Las “relaciones estrechas” de la Policía con el ciudadano Javier López Madrid
Cuatro sumarios judiciales recogen indicios de que Javier López Madrid recibió, cuanto menos, trato de favor de la Policía en la investigación contra él por acoso, amenazas y agresión a la dermatóloga Elisa Pinto, imputada también a raíz de la denuncia que él puso contra ella. El contencioso entre ambos lleva cinco años atascado en dos juzgados de Plaza de Castilla y durante su instrucción, así como a lo largo de otras dos causas por corrupción contra el yerno de Juan Miguel Villar Mir, han emergido los contactos del poderoso empresario con varios mandos policiales, el último, el comisario Alberto Carba, responsable de la investigación de las denuncias cruzadas entre López Madrid y la doctora, quien llegó a decir al empresario en un mensaje: “Este partido lo vamos a ganar”.
El caso del comisario Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, ha hecho emerger la relación entre la élite económica del país con un grupo de mandos del Cuerpo Nacional de Policía, sospechosos de obtener dinero y prebendas abusando de su condición de altos funcionarios públicos. Villarejo está imputado por agredir a la doctora Pinto y amenazarla por encargo de López Madrid. La Audiencia Nacional considera que Villarejo ingresó millones de euros al frente de una organización criminal que elaboraba dosieres y recibía encargos de empresarios con problemas con la justicia. Las causas abiertas en el tribunal especial no versan por ahora sobre el presunto vínculo entre el comisario y López Madrid.
Dos años antes de que el comisario Villarejo fuera encarcelado por liderar presuntamente una organización criminal, un informe de la Guardia Civil, elaborado a partir de los datos extraídos del teléfono del empresario, adelantaba que López Madrid mantenía “relaciones estrechas” con comisarios. Una empresa de tecnología, acostumbrada a trabajar con la Policía, realizó un volcado del teléfono de López Madrid antes de que éste entregara su teléfono a la jueza Concepción Jerez con miles de contactos, llamadas y mensajes borrados. Pese a ello, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil logró recuperar una parte de ellos y elaboró un informe de fecha 7 de mayo de 2015.
“Existen relaciones estrechas con los comisarios de policía José Luis Conde, Enrique García Castaño, denotando las llamadas realizadas al comisario Conde antes y después de interponer denuncia antes su Unidad en compañía de ‘Gabriel’ y las realizadas a ambos comisarios el 12 de noviembre de 2014 antes de decir que quería ir a la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos para que le cuenten lo del montaje que se ha hecho desde allí”, recoge el atestado de la UCO, incorporado en su momento al sumario de la causa que investiga a la doctora Pinto como la autora de las amenazas.
Los comisarios aludidos, ambos jubilados ya, rechazan trato de favor a Javier López Madrid. García Castaño, imputado en el caso Villarejo de la Audiencia Nacional, asegura que López Madrid acudió a la Comisaría General de Información por el contacto que la unidad antiterrorista tiene con grandes empresas como OHL, objeto frecuente de amenazas, según dice, y porque el jefe seguridad de la constructora es un antiguo comisario de Policía, Daniel Santos.
García Castaño, entonces al frente de la Unidad Central de Apoyo Operativo, afirma que descartaron que se tratara de amenazas terroristas y que derivó el asunto a la Brigada Policía Judicial, la estructura especializada a nivel de Madrid, por los vínculos de López Madrid con la Casa Real. Pese al borrado a conciencia del teléfono de López Madrid, la Guardia Civil encontró ocho llamadas, realizadas todas ellas por el empresario al mando antiterrorista de la Policía, entre octubre de 2014 y febrero de 2015, momento en que finalizan las comunicaciones recuperadas del terminal.
Por su parte, Conde asegura que recibió a López Madrid porque se presentó en su unidad especializada en compañía de un abogado que reconoció por haber sido fiscal. El comisario defiende que, pese a que pensaron que podía tratarse de un asunto de despecho personal, el asunto no podía recaer en una comisaría cualquiera por pertenecer López Madrid, y otras personas posiblemente amenazadas, al círculo del rey de España, Felipe VI. Eso ocurría en noviembre de 2014. Cuando eldiario.es publicó los mensajes de apoyo de los reyes al empresario en pleno caso de las tarjetas black, también procedentes del móvil de López Madrid, la Casa Real se limitó a comentar que, en ese momento, 8 de marzo de 2016, la relación entre ambos, amigos desde el colegio, ya no existía.
