La renuncia de Feijóo a recurrir la condena de la caja B rompe una década de estrategia judicial del PP

En apenas unas horas, la estrategia judicial que ha mantenido el Partido Popular durante una década para defenderse de las acusaciones por su caja B se diluyó este lunes. La decisión de su nuevo presidente, Alberto Núñez Feijóo, de retirar el recurso ante el Tribunal Supremo contra la condena impuesta por la Audiencia Nacional, acaba con casi una década de impugnación en los tribunales de la existencia de una financiación regular. “Es la caja B de Bárcenas, no la del PP”, era y sigue siendo la máxima de los conservadores, si bien el partido acaba de renunciar a la última posibilidad de que su verdad, el negacionismo sistemático de la financiación irregular, termine por convertirse en verdad judicial. 

Bastó un titular en plena campaña electoral andaluza –“el PP pide la absolución de Bárcenas”– para que el PP renuncie a toda una década de recursos, algunos de ellos encendidos desde el plano jurídico; de intervenciones de su abogado en las vistas orales; de recusación de magistrados que juzgaban como enemigos; y de advertencias de que el Tribunal Supremo tendría la última palabra. 

La nueva dirección del PP intentó este lunes delegar la responsabilidad en su predecesor, Pablo Casado. Pero cuando el abogado del PP dató el recurso ante el Supremo por el fallo de la caja B, el 19 de abril, y su procurador lo registró efectivamente, el día 20, Alberto Núñez Feijóo sumaba casi tres semanas al frente del PP, y buena parte de su dirección, al menos el núcleo más próximo e importante, ya estaba nombrado y con sus funciones asignadas. Algunos de ellos incluso tuvieron responsabilidades en el PP de Pablo Casado o en el tiempo que transcurrió entre el anuncio de su renuncia y la proclamación de su sucesor.

El nombre más relevante es el de la actual secretaria general, Cuca Gamarra. Número dos de Feijóo, fue de las pocas personas que formó parte de la dirección del PP durante todo el mandato de Casado, y es la única que ha pervivido en el nuevo Comité de Dirección. Cuando en marzo se presentó el registro “ad cautelam”, es decir, antes de que Feijóo asumiera formalmente los mandos del PP, ella había sido ascendida a coordinadora general. Un puesto que en ausencia del secretario general (Teodoro García Egea había dimitido en febrero) y con un presidente de retirada implica un gran control sobre la organización.

Otro de los nombres que ya estaban allí cuando se presentó el recurso es el de quien ha dado la rueda de prensa de este lunes para explicar la decisión de retirar el escrito: Esteban González Pons. Pese a que el valenciano no ocupó puestos de responsabilidad orgánica con Casado, fue designado presidente del Comité Organizador del Congreso que se celebró en Sevilla. Durante las semanas que estuvo en dicho cargo, Pons ejerció de portavoz oficioso del PP y era quien trasladaba a los periodistas no solo los asuntos relacionados con el cónclave, también otros de marcado carácter político.

En ese comité organizador figuraba otro nombre relevante: el hoy director de la Asesoría Jurídica del PP y director de su Departamento de Cumplimiento Normativo (Compliance), Alberto Durán. Él es, y era con Casado, el responsable de los asuntos legales del PP. Un funcionario de la casa, como denominan en el PP a los trabajadores que están directamente contratados. Su relación con el caso Bárcenas es íntima: fue él quien dio la orden de destruir los famosos discos duros de Luis Bárcenas, según reconoció en el tribunal que absolvió al PP de cualquier delito al respecto.

Este lunes, ante los periodistas, la actual dirección del PP dijo haberse enterado de la existencia y contenido del recurso “por los medios”. Y aunque mantienen que el partido “es inocente” en este caso, que no es el primero en el que resulta condenado, la proximidad de las elecciones andaluzas ha hecho el resto: “Estamos seguros de que el PP es inocente y fue injustamente condenado”, dijo González Pons. Pero añadió: “La estrategia jurídica choca con la lógica política. Debe pesar más la política que la estrategia jurídica”.

Por su parte, fuentes de la anterior dirección aseguraron el mismo lunes a elDiario.es que ellos no tenían “nada que ver con ello”. “No se dio ninguna orden en ese sentido. Casado no sabía nada”, zanjaron las mismas fuentes.

