La denuncia del Gobierno ante la Audiencia Nacional por el espionaje sufrido en su teléfono por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia, pone en cuestión la labor del servicio de información español por segunda vez en dos semanas. Al escándalo por el espionaje a 65 independentistas, al que el Ejecutivo ha respondido únicamente asegurando que el CNI cumplió con la ley, ahora se suma un fallo de seguridad como nunca antes se había conocido: al menos los terminales del presidente del Gobierno y la titular de Defensa fueron espiados y se extrajo información –2,6 gigas en el caso de Sánchez– hace un año, una intrusión no detectada hasta ahora, y fruto de las pesquisas iniciadas tras el 'catalangate'.
Con la estabilidad del Gobierno en duda, con la amenaza de ERC a retirarle el apoyo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acudido a la Audiencia Nacional en lo que supone un giro del caso: el denunciado por espiar pasa a ser denunciante, víctima de espionaje. Y todo ello solo 72 horas antes de que la ministra de Defensa comparezca en el Congreso de los Diputados para despejar las acusaciones contra el Centro y el propio Ejecutivo de Sánchez por el espionaje a los independentistas.
El momento de la denuncia del Gobierno ha soliviantado a la oposición por la oportunidad política de hacerlo ahora, según reprochan, y por la falta de eficiencia del servicio de inteligencia al desconocer que los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de la que depende el propio CNI habían sido espiados hace nada menos que un año. Hasta el escándalo del ‘catalangate’, por el que al menos 66 personas vinculadas al independentismo han sido espiadas a través de Pegasus, la Inteligencia española no había sido capaz de identificar la vulnerabilidad en el dispositivo del principal responsable político del país.
El catalangate precipita la investigación
“El Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Nacional de Criptografía según los cuales los teléfonos del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus”, anunciaba el ministro Félix Bolaños a primera hora de este lunes, en pleno puente del 1º de Mayo.
El “conocimiento pleno” de esas conclusiones llegó a Moncloa este domingo a partir de los informes firmados por el Centro Criptológico Nacional, parte del CNI, el sábado 30 de abril. Inmediatamente después la Abogacía del Estado se puso a trabajar y casi en paralelo a la rueda de prensa convocada de urgencia en Moncloa los servicios jurídicos del Estado interponían una denuncia ante la Audiencia Nacional.
El Gobierno consultó de manera extraoficial este fin de semana quién era el juez de guardia y supo que este no se haría cargo de la investigación si el denunciante no aportaba un autor posible o solicitaba diligencias urgentes, explican fuentes próximas al Ejecutivo. Cuál de los seis jueces de instrucción se hará definitivamente cargo de la investigación se conocerá este mismo martes, explican fuentes jurídicas. Las mismas fuentes no albergan dudas sobre la competencia de la Audiencia Nacional, toda vez que las presuntas víctimas son miembros de una alta institución del Estado.
El Gobierno justifica el retraso
El propio Ejecutivo reconoce que si no hubiera sido por el escándalo de Pegasus, que le ha situado en el momento más delicado con los aliados de la coalición, no se habría conocido el espionaje al presidente y la responsable de Defensa –los móviles del resto de miembros del Gobierno se analizarán en los próximos días y se intentará hacer lo mismo con el “material disponible” de los antiguos miembros del gabinete–. “Se producen estos informes porque estamos haciendo verificaciones como hemos anunciado en las últimas fechas”, ha admitido Bolaños en referencia a la investigación que el Gobierno se ha visto obligado a llevar a cabo por el espionaje a los líderes independentistas, que en un principio trató de minimizar.
No obstante, el Gobierno trata de mitigar la responsabilidad de los jefes de la seguridad y la inteligencia españolas al enmarcar este ataque en la intervención de unos 50.000 dispositivos que se calcula que se han podido infectar con Pegasus a nivel mundial. “Hay al menos 20 países en los que se han producido intervenciones ilegales”, señalan fuentes gubernamentales.
“A toro pasado todo es mucho más fácil, pero ni había elementos ni señales de que fuera preciso”, responde otra de las fuentes consultadas a la pregunta de por qué no se tomaron medidas en julio de 2021, cuando una filtración reveló que al menos los teléfonos de 12 jefes de Gobierno, entre ellos el francés, Emmanuel Macron, figuraban como objetivos de Pegasus. En el caso de Macron, las investigaciones periodísticas del pasado año apuntaron a que era un objetivo de los servicios secretos marroquíes, aunque el propio rey, Mohamed VI, también figura en los listados.
Otros precedentes de espionaje en esa época
El espionaje a Sánchez se produjo dos meses antes de esa revelación coincidiendo en el tiempo con la crisis abierta entre España y Marruecos por la acogida por razones humanitarias del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. En aquel delicado momento, el Gobierno tuvo conocimiento de una intrusión en el dispositivo de la entonces ministra de Exteriores, Arancha González Laya, con un malware que permitió el acceso a sus mensajes y llamadas, pero no se identificó el sistema con el que se había llevado a cabo.
