias vulnerables, por citar algunas de la “zapatiestas” más recientes.

Entre las evidencias que deja el primer año de Gobierno está, sin duda, la colisión entre el área económica del Gobierno, encabezada por Nadia Calviño, y los ministros de Unidas Podemos liderados por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias y que, hasta ahora, se han saldado casi siempre con la victoria de las posiciones del segundo. “La respuesta está en los acuerdos de gobierno firmados entre Sánchez e Iglesias porque todo lo conseguido en materia social formaba parte de ellos. Nada ha sido fruto de la improvisación, sino de la autoexigencia para cumplir con lo prometido a quienes nos votaron”, apuntan fuentes de los morados.

Iglesias entiende que de no ser por su presencia en el Gobierno, el PSOE hubiera aparcado parte de los compromisos adquiridos ante sus electores por la coyuntura económica generada por la pandemia y que su obligación es mantener la presión sobre sus socios para disuadirles de transitar por la senda de la ortodoxia económica de Bruselas. Una lectura que ha calado en los medios y en la calle y que los socialistas no solo rechazan sino que están dispuestos a combatir con el arranque de 2021, después de que Iglesias haya llamado a la movilización social contra su propio Gabinete en asuntos que centrarán el nuevo curso como son la derogación de la reforma laboral y las pensiones. Una iniciativa, esta última, planteada por el ministro José Luis Escrivá para aumentar el número de años de cotización en el cómputo para el cálculo de la jubilación tan solo un mes y medio después de lograr un acuerdo por unanimidad en el Pacto de Toledo con el que en teoría se garantizaba ya la sostenibilidad del sistema.

Y todo ello mientras sigue abierta la negociación en la mesa del diálogo social, a pesar del 'no' de Sánchez a la subida del SMI que defienden los morados en un 0,9%, el mismo porcentaje aprobado para funcionarios, pensionistas y trabajadores sujetos a convenios colectivos. La patronal ha encontrado un aliado inesperado en la parte socialista del Gobierno frente a la posición de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que mantiene la necesidad de revalorizar el Salario Mínimo para beneficiar a 1,5 millones de trabajadores. “Los únicos gobiernos que congelaron el SMI fueron los de Rajoy y no queremos pertenecer a ese club”, aseguran desde el ministerio de Díaz, que está convencida de que la suya no es una posición partidista ni radical, sino de sentido común, acorde a lo que están haciendo otros países de nuestro entorno ante las perspectivas económicas para 2021 y compartida por gran parte de los socialistas españoles.

Sobre la realidad numérica de Podemos

Sánchez ha querido, por su parte, enviar un doble mensaje a la CEOE con su posición. De un lado, de comprensión ante la compleja situación que atraviesan los empresarios españoles como consecuencia de los estragos provocados por la pandemia y, de otro, que en el Gobierno manda él, y no Unidas Podemos. Una idea esta última que se encarga de reforzar su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cada vez que se refiere a sus socios como al cuarto partido del Congreso de los Diputados, algo que viene haciendo reiteradamente en las últimas semanas. “De cuándo en cuándo hay que llevar las cosas al terreno de lo verídico y la realidad numérica de los 35 diputados que tiene Unidas Podemos”, recuerdan desde Presidencia. 

El Gobierno se enfrenta a partir de enero a una etapa si cabe más compleja en lo que respecta a la cohabitación entre socios. Hay dos asuntos con los que Unidas Podemos está dispuesto a hacer “casus belli”, y son la derogación de la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy y la de las pensiones que acaba de improvisar Escrivá para contentar a Bruselas. La primera forma parte también de los acuerdos de coalición suscritos por Sánchez e Iglesias, pese a que el área económica liderada por Calviño es partidaria de demorarla en el tiempo y, si fuera posible, que cayera en saco roto. Algo que rechaza de plano también un sector importante del PSOE. El debate en todo caso sigue abierto y no será fácil, ya que desde Trabajo se remiten a lo firmado para no ceder un milímetro en su posición,  que pasa por la derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales, la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de las empresas o el descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves como  partes más lesivas de la normativa vigente.

En el caso de la reforma de las pensiones, los morados afrontan la batalla entre la preocupación que les suscita “una iniciativa que poco tiene que ver con un gobierno progresista” –y no ha sido negociada en el seno del Gobierno– y la tranquilidad de que el PSOE no cuenta con mayoría parlamentaria para sacarla adelante, salvo que el PP estuviese dispuesto a apoyarla. Un escenario que no contemplan siquiera los de Iglesias al entender que Pablo Casado no querría hacerse corresponsable de una ampliación de 10 años en la cotización y un hachazo  general de las pensiones del futuro y que, de hacerlo por exigencias del guión comunitario, haría saltar por los aires la coalición de gobierno. Las pensiones son una línea roja que Unidas Podemos no está dispuesta a traspasar, pero tampoco algunos de los diputados socialistas que hoy se sientan en el Parlamento, lo que hace más incomprensible aún la iniciativa de Escrivá.

La propuesta del ministro de Seguridad Social, que supondrá un recorte del 5% para más del 70% de las pensiones futuras, ha caído como un jarro de agua fría no solo en Podemos, sino también en la mesa del diálogo social y en un sector del PSOE. Algunos recuerdan incluso que en el reciente acuerdo del Pacto de Toledo, que se construyó sobre uno de la anterior legislatura que decayó, se suprimió de hecho un párrafo que dejaba abierta la puerta a la posibilidad de aumentar los años de cotización. Año y medio después el propio ministro hace borrón y cuenta nueva para ganarse la confianza de las instituciones europeas.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya avanzó esta semana el rechazo de su partido a lo que entiende “un ataque injustificado” a los futuros pensionistas que supondría la propuesta de subir el cómputo de cálculo de 25 a 35 años e implicaría bajar a su vez las pensiones un 5,5%. Y expresó su perplejidad  con el borrador de propuesta confeccionado que el Ministerio de Seguridad Social tiene intención de remitir a Bruselas, después de sostener que hay otras “muchas maneras” de hacer el sistema “sostenible”. Entre ellas citó “destopar” las cotizaciones máximas, implantar un impuesto a la riqueza, pasar los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos o eliminar las desgravaciones fiscales a los planes privados de pensiones.

El caso es que más allá de los “psicodramas mediáticos” protagonizados en estos meses para elevar la presión en todas las negociaciones abiertas en el seno del Consejo de Ministros, será sin duda en los asuntos económicos con los que arrancará enero donde la coalición de gobierno se la juega. Lo que se dirime, además del diseño de la política económica, es el futuro de la hasta ahora compleja cohabitación entre  socios. Ya no es cuestión de pulsos, “sino de dejar claro ante Europa, ante la sociedad y también ante el electorado quién marca el rumbo”, advierten desde Moncloa. Aviso a navegantes que los de Iglesias reciben, toman nota, pero anuncian “más madera”, esto es, presión para el cumplimiento de los acuerdos. 35 diputados son pocos, sí, pero son “los que Sánchez aún necesita para seguir en La Moncloa”, responden. El golpe de autoridad de Sánchez puede ser hasta comprensible. La elección de las materias con las que pretende dar batalla frente a sus socios, no tanto. Basta con leer o escuchar lo que decía sobre la reforma laboral y las pensiones cuando era oposición.