El Registro de la Propiedad se acoge a una ley franquista para ocultar documentación pública sobre Marivent

No solo el Gobierno de Baleares, Zarzuela y los tribunales. También el Registro de la Propiedad oculta documentación teóricamente pública y clave para determinar la titularidad del Palacio de Marivent, edificio donado a la ciudadanía de Mallorca durante el Franquismo para abrir un museo y una escuela de arte, pero que se convirtió inmediatamente, y hasta hoy, en residencia de uso privativo para los reyes de España y sus invitados. Ante las peticiones de elDiario.es, este organismo dependiente del Ministerio de Justicia ha denegado el acceso a una nota simple de la parcela sobre la que se levanta el palacio. Y para hacerlo se ha acogido a una ley franquista aprobada en 1946.

El Palacio de Marivent está registrado ante el Registro de la Propiedad número 6 de Palma que detenta el funcionario José Pablo Bolado Rodrigo. elDiario.es ha intentado durante semanas, directamente y a través de un servicio externo, acceder, sin éxito, a una información simple y básica sobre una finca supuestamente de dominio público: su titularidad.

Pero el registro de Bolado ha negado ofrecer dicha información. La oficina alegó en primer lugar la inconcreción de la petición. Pese a aportar la dirección exacta de la finca, fueron varias las veces que se denegó la consulta. “Las direcciones cambian”, fue la justificación que ofreció el personal de la delegación tras una primera consulta personal. También se aportó el nombre del teórico titular (la Comunidad Autónoma). Datos que, según la web oficial del Colegio de Registradores, forman parte de los “criterios de búsqueda” de los funcionarios. Incluso se planteó la opción de aportar la referencia catastral, pero desde la oficina lo rechazaron al no estar coordinados ambos servicios públicos.

La segunda consulta fue más precisa. elDiario.es consiguió el número de finca registral, un dato único que sí identifica con precisión la propiedad. Hecha de nuevo la consulta por la vía formal, la respuesta volvió a ser negativa. El Registro número 6 de Palma se tomó unos días para contestar: “La información no está disponible en ese momento. El interés legítimo alegado no procede al ser una finca de dominio público”.

Ese “interés legítimo” viene recogido en la Ley Hipotecaria, una norma que data de 1946, en plena dictadura franquista y en cuyo artículo 222 original indica: “Los Registradores pondrán de manifiesto los libros del Registro en la parte necesaria a las personas que, a su juicio, tengan interés en consultarlos”.

Ese “interés” se convirtió con el paso del tiempo en “interés legítimo”, pero la idea es la misma desde hace 80 años. Hoy, es el artículo 222bis el que lo regula: “El interés se expresará de forma sucinta en una casilla que advertirá de las limitaciones impuestas por el ordenamiento en relación al uso que puede darse a dicha información. No obstante, si el registrador entendiera que no ha quedado acreditado de modo suficiente dicho interés legítimo, podrá solicitar que se le complete éste. En todo caso, el registrador deberá notificar al solicitante en el plazo máximo de veinticuatro horas si autoriza o deniega el acceso, en este último caso de forma motivada”.

Este medio intentó recabar una explicación directa de la denegación de la nota simple. elDiario.es, entre otros, solicita de forma habitual a diferentes registros información sobre propiedades y titulares (anónimos, conocidos o altos dirigentes políticos), alegando interés periodístico o investigador. Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros casos, en este se ha negado el acceso. La única explicación: “Es un tema sensible. Tiene que consultar a la Comunidad Autónoma. Todos sabemos de quién es propiedad”.

¿De quién es Marivent?

Pero, ¿de quién es Marivent? La respuesta debería ser clara y concisa. Única. Fácil de demostrar e incluso irrelevante. Sin embargo, es un dato en penumbra, en el mejor de los casos. Como tanta información sobre el Palacio, la finca y el uso privativo que de ella hace Felipe VI y, antes, Juan Carlos de Borbón o Franciso Franco.

Las diferentes fuentes consultadas por este medio coinciden en que el propietario de la finca sobre la que se edificó el palacio hace casi un siglo es la propia Comunidad Autónoma. Pero no hay un papel que lo demuestre. O nadie lo enseña. 

Este medio ha contactado en diferentes ocasiones, antes y después de los rechazos del Registro de la Propiedad,  tanto con la Consejería de Presidencia que dirige Mercedes Garrido como con el propio equipo de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, sin lograr acceso a ningún documento que confirme la titularidad de la finca y del palacio.

“Marivent es del Govern”, apuntaron desde el Ejecutivo balear, sin aportar ninguna prueba. No es la única información desconocida.

Tampoco hay rastro de la Fundación creada durante el Franquismo para vehicular la donación, pese a que entre sus patronos debería estar el alcalde de Palma, la familia del donante y diferentes representantes de instituciones públicas de Mallorca y de la comunidad. Desde la Comunidad aseguran que no encuentran registros públicos de ella.

En los años 80 del siglo pasado dicha fundación pública fue condenada por los tribunales “en rebeldía” (es decir, en ausencia), junto con la Comunidad Autónoma, en una demanda que ganaron los familiares del donante inicial de Marivent, Ioannes Saridakis.

Los herederos del multimillonario egipcio de origen griego que se asentó en Mallorca tras hacer las Américas lograron revertir una parte del legado de su antepasado al constatarse en un juicio que Marivent incumplió durante lustros el objeto de la donación: la creación de un museo y una escuela de arte públicos. Las sentencias (de primera instancia al Tribunal Supremo) recogían que la condición de residencia de los reyes de España hacía imposible el uso para el que el dueño lo legó.

Los herederos recuperaron todas las obras de arte donadas por Saridakis. ¿Cuáles eran? No se sabe con exactitud porque ninguno de los al menos dos inventarios oficiales que se hicieron (uno, durante el proceso de donación en los años 60 del siglo pasado, y otro durante el proceso judicial) son públicos. Ambos documentos deben estar en algún archivo público. Como mínimo, en el juzgado que instruyó la causa y en los ficheros de la Comunidad Autónoma, que como parte de la causa puede acceder al expediente siempre que quiera.

Pero, de nuevo, un manto de silencio y oscuridad cubre todo lo relacionado con Marivent. elDiario.es accedió a un catálogo del casi nonato Museo de Arte Saridakis que recogía obras de Picasso, Delacroix o Goya, entre muchos otros, cuya posesión el pueblo balear perdió.

¿Y por qué los herederos recuperaron las obras de arte, pero no el palacio ni la finca de más de 30.000 metros cuadrados? Porque renunciaron a hacerlo en una escritura pública levantada ante notario. Otro documento secreto, del que parece no tener una copia ni la Casa del Rey, ni el Govern. 

Toda esta documentación, de principio a fin, debería formar parte del expediente judicial que siguió a la demanda interpuesta por los herederos de Saridakis contra Baleares y la fundación fantasma. Un expediente que, como casi todo lo que rodea a Marivent, es secreto. Ni el Govern, el archivo público o el propio tribunal han dado cuenta de él.

Francina Armengol aseguró en una reciente entrevista con elDiario.es que todo lo referente al Palacio es secreto por una “decisión del juez” que hay “que asumir”. Este medio ha preguntado por dicha “decisión del juez” y ha reclamado conocer los términos de tal prohibición. La respuesta: silencio.

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