El sistema foral genera para el País Vasco entre un 40 y un 60 por ciento más de recursos por habitante que el sistema del régimen común para financiar las mismas competencias, una cantidad que oscila de año en año, según un estudio de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco.
Zubiri ha publicado un artículo titulado “Una evaluación de la metodología, aplicación y justificación de los sistemas forales” en el último número de la revista del Instituto de Estudios Económicos, recientemente publicada y dedicada a la reforma del sistema de financiación autonómica.
Este experto analiza el funcionamiento del régimen foral vasco, parecido en muchos aspectos al de Navarra. Ambas comunidades recaudan casi todos los impuestos y su financiación depende de esta capacidad. De ese total que obtienen, explica Zubiri, se resta un cupo que pagan al Estado, una cuantía anual por lo que el Estado se gasta en beneficio de los ciudadanos de estos territorios.
“Tal y como está definido en la práctica, lo que se paga no depende de la renta de la Comunidad Autónoma, ni de cuánto recauda. Solo de lo que el Estado se gasta en beneficio de la Comunidad Autónoma”, explica el catedrático. En el régimen común, el criterio básico es la necesidad. “Simplemente, cada comunidad tiene unos recursos iguales a su necesidad estimada”, agrega.
Zubiri apunta en este sentido cómo se lograría que los sistemas forales y el régimen común dieran lugar a la misma capacidad financiera: si el País Vasco pagara al Estado lo que recaudara por encima de su necesidades estimadas.
EL SALDO FAVORABLE DE 2010
En su trabajo, este catedrático presenta como ejemplo el ejercicio de 2010. El régimen foral da lugar a transferencias entre el País Vasco y el Estado: El primero paga el cupo y el segundo realiza transferencias para ajustar la recaudación por impuestos concertados y los realmente pagados por los residentes vascos. Fundamentalmente, IVA e Impuestos Especiales.
En ese ejercicio, según estos datos, el cupo ascendía a 1.009 millones de euros, pero por ajuste del IVA el Estado transfirió a Euskadi 1.036 millones, por Especiales 125 millones y por acuerdos y convenios otros 381 millones. El saldo fue favorable a la Comunidad Autónoma Vasca en 283 millones.
SOLIDARIDAD LIMITADA
Este experto subraya sin embargo a continuación que “no hay nada inherente al mecanismo del cupo que implique más recursos per cápita. Todo depende de cómo se defina el cupo y de cómo se mida en la práctica”, añade. “La única valoración posible es si está bien medido (o no) y si consecuentemente se paga (o no) por lo que realmente el Estado se gasta en beneficio de los residentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco”, expone.
Zubiri también señala que la aportación a la solidaridad entre regiones es “muy limitada” en el caso foral, mientras que en el régimen común, las autonomías aportan a la financiación de las demás “todo lo que excede de su necesidad estimada”.
“Quien crea que esto es un problema, debe corregirlo aumentando la aportación de la Comunidad Autónoma. Una forma de hacerlo sería que hiciera una aportación al Fondo de Garantía de Servicios Básicos que existe en el régimen común”, agrega.
EXTENDER LA FÓRMULA
En esta misma revista del Instituto de Estudios Económicos se incluye otro trabajo de Carlos Monasterio Escudero, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, titulado “Corresponsabilidad fiscal: ¿El eslabón perdido del Estado autonómico?”.
En su trabajo, Monasterio explica que el régimen foral dado su nivel máximo de autonomía permite a Navarra y al País Vasco “apropiarse de las ventajas recaudatorias asociadas a la progresividad”. “Supone un enorme atractivo para las comunidades comunes de alto nivel de renta, como Cataluña, Madrid, Aragón, Baleares, que obtendrían mayores recursos de aplicárseles un sistema similar”, asegura.
A continuación, este catedrático reflexiona sobre este “federalismo asimétrico” que existe en España en el plano tributario, ante la existencia del régimen foral. “Sin duda, la consecuencia más llamativa de esta asimetría competencial es el hecho de que, si se extendiera el modelo federal a todas las comunidades, quien quedaría en una dependencia financiera sería la administración central”, dice.
Y añade que el Estado pasaría en este supuesto a financiarse de las transferencias recibidas, vía cupo, de las comunidades autónomas, sin disponer de ningún impuesto. “El Gobierno central tampoco podría influir en los patrones distributivos en una situación que no tendría parangón, a escala mundial, puesto que ningún país federal ha llegado tan lejos en la descentralización impositiva a favor de los gobiernos subcentrales”, agrega.