El PP comenzó intentando ejercer la acusación en caja B

La decisión de Feijóo constituye un final inesperado a una estrategia que comenzó con un fracaso, el intento en 2013 por convertir aquella máxima de Rajoy que decía que la Gürtel era una trama contra el PP y no del PP en figura jurídica: ser acusación en la causa. El juez Pablo Ruz terminó expulsando al partido de la acusación en el caso Gürtel por actuar en realidad como abogado defensor de Bárcenas. Eran los tiempos anteriores al descubrimiento de los papeles del tesorero. Y continuó con la negativa del mismo magistrado a que el PP actuara como acusación en la pieza abierta una vez conocidos los apuntes de la caja B. 

En cada uno de esos momentos ha estado presente y ha protagonizado la estrategia Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional, siempre reconocido con distinguidos destinos por gobiernos del PP cuando estaba en activo, y abogado de cabecera de la formación en cuanto activó la puerta giratoria y fue fichado por el prestigioso despacho Baker & McKenzie. 

Santos fue un apoyo fundamental en la época de Mariano Rajoy en la Presidencia del partido y de María Dolores de Cospedal en la Secretaría General. Desde la marcha de esta última, casi todo han sido sinsabores para el veterano letrado en su relación profesional con el PP. En febrero de 2021 tuvo que rectificar públicamente y admitir que había consultado con el PP sus encuentros con un amigo de Bárcenas, facilitados nada menos que por un juez de la Audiencia Nacional entonces en ejercicio, Enrique López, hoy consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y, hasta la llegada de Feijóo, máximo responsable de los asuntos de Justicia en el partido, en la época de Casado. 

Pese a que tanto desde la dirección nacional del PP como desde el entorno de Isabel Díaz Ayuso aseguran que la relación es inmejorable, el dato de la presentación del recurso no fue transmitido, siempre según la teoría esbozada por González Pons el lunes, y pese a los dos cargos, partido nacional y Gobierno autonómico que ocupaba Enrique López.

El juicio, exaltación del negacionismo de la caja B

El negacionismo practicado por el PP desde que aparecieran las primeras pruebas de su financiación irregular vivió un punto álgido con motivo de la vista oral que derivó en la condena que ahora Feijóo renuncia a recurrir. Por delante del tribunal desfilaron todos los presidentes y secretarios generales que tuvo el PP hasta Mariano Rajoy. Todos ellos negaron conocer la existencia de una caja B o haber cobrado sobresueldos. Dio igual que otros lo admitieran y que ya hubiera dos sentencias judiciales que acreditaran la existencia de la caja B. El fallo de la Audiencia Nacional de octubre pasado fue la tercera. Si el Tribunal Supremo no se corrige a sí mismo, la sentencia sobre el pago de las obras de Génova con dinero negro de los grandes constructores será el cuarto en el que se mencione, se estimen o no total o parcialmente los recursos de las otras partes. 

Los argumentos jurídicos presentados por Santos en el recurso ahora retirado [leánse aquí] contrastaban con la asunción del delito por el que fue condenado Luis Bárcenas. Con un abogado que le duró lo que el juicio y su posterior condena, el extesorero vio rebajada su pena al reconocer los hechos. Fue condenado a dos años de cárcel por su participación en el delito fiscal, correspondiente a 2007, cometido por la empresa que reformó Génova y que acordó cobrar en negro. 

La prescripción impidió juzgar más allá. Todos los empresarios que llegaron a estar imputados en la instrucción de la pieza de la caja B vieron cómo se archivaba la causa contra ellos porque no hubo forma de demostrar que el dinero que entregaban el PP era a cambio de una determinada adjudicación. Los sobresueldos que reflejaba Bárcenas en sus papeles, incluidos Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, y que reconocieron en la vista oral algunos de los que los cobraron, hubieran supuesto un delito fiscal ampliamente prescrito. La existencia de la caja B había quedado acreditada, sin embargo, en la sentencia de la primera época de Gürtel y en su ratificación por el Tribunal Supremo. 

Hasta aquí, la decisión de Feijóo sobre la estrategia judicial del PP, su 'cara A'. El partido ha mantenido todo este tiempo otra estrategia oculta, en ocasiones utilizando presuntamente recursos públicos, para sabotear la investigación de su financiación irregular. De eso versa la pieza 7 del caso Villarejo, la que investigación del espionaje a Bárcenas con fondos reservados que, hasta el momento, ha supuesto el procesamiento para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez; y la primera línea de mandos policiales de la brigada política. Aunque la estrategia de sabotaje no se circunscribió a la Operación Kitchen, como acreditan los propios investigadores de la caja B, acosados en sus puestos de trabajo mientras investigaban al PP.