Conde añade que mantuvo contactos telefónicos con López Madrid posteriores al día en que se presentó en la Brigada porque el empresario comenzó a “incordiar” a su jefe de grupo y él quiso descargarle de ese peso. El sumario recoge 18 llamadas con López Madrid (14 del empresario, 4 del policía y 2 perdidas). El comisario jubilado dice que López Madrid era muy insistente y que también se comportó de modo “impertinente” con él.
Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, según consta en la causa por acoso.
“López Madrid quiere que cierres la boca”
Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Societe Generale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía encarcelado tenía las oficinas de sus empresas “de inteligencia”. La relación de López Madrid con los comisarios citados anteriormente no ha tenido relevancia penal para las juezas que investigan a Pinto y a López Madrid. Pero en el caso de Villarejo es diferente. El comisario sigue imputado por haber ‘pinchado’ a la doctora por acoso el 14 de abril de 2014, en presencia de su hijo de diez años, mientras le decía: “López Madrid quiere que cierres la boca”. El hijo de la doctora también reconoció al policía como el hombre que fue a amenazarle a la puerta del colegio.
Villarejo niega todo ello y se refiere a la doctora en grabaciones incorporadas al sumario de la Audiencia Nacional como “una loca”, al tiempo que reconoce en un diario manuscrito, también incautado en el momento de su detención, su temor a que le señale en una rueda de reconocimiento. La cúpula policial de entonces, al frente de la que estaba el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, excusó en dos ocasiones de la citación judicial a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera citación de la jueza, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior.
Esos informes exculpatorios pertenecen a la investigación que dirigió el hoy comisario del Distrito Centro de Madrid, Alberto Carba, el policía que traslada secretos de la investigación a López Madrid y le comunica su apoyo antes de acabar su trabajo. “Queda muy poco de secreto de sumario y toca como hemos dicho tirar de paciencia en esta última vuelta”, le dice en otro mensaje Carba a López Madrid poco antes de que la jueza decidiera el fin del secreto de las actuaciones y fueran publicados los informes favorables a López Madrid en los medios. Estos mensajes entre Carba y López Madrid aparecieron entre los dispositivos incautados al empresario cuando fue detenido en el marco del caso Lezo, una investigación que derivó en la financiación irregular del PP madrileño.
Los informes de Alberto Carba sirvieron para que la Fiscalía de Madrid, dirigida entonces por José Javier Polo, pidiera de inmediato el archivo de la causa contra López Madrid que la jueza Belén Sánchez acordó sin atender a las últimas peticiones de la defensa de Pinto. La mujer hizo una enmienda a toda la investigación de Carba y denunciaba “un montaje policial”. Meses después, la Audiencia de Madrid atendió el recurso, ordenó reabrir la causa y López Madrid volvió a estar imputado. La rueda de reconocimiento contra Villarejo se celebró y la doctora le señaló como el autor de su apuñalamiento. El comisario Carba fue llamado a declarar y admitió errores en sus pesquisas.
Envío la dirección de la mujer al gurú de la Púnica
El sumario del caso Púnica también recoge mensajes que parecen conectar los intereses de López Madrid con la Policía, aunque en este caso con un intermediario, el gurú informático Alejandro de Pedro. El 27 de noviembre de 2013, ambos mantienen una conversación por Whatsapp y el consejero delegado del Grupo Villar Mir afirma: “Ya tengo la dirección”. De Pedro le contesta: “Estoy hablando con los hackers que llevan temas de la policía. Destruir el móvil completo es lo más seguro”. Es entonces cuando Javier López Madrid envía a De Pedro la calle, el número, el piso y la puerta donde vive la doctora en el distrito madrileño de Chamartín.
El 27 de septiembre de 2014, por la misma vía, De Pedro le dice al empresario: “Hoy he estado donde los pinchadiscos de los pincha teléfonos de la policía”. La defensa de la doctora Pinto pidió por ello la declaración de Alejandro de Pedro en el caso de acoso, pero el experto informático, con distintas excusas, ha evitado declarar en las cuatro ocasiones en las que ha sido citado.
A día de hoy, López Madrid atesora el difícil logro de estar imputado en dos causas de corrupción por sus vínculos con otros tantos enemigos irreconciliables del PP madrileño: Francisco Granados e Ignacio González. Por una parte debe responder, como ejecutivo del poderoso grupo empresarial que fundó su suegro, Juan Miguel Villar Mir, de sobornar a Granados y financiar al PP madrileño; y de otra, de pagar 1,4 millones en Suiza a Ignacio González.
