Ya no hay vuelta atrás. Los acontecimientos han beneficiado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y le han permitido centrar el debate de política general que se inicia hoy en el deseo masivo expresado por millón y medio de catalanes en la pasada diada y no en sus políticas económicas que han llevado a Cataluña a pedir un rescate de 5.025 millones de euros.
A pesar de que la masiva manifestación en favor de la independencia de Cataluña celebrada el pasado 11 de septiembre fue convocada por la Assemblea Nacional de Catalunya y sin la participación de partido político alguno, lo cierto es que las fuerzas soberanistas han sabido sacar partido de la concentración.
Voluntaria o involuntariamente, porque, tras la manifestación y el previsible no rotundo de Mariano Rajoy a Mas en la reunión celebrada el pasado día 20 en La Moncloa sobre el pacto fiscal, y con las arcas de la Generalitat completamente vacías, estaba abocado a la convocatoria de elecciones anticipadas. De hecho, la dirección de CiU tenía previsto convocar elecciones en primavera.
CiU ha confirmado que ha reservado el Palau Sant Jordi, con un aforo de 18.000 personas, para la noche del 23 de noviembre. Si ese día pretenden celebrar el mitin de cierre de campaña, los comicios se celebrarían el domingo 25.
Esta tarde Mas abre el debate con el discurso del president, que, según fuentes de Convergència, se basará en los desequilibrios de la balanza fiscal entre Cataluña y España. Cataluña es la cuarta comunidad que más contribuye al Estado. Cuando eso se traduce en inversiones del Estado, la comunidad de Mas pasa a la décima posición.
Las mismas fuentes matizan las informaciones que se han filtrado en el sentido de que en una reunión con grandes empresarios Mas definió su proyecto para Cataluña asimilado al estatus de Puerto Rico como Estado libre asociado a Estados Unidos.
Según las citadas fuentes, Mas no pretendía otra cosa que reclamar para Cataluña una situación parecida a la que tienen desde la transición el País Vasco y Navarra, que recaudan todos los impuestos, pagan al Estado por los servicios que reciben de la Administración española y gestionan el resto, una vez aplicada una cuota justa de solidaridad con los territorios menos favorecidos, pero muy lejos de los 16.500 millones de más que paga Cataluña en la actualidad.
En todo caso, matizan, si hubo críticas, fue porque lo expresado por Mas a los empresarios, y pactado previamente con el presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica, les recordaba al fallido plan Ibarretxe. Y se trataba de críticas posibilistas, porque el empresariado catalán sí está a favor de un cambio en la fiscalidad catalana.
La manifestación del 11 de septiembre ha descolocado a los grandes partidos políticos españoles. Los sectores más inmovilistas del PP ni siquiera contemplan una modificación constitucional que permita un nuevo encaje de Cataluña en España, mientras el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, ya aclaró ayer que “se puede hablar” para buscar una solución negociada. Las declaraciones de la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que habló de prohibir las elecciones si tenían un carácter constituyente, han quedado en agua de borrajas, máxime cuando las encuestas del CIS catalán vaticinan una caída de 18 a 10 escaños al PP de celebrarse ahora las elecciones.
Mas pretende sortear una cuestión especialmente espinosa. Llegó al poder un año antes que Mariano Rajoy y en realidad fue él quien inició la senda de los recortes en el Estado del bienestar. De hecho, a muchos de los recortes que en apenas 833 días ha aplicado el PP desde que Rajoy tomó posesión como presidente del Gobierno, los catalanes tienen que sumar los recortes aplicados por Mas. Además del porcentaje de pago de los medicamentos aplicados por el PP, los catalanes pagan un euro por receta. Los recortes en Sanidad no tienen parangón en el resto de España. También en educación, Cataluña ha sufrido recortes adicionales a los del resto de España.
Por ho hablar de hasta qué punto se han recortado las prestaciones en materia de servicios sociales, desde la renta básica de inserción conocida como PIRMI, hasta las ayudas a la dependencia. Ayer, cuando Mas acompañaba al alcalde convergente de Barcelona, Xavier Trias, los trabajadores de Transports de Barcelona y de Parc i Jardins se encargaron de recordarles sus responsabilidades en la política de recortes entre abucheos y lanzamiento de huevos.
Con un discurso ambiguo, que abra la puerta a que el Parlament apruebe el jueves una resolución en la que se exija el reconocimiento al derecho a decidir de Cataluña, una declaración que, por cierto, el Parlament ya ha emitido en ocasiones anteriores, Mas evitará a cualquier precio pronunciar en su discurso la palabra independencia. Se decantará por términos como “dotarse de instrumentos de Estado” o “reconocimiento nacional”. Un adelanto bastante fiel del programa con el que la federación nacionalista se presentará a las próximas elecciones autonómicas.
El propio secretario general de Convergència e hijo de Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, que acudió junto a su padre a la manifestación del 11 de septiembre, se declaró el pasado fin de semana independentista, al tiempo que admitía que su partido no lo es. No lo es Duran Lleida, y, según apuntan amigos de juventud de Mas, el propio presidente de la Generalitat no era ni siquiera nacionalista. Fue elegido como sucesor de Pujol por su ideario económico liberal, y no por su carácter soberanista. El propio Jordi Pujol, a pesar de su radicalización desde que abandonó el poder y de su presencia en la manifestación, manifestaba recientemente que la independencia de Cataluña es poco menos que imposible.
El miércoles los grupos de la oposición serán los que darán la réplica al presidente de la Generalitat. El principal de ellos es el PSC, que desde la reunión entre Mas y Rajoy ha dado un viraje en el que ha acompañado a su socio español, el PSOE. Si el sábado, el secretario general del PSOE advertía que su partido estaría enfrente de los soberanistas catalanes, ayer recuperaba, un día después del ex presidente Felipe González, el concepto de federalismo asimétrico. Un término acuñado por Pasqual Maragall y que le reportó alguna reprimenda pública por parte de González.
El primer secretario del PSC, el escasamente conocido Pere Navarro, esperó hasta el domingo para pronunciarse. Aseguró que su partido se adherirá a la petición soberanista del Parlament si cuenta con el apoyo mayoritario de la Cámara. Algo que parece seguro porque está claro que CiU, ERC, ICV-EUiA y Solidaritat votarán a favor. Sólo el PP y Ciutadans, apenas 21 escaños, han anunciado su decisión de votar en contra de la declaración soberanista.
El PSC debe sumar además que Navarro no es diputado autonómico y que hace apenas unas semanas el partido ha decapitado a la dirección del grupo parlamentario, presidido hasta entonces por Joaquim Nadal, y con Miquel Iceta como portavoz, hombres de dilatada experiencia. Se estrenará en el debate el nuevo presidente del grupo socialista, Xavier Sabaté, y habrá que ver hasta qué punto es capaz de poner en evidencia el fracaso económico del Gobierno de Mas, más allá del debate soberanista.
Quien sí lo hará, precisamente por su apoyo a la declaración soberanista del Parlament, es el presidente del grupo de ICV-EUiA, Joan Herrera, a pesar de su definición como soberanista. Es difícil esperar lo mismo de ERC, porque en los últimos días viene lanzando cantos de sirena a CiU para concurrir en coalición a las próximas autonómicas. Dado que el nuevo presidente de la formación, Oriol Junqueras, tampoco podrá intervenir en el debate, responsabilidad que recaerá sobre su predecesor Joan Puigcercós, cualquier cosa es posible.