El Gobierno quiere dificultar los procesos de remunicipalización iniciados por diversos ayuntamientos en los últimos años. Si en marzo la Abogacía del Estado decidía personarse por primera vez contra un Ayuntamiento por recuperar la gestión pública del agua, ahora el Ejecutivo ha incluido una disposición en los Presupuestos Generales del Estado que pone trabas a la remunicipalización de servicios externalizados.
La disposición 27 del borrador de los PGE recoge que las Administraciones no podrán incorporar como empleados públicos a los trabajadores “de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio”.
Hasta el momento, lo más común en los procesos de remunicipalización es que los trabajadores pasen a la Administración en primer lugar como indefinidos no fijos y, tras los correspondientes procedimientos de ingreso, de forma definitiva.
Además, en caso de aprobarse, a partir de ahora en los supuestos en los que “en cumplimiento de una sentencia o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, el personal se incorpore a sociedades mercantiles públicas se contabilizará como personal de nuevo ingreso en el cómputo de la tasa de reposición.
Desde los ayuntamientos han interpretado esa disposición como un ataque “con clara intencionalidad política” a los procesos de remunicipalización ya iniciados. “La tasa de reposición es la limitación que tenemos para contratar personal. Limitación que viene impuesta desde hace casi diez años, desde el inicio de la crisis, y marca un número concreto y exacto de trabajadores que pueden contratar las Administraciones”, ha explicado el consejero de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, en rueda de prensa. “Esto implicaría que casi ningún proceso de remunicipalización de cierta envergadura, con un volumen de trabajadores considerable, se pudiera dar”.
El alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega, ha señalado directamente al titular de la cartera de Hacienda: “Montoro intenta colocar en los Presupuestos un caballo de Troya que atenta contra la autonomía de los ayuntamientos”. Compostela Aberta, partido al frente del Ayuntamiento compostelano, ha criticado el “rearme” del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la remunicipalización porque “están en juego grandes intereses privados”.
Alberto Cubero ha incidido también en la “intencionalidad política” de la disposición. “Está claro que los dos años que llevamos de gobiernos del cambio en las principales ciudades de este país, donde hemos demostrado que la remunicipalización de los servicios públicos no solo era una promesa electoral sino que nos hemos puesto manos a la obra, es algo que ha molestado a ciertos sectores con poderes económicos en este país”.
Los Presupuestos todavía tienen que pasar por el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados, donde la disposición podría modificarse. La primera votación del borrador se realizará el próximo 4 de mayo.
Promesa electoral de las candidaturas de confluencia
Los programas electorales de las llamadas candidaturas de confluencia ante las municipales de 2015 incluían la recuperación de la gestión pública como una de sus propuestas bandera. Casi dos años después, parte de los procedimientos de recuperación de lo público iniciados por los ayuntamientos han sido paralizados por la vía judicial.
Los consistorios de A Coruña, Santiago y Zaragoza han dado pasos para asumir la gestión directa de ciertos servicios. A Coruña quiere recuperar la gestión pública de las bibliotecas, mientras en Santiago van a llevar a Pleno en las próximas semanas la remunicipalización de la ORA -el servicio de aparcamiento regulado- y la grúa. En Zaragoza, el gobierno local está a la espera de una sentencia judicial sobre la municipalización del servicio de atención telefónica del 010 y han expresado su intención también de que la gestión de los parques y jardines de la ciudad pase a ser pública.
En Valladolid, la gestión pública del agua se tendría que hacer efectiva a partir del 1 de julio si consigue superar la batalla legal. La Abogacía del Estado y la empresa concesionaria, entre otras, han presentado recursos contra la iniciativa.
Mientras, a finales del pasado marzo, siete municipios catalanes –Barcelona, Badalona, Sabadell, El Prat del Llobregat, Terrassa, Cerdanyola del Vallés y Santa Coloma de Gramenet– se unieron para crear la Asociación de Municipios Catalanes por la Gestión del Agua.
En Madrid, el Ayuntamiento dirigido por Manuela Carmena rescató BiciMad, que pasó a ser gestionado a través de la EMT. En septiembre del año pasado finalizó la concesión a la empresa encargada de la gestión de los servicios funerarios y la titularidad volvió a ser totalmente pública. No ocurrió lo mismo con la recogida de residuos y la limpieza de la ciudad: el 1 de noviembre entró en vigor el nuevo contrato.