El relato del horror de cinco víctimas de trata: jornadas de 32 horas, amenazas a sus familias y obligadas a abortar

Todas las víctimas contaron una historia muy similar. Sus vidas precarias en su Paraguay natal cambiaron cuando recibieron una oferta de una compatriota que vivía en España: viajarían a Madrid para prostituirse y ganarían entre 2.000 y 3.000 euros al mes. Pero ellas elegirían su jornada, sus clientes y controlarían sus ingresos. El relato también es unánime cuando llegaron a nuestro país: la mujer que les había prometido una vida mejor les quitó el pasaporte, las encerró en una casa y fueron obligadas a prostituirse y someterse a todo lo que quisieran los clientes. La Justicia madrileña acaba de confirmar la pena de 33 años y cuatro meses de cárcel para la cabecilla del grupo, que llegó a ordenar que quemaran la casa de sus padres en Paraguay cuando supo que se había escapado.

Tanto las cinco mujeres como la proxeneta eran de Paraguay, uno de los países que, según los datos del Ministerio del Interior, más víctimas de trata aportan a las estadísticas en nuestro país junto con Colombia y Rumanía. Eran mujeres, según la Justicia, “desarraigadas e indefensas” que aceptaban prostituirse en España para ayudar en sus familias y enviar dinero a su país de origen. Una vez en Madrid, descubrían la realidad que su proxeneta había ocultado: les retiró el pasaporte alegando una deuda inexistente de miles de euros, fueron encerradas en una casa y obligadas a prostituirse “de lunes a lunes 24 horas” según dijo una de ellas. Algunas explicaron cómo llegaban a estar con más de una decena de hombres cada día y cómo a sus bolsillos llegaba una cantidad mínima del dinero que ganaban. Todo se lo quedaba la cabecilla.

Si alguna mostraba su disconformidad con la situación, se quejaba o intentaba escaparse, era amenazada. La mujer conocía a sus familias y se preocupaba de que todas supieran de lo que era capaz. Una de las víctimas, según su testimonio, fue claramente amenazada nada más fugarse: su familia de Paraguay iba a sufrir las consecuencias. Efectivamente, según consta en una denuncia del sumario, poco después varios hombres asaltaron a su familia en su país de origen e intentaron prender fuego a su casa. Una de las víctimas fue testigo directo de la amenaza y eso servía, según la Justicia, para “tenerlas bajo su control”. Otra de las chicas llegó embarazada a España y abortó cuando recibió la presión de la proxeneta: “Si no abortas, tienes que volverte a Paraguay”.

Según declara el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la mujer condenada había empezado a explotar sexualmente a sus compatriotas en 2014 y estas cinco mujeres llegaron a España entre 2016 y 2019. Primero eran trasladadas a la capital pero después eran explotadas sexualmente en Alicante, Burgos o Salamanca. La causa arrancó, de hecho, en la Brigada de Extranjería de Palencia de la Policía Nacional, los primeros en contactar con ellas.

El TSJ de la capital, según ha podido comprobar elDiario.es, acaba de confirmar la condena que la Audiencia Provincial impuso a esta mujer en primera instancia: un total de 33 años y cuatro meses de prisión por cinco delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro más contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Una condena todavía recurrible ante el Tribunal Supremo, que también implica siete años de libertad vigilada e indemnizaciones de 30.000 euros para cada una de sus cinco víctimas. La Fiscalía llegó a pedir más de 45 años de prisión para ella.

Los magistrados avalan la declaración de las víctimas como testigos protegidos para cimentar la condena de la proxeneta. Unas declaraciones que la Audiencia de Madrid definió como “coherentes y sólidas” frente a la versión exculpatoria de la condenada, que intentó convencer a los jueces sin éxito de que ella era otra mujer prostituida y que el verdadero cabecilla de todo era un hombre que había sufrido un ictus recientemente. Tiene “singular peso”, según el TSJM, el “testimonio de las víctimas, en que narran su esclavitud sexual, corroborado por elementos de carácter objetivo” como por ejemplo la información bancaria de la acusada o la agresión a la familia de una de las víctimas en Paraguay.

Un taxista, un fotógrafo y más víctimas

Las dos sentencias de este caso, pendientes de ratificación por parte del Tribunal Supremo, dejan claro que la mujer condenada era la cabecilla pero no era la única que sabía lo que pasaba en esos pisos de la ciudad de Madrid. Su hermana, a quien todas las víctimas apuntan como la persona que organizaba y facilitaba sus viajes desde Paraguay a España, no se sentó en el banquillo, al estar residiendo en su país de origen en un lugar indeterminado. Tampoco fueron identificadas todas las víctimas ya que, tal y como dijo una de ellas, en el chalet de Madrid estaba la proxeneta y “unas doce chicas, todas de Paraguay aproximadamente”. Según relató uno de los policías, “se identifican a más víctimas y algunas no quisieron declarar por miedo a la tratante”.

Hubo más víctimas y hubo más personas que sabían lo que pasaba en esa casa. Todas las víctimas hablaron de varias personas más que participaban en el engranaje de la explotación sexual, la más destacada un cliente que llegó a estar imputado pero que compareció en el juicio como testigo después de que la causa se archivara contra él. Este hombre, según los testimonios de las víctimas, era quien más exigía a las chicas: que consumieran cocaína, que practicaran sexo cualquier hora “incluso enfermas” y que estuvieran “hasta 32 horas” con él. Según dijo una de ellas, este testigo “las maltrataba psicológicamente, las humillaba”. Incluso intentó que dos de las mujeres, hermanas, mantuvieran relaciones con él simultáneamente.

Un inspector de Policía Nacional explicó lo que le trasladaron las víctimas sobre este cliente que no llegó a ser juzgado: “Excepto una chica, todas le tenían un miedo atroz, las humillaba, las amenazaba con tirarlas contra la ventana (sic), que había encargado el asesinato del hermano de una de ellas, las obligaba a drogarse”, explicó en el juicio. El hombre, denominado “cliente VIP” por unas de ellas, compareció en el juicio, pero su testimonio después de evitar el banquillo no sirvió de gran cosa: “Parece más preocupado por excusar su comportamiento que por aclarar lo que sucedía”, dijo la Audiencia de Madrid.

El proceso también afloró la figura de un taxista que no era cliente de la red de explotación sexual pero que sí transportaba a las chicas desde el aeropuerto o incluso entre ciudades cuando la proxeneta ordenaba su desplazamiento. “Alguna vez llevé a las chicas a casas y las recogía del aeropuerto, nunca me dijeron que estaban obligadas, o secuestradas”, explicó en el juicio. Una de las vías que la proxeneta usaba para llegar a más clientes era colgar fotos de las chicas en una página web, y algunas de las fotos eran hechas por ella misma, pero otras eran realizadas por un “fotógrafo profesional”, según declararon varias de ellas. Ese “fotógrafo profesional” que sacaba fotos de las mujeres no ha sido identificado en el juicio.

Esta sentencia sigue la tendencia establecida por el Tribunal Supremo en esta resolución que reveló elDiario.es a principios del mes de enero: se debe condenar a una proxeneta por trata de seres humanos aunque las víctimas sepan que vienen a nuestro país a prostituirse, y además cada mujer explotada sexualmente debe suponer un delito, lo que aumenta considerablemente las condenas de cárcel. Los datos del Ministerio del Interior revelan que en 2020 fueron liberadas 269 víctimas de trata en España, y los datos del Registro Central de Penados revelan que en 2019 los tribunales condenaron a 105 personas por trata de seres humanos.