Respaldo a Almeida, dimisión de Armengol: la doble vara del PP en los fraudes de las mascarillas

El Partido Popular ha encontrado en el ‘caso Koldo’ la munición que buscaba para intentar tumbar al Gobierno. Desde las peticiones de dimisión contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, hasta la declaración de intenciones del partido de bautizar la causa como ‘caso Sánchez’, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que no piensa soltar ese hueso: los populares entienden que las responsabilidades políticas por esta trama de comisiones en contratos de mascarillas sólo pueden ser saldadas con la renuncia o la retirada de los máximos responsables políticos del momento y su idea es escalar hasta el propio presidente.

Cada día los populares exigen la caída de un ministro nuevo. Su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, insiste todas las mañanas en involucrar a Pedro Sánchez y la diputada Ester Muñoz ha llegado a decir que es el “mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González”.

Toda esa hipérbole choca con la comprensión que el partido y sus dirigentes tuvieron con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en relación con la estafa millonaria en la compra de mascarillas a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño: “¿Responsabilidad política? No, hay que entender el contexto”, dijo entonces el regidor madrileño.

El ‘caso mascarillas’ del Ayuntamiento de Madrid fue desvelado por elDiario.es en marzo de 2022. La Fiscalía Anticorrupción llevaba meses investigando varias compras de material sanitario por parte del consistorio, a través de la funeraria municipal y con contratos de emergencia: mascarillas, guantes y tests comprados con grandes sobreprecios a una empresa malaya con la intermediación de los empresarios Medina y Luceño. 

La investigación, actualmente a la espera de juicio, apunta a que los dos aprovecharon el momento crítico de las primeras semanas de pandemia para vender el material al Ayuntamiento con sobreprecios que superaron el 60% para sacar comisiones millonarias. En el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, además, el Tribunal de Cuentas certificó que el consistorio de Martínez-Almeida hizo la peor compra de España esos días: a 6,24 euros por mascarilla, más del doble de lo que pagaron otras grandes ciudades como Barcelona o Zaragoza. 

La Fiscalía pide condenas de hasta 15 años de prisión para los dos comisionistas por delitos fiscales, de estafa y de falsedad documental. Son acusaciones centradas en el engaño que perpetraron al inflar los precios para obtener comisiones que sumaban más de seis millones de euros, falsificar documentación y después intentar ocultar el botín. La investigación también abordó cómo llegaron hasta Elena Collado, alto cargo del Ayuntamiento que gestionó las compras en esos días de caos. Y acreditó que lo hicieron a través de un primo del alcalde, que les indicó cuál era el cauce para ofrecer este tipo de material. La investigación nunca se dirigió ni contra Collado ni contra el primo del regidor ni, finalmente, contra ningún trabajador del consistorio que intervino en el proceso.

A diferencia de lo que dice ahora el PP, Feijóo presentó a Almeida como una víctima y justificó esas compras. Lo hizo en una entrevista en la Cadena SER hace ahora un año donde dijo: “Ha habido pillos durante la pandemia, ¿por qué? Porque no teníamos material, y al no haber material, hay intermediarios para conseguirlo, China era una especie de casa de subastas, los países se quitaban contratos los unos a los otros, porque no había mascarillas, no había respiradores, y porque la gente se moría, la gente necesitaba material sanitario y no lo tuvimos, improvisamos mucho”. Sobre Almeida, lejos de pedir su cese, Feijóo afirmó: “He hablado con el alcalde de Madrid, es una persona íntegra, estoy absolutamente convencido y sabrá defender los intereses del Ayuntamiento de Madrid”. El líder del PP animó al Gobierno municipal a personarse como acusación, cosa que no había hecho en todos esos meses.

En el ‘caso Koldo’ también se investiga el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos para suministrar mascarillas en los meses más duros de la pandemia. Sin embargo, en esta supuesta trama cobra relevancia la implicación de un empleado público: Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, a quien el PSOE exigió su renuncia al acta de diputado y ha iniciado los trámites para expulsarle del partido. Anticorrupción sostiene que fue él quien facilitó a empresarios amigos la información sobre las adjudicaciones de material sanitario que se iban a realizar y quien tenía la “relación directa” con los funcionarios que adjudicaron algunos de los contratos. 

La empresa investigada, Soluciones de Gestión, logró 53 millones en contratos de mascarillas de los Ministerios de Transportes y de Interior y de los servicios de salud de Canarias y Balears. Con esa operación tuvo 16 millones de euros de beneficio. Esto es, las ganancias para la empresa supusieron el 30% de la facturación. Los mayores beneficios los habrían obtenido los empresarios implicados. Juan Carlos Cueto, uno de los principales implicados en la red, se habría embolsado 9,6 millones, mientras Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor, habría obtenido 5,5 millones. 

Por esa labor de mediación, Koldo García habría cobrado unas comisiones que, después, habría tratado de ocultar o blanquear utilizando para ello a familiares cercanos. La investigación apunta a que, en sólo dos años, entre 2000 y 2022, acumuló un patrimonio de más de un millón de euros cuando su sueldo como asesor era de alrededor de 100.000 euros anuales.

En los últimos días, el PP ha centrado sus ataques en la derivada de Balears. Esto es, en el contrato de 3,5 millones de euros adjudicado a la empresa de la trama por el Govern que entonces dirigía Armengol. Las mascarillas fueron compradas en abril de 2020. Un mes después, en mayo, el Ejecutivo balear supo que eran de menor calidad que las contratadas. Pese a ello, tardó tres años en abrir el expediente de reclamación. 

Ese extremo centra la ofensiva de los conservadores, que acusan a Armengol de “mentir” y de haber pedido la devolución el día en que abandonaba la Presidencia de Balears sólo para protegerse políticamente. En realidad, el Govern que presidía inició los trámites para reclamar el dinero en marzo, aunque no formalizó el procedimiento hasta el 6 de julio, un día antes de la toma de posesión de la nueva presidenta, la popular Marga Prohens. 

El ‘caso Sánchez’, según el PP

Cualquier novedad del caso ha servido al PP para tratar de responsabilizar de la existencia de la supuesta trama corrupta no solo a los imputados y sus superiores, sino hasta el propio presidente del Gobierno. “Este es el ‘caso Sánchez’ y está tardando en explicar qué sabe y por qué cesó al señor Ábalos”, afirmó hace una semana Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. 

Desde entonces el partido de Alberto Núñez Feijóo ha subido el tono apuntando directamente a Sánchez y pidiendo la dimisión de Armengol. “Fue colaboradora necesaria”, añadió Tellado este lunes. Sánchez, según Feijóo, es culpable de “saber y tapar” el caso que afecta al exasesor del entonces ministro de Transportes. 

Preguntados en los últimos días sobre las similitudes y diferencias del 'caso Koldo' con el 'caso mascarillas' de Madrid, todos los portavoces del PP rechazan la comparación. Tanto en el fondo como en la forma: las dimisiones que exigen ahora fueron rechazadas en 2022. “La señora Armengol tenía que haber dimitido ya por haber estafado a los baleares”, dijo el propio Almeida después de trascender que la Fiscalía Europea investigaba las compras de mascarillas a la trama en Balears y Canarias. Lo que ocurrió en Madrid, según Almeida, fue una “estafa” y en Balears ha operado “una trama corrupta”. 

“Hay que entender el contexto”

Son declaraciones opuestas a las que dirigentes del partido hicieron hace dos años, cuando estalló el caso del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, todos los altos cargos del PP fueron unánimes al rechazar que el alcalde de la ciudad de Madrid tuviera que asumir algún tipo de responsabilidad política por la compra millonaria de material sanitario que ocultaba comisiones para dos empresarios. “¿Responsabilidad política? No, hay que entender el contexto”, dijo el propio Martínez-Almeida. En ese momento, incluso, esgrimió que un juzgado de Madrid investigaba a tres altos cargos del Gobierno central por ventas de material sanitario, causa abierta a instancias de Vox y recientemente archivada por falta de pruebas de delito. 

En esos primeros meses tras el estallido del caso, el alcalde de Madrid reclamaba comprensión. El mercado persa sanitario de esos primeros meses era un “sálvese quien pueda”, dijo. “¿Por qué no lo denunciamos? Porque no sabíamos del cobro de comisiones”, justificó también. En otras declaraciones de ese mes de abril de 2022, el alcalde se presentó como una “víctima”, en términos similares a los usados por Armengol estos días. 

Tampoco vio Isabel Díaz Ayuso entonces, presidenta de la Comunidad de Madrid, ningún motivo para que el regidor asumiera ningún tipo de responsabilidad. “El pillaje puede estar en cualquier sitio, no sé si entre miles de contratos ha habido personas que han intentado lucrarse”, afirmó entonces. Ahora ejerce de látigo contra el Gobierno.

El caso de las mascarillas de Madrid se encuentra a la espera de juicio mientras los tribunales siguen investigando una segunda posible estafa al consistorio madrileño en la compra de mascarillas: un pago de 1,2 millones de euros a la empresa Sinclair & Wilde por miles de mascarillas de mala calidad. En ese caso, una posible estafa denunciada por la Policía Municipal. El 'caso Koldo', la primera causa de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia con contratos del Gobierno, se investiga desde el pasado septiembre en la Audiencia Nacional.