En aquel momento, señalan esas fuentes, se pusieron en marcha “contramedidas y parches”, pero no había un “antídoto,” dado que los sistemas “van avanzando” a gran velocidad. Lo que ahora ha revelado el Centro Criptológico Nacional es que el presidente recibió un “impacto” con Pegasus en su teléfono y que se mantuvo “unos días”. Ocurrió dos veces en mayo del año pasado. A Robles le afectó en el mes de junio.
Respecto a los ataques, las fuentes consultadas añaden: “Hay una garantía del día que estuvo y de que unos días después dejó de estar”. Por contra, no es posible conocer el contenido que se extrajo de los dispositivos, más allá de que captaron más de 2,6 gigas de información del teléfono del presidente y 9 megas del de Robles. Ni en Moncloa ni en Defensa hay preocupación por que la información sustraída pudiera ser confidencial.
La geolocalización, clave: “Son muchos los que pueden hacerlo”
Lo que por ahora tampoco han determinado los expertos del centro dependiente del CNI es la geolocalización del ataque, aunque en Moncloa sí esperan que sea un dato que puedan conocer próximamente. Eso sería de gran ayuda para conocer la magnitud del desafío.
En Moncloa sostienen, además, que Pegasus no es una herramienta que solo puedan comprar los gobiernos y apuntan a que podría haber sido un país, pero también una empresa multinacional la que hubiera llevado a cabo el espionaje. “Son muchos los que pueden hacerlo”, señalan fuentes gubernamentales. Lo que dan por seguro es que se trata de una “intrusión ilícita y externa”, es decir, que no procede de ningún “organismo oficial” del Estado.
Además de la comparecencia de Margarita Robles está previsto que comparezca la directora del CNI, Paz Esteban, ante la comisión de gastos reservados. En los últimos días, a través de la propia Robles, el Gobierno ha justificado el espionaje al independentismo en dos momentos concretos: la declaración de independencia en 2017 y los desórdenes públicos tras la sentencia del procés instigados por la plataforma Tsunami Democrátic. Se espera al menos que especifique qué intervenciones correspondieron al CNI.
Unidas Podemos exige responsabilidades
Podemos, que ya colocó a Robles y al CNI en la diana por su gestión del espionaje al independentismo, ha reaccionado con contundencia a la revelación de que Sánchez y Robles fueron víctimas de Pegasus. “La información revelada por el ministro de Presidencia muestra una profunda brecha en la seguridad del Estado. Venga de donde venga, el fallo es inasumible. Es imprescindible depurar responsabilidades”, expresó en Twitter la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a quien Moncloa envió un correo antes de hacer pública la información para comunicarle la situación y trasladarle que tendrán que analizar su dispositivo, como hizo con el resto de ministros.
Sin embargo, la Generalitat sostiene que aún es necesaria una “investigación independiente”. El independentismo critica, además, que el Gobierno denuncie ahora el espionaje cuando no tuvo esa reacción al revelarse el ‘catalangate’. “Cuando el espionaje es contra las instituciones y el independentismo, silencio y excusas. Hoy todo son prisas. Deben asumirse responsabilidades ya”, ha reclamado el president, Pere Aragonés. El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha ido incluso un paso más allá al plantear que las revelaciones hechas públicas este lunes pueden ser una “cortina de humo” y ha señalado que el Gobierno hace “giros en el relato” para evitar asumir responsabilidades por Pegasus. El PNV ha puesto el foco en el “descontrol” que ha permitido lo que califica de “hecho de extrema gravedad” por lo que también insiste en la comisión de investigación.
El PP ve “una casualidad no menor”
El líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, ha cuestionado que es una “casualidad política no menor” que se conozca el espionaje a Sánchez y Robles “en pleno debate con los independentistas y de la estabilidad del Gobierno”. Aún así, el jefe de la oposición, a quien Moncloa informó previamente del anuncio que iba a hacer Bolaños, ha mostrado el apoyo “inequívoco” para “preservar la seguridad del Estado y las instituciones que componen el Estado”.
La reacción de Feijóo ha caído como un jarro de agua fría en el Ejecutivo por poner en cuestión lo que consideran que debería ser una “acción de Estado”. El PSOE ha improvisado una rueda de prensa de Adriana Lastra en Oviedo para atizar al dirigente gallego, al que ha acusado de tener en la moderación “una pose propagandística que no se traduce en hechos”. Preguntada por el cuestionamiento que han hecho, en general, los partidos, Lastra ha recordado que “las instituciones han sido atacadas”. “Le exijo a todas las fuerzas altura de miras y que se pongan del lado de la democracia”, ha dicho antes de centrar de nuevo los ataques en el principal partido de la oposición, al que ha reclamado “sentido de Estado”.
La reacción del líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, tardaba unas seis horas en llegar en forma de ataque frontal a Sánchez, al que ha acusado de “narcisismo infinito”. “Con tal de acaparar una portada hace gala de su incompetencia y de nuestra vulnerabilidad ante el resto del mundo”, ha expresado el presidente de Vox a través de Twitter.
Ciudadanos, por su parte, ha reclamado al Gobierno que pida perdón al CNI por haber contribuido a lo que considera que es una “campaña” contra el servicio de inteligencia. No obstante, según informa Europa Press, ha impulsado una iniciativa parlamentaria en la que pregunta al Gobierno si tiene medidas contra ataques de espionaje.