Romper la disciplina de voto les sale muy caro a los diputados de los principales grupos parlamentarios. Entre 500 y 900 euros. Ni el PP ni el PSOE contemplan la libertad de voto en sus reglamentos internos. Ciudadanos solo lo permite en casos muy excepcionales. Unidos Podemos no tiene normas internas ni sanciones y se rigen, según afirman, “por el principio de libertad”.
El debate sobre si debe haber libertad de voto en los grupos parlamentarios en circunstancias muy determinadas se ha vuelto a suscitar a raíz del caso de los 15 diputados del PSOE que han desafiado a la gestora votando ‘no’ en el debate de investidura de Mariano Rajoy en lugar de la abstención que fue aprobada en el Comité Federal. Socialistas y conservadores coinciden en que todos los diputados deben acatar el sentido de voto que se apruebe previamente. Y así lo han plasmado en sus Reglamentos internos, que son muy estrictos.
Por este motivo, los díscolos del Grupo Socialista se enfrentan ahora a la pena máxima, que es de 600 euros. El responsable de disciplina del grupo, Luis Carlos Sahuquillo, acaba de enviarles una carta comunicándoles que “se abre el procedimiento habitual” en estos casos antes de emitir una decisión. A partir de ahora tienen una semana de plazo para presentar alegaciones.
Aunque su comportamiento es considerado un hecho “muy grave”, expulsarlos y enviarlos al Grupo Mixto, como ha sugerido José Blanco, supondría dejar que Podemos se convierta en el principal grupo de la oposición. Y a eso no parece estar dispuesto el partido.
En el Congreso solo los tres de los cuatro principales grupos parlamentarios, PP, PSOE y Ciudadanos, tiene regulado el funcionamiento de sus grupos parlamentarios. El Grupo Popular y Ciudadanos no los hacen públicos. Al del PSOE se puede acceder a él fácilmente buscándolo en la red.
Los tres grupos mayoritarios consideran faltas muy graves romper la disciplina de voto en leyes orgánicas o debates de calado, como el de investidura. Las ausencias sin justificar a las votaciones de los Plenos o de las comisiones entran dentro de la categoría de faltas graves o leves, según el caso. Pero si el parlamentario es reincidente en su comportamiento incluso podría llegar a ser suspendido de sueldo por un tiempo determinado.
En Ciudadanos el Reglamento interno también sanciona con dureza estos comportamientos aunque dejan libertad de voto en casos “muy excepcionales”. “Los diputados de Ciudadanos se deben a un proyecto respaldado por los votantes y por eso se hace necesario establecer unos criterios mínimos para que el voto de los diputados sea coherente con ese proyecto”, señalan en la dirección del grupo. No obstante, el partido se distingue de los dos grupos mayoritarios en que contemplan excepciones. Pocas, pero las contemplan al menos.
“Ocasionalmente se podría estudiar conceder libertad de voto en algunos asuntos con fuertes implicaciones morales personales, pero en el funcionamiento habitual del grupo parlamentario es necesario mantener esa coherencia, que es la que nos permite ser responsables ante los ciudadanos como partido”, explican.
La ruptura de esa “coherencia en el voto está considerada como falta muy grave en nuestro reglamento, y por tanto acarrearía unas sanciones económicas proporcionales dentro de nuestro régimen disciplinario, entre 600 y 900 euros”.
Unidos Podemos, por el contrario, no ha establecido aún normas de funcionamiento para sus diputados del Congreso. Por lo tanto, no hay sanciones disciplinarias. “Nunca se ha dado el caso”. “Los acuerdos con las confluencias, además, establecen libertad de voto”, precisan en el grupo de Pablo Iglesias.
El ejemplo que ponen es el Ayuntamiento de Madrid en donde el grupo municipal dirigido por Manuela Carmena. “Allí ya ha pasado que la mitad del grupo vota una cosa y la otra mitad la contraria. Y eso se ha llevado con normalidad y sin imponer mecanismos disciplinarios ni punitivos”.
Otros casos sonados en el PSOE y el PP
En el PSOE ha habido más casos de sanciones por romper la disciplina de voto. Durante el debate de la reforma laboral, en junio de 2010, el exsecretario general de CCOO, Antonio Gutiérrez tuvo que pagar 600 euros por abstenerse. También fue sancionado cuando se negó a votar a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un límite al déficit público.
En el Grupo Popular también se han dado casos sonados. Una de las diputadas que más multas ha acumulado ha sido Celia Villalobos, que ha roto en diversas ocasiones la disciplina de voto. Una de ellas, en la reforma de la ley del aborto impulsada por Zapatero, que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, intentó enmendar, sin éxito, motivo por el que dimitió. Villalobos fue multada en dos ocasiones con 300 y 500 euros siendo miembro de la mesa del Congreso.
La implicación de España en la guerra de Irak, decidida por Aznar, creó también cierta rebelión interna en el Grupo Popular cuando el tema fue debatido en el Congreso. La negativa de la dirección del grupo a considerarlo un asunto de “conciencia” y dar en tal caso libertad de voto, llevó al diputado por Huesca, Luis Acín, a dejar su escaño. Aunque hubo otros dos diputados que manifestaron su oposición a la guerra, el cántabro Jesús López Medel y el leonés Juan Morano, ninguno de los dos rompió al final la disciplina de voto. López Medel terminó dejando el